REPARTIR BAJO LA LLUVIA: LO QUE NO SE VE DETRÁS DE CADA PEDIDO

En Argentina hay más de un millón de personas que trabajan para Rappi y PedidosYa. Muchas no llegan a fin de mes aunque trabajen todo el día. Hoy, hasta soldados del Ejército se suman a la fila de las mochilas naranja.

Miles de repartidores circulan cada día por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hacen bajo el sol, bajo la lluvia y a cualquier hora. Trabajan para plataformas como Rappi y PedidosYa. Son, según estimaciones del sector, más de un millón de personas en todo el país. Las plataformas de delivery se convirtieron en una alternativa para quienes quedaron desempleados o necesitaron sumar ingresos ante la crisis económica. Aunque no hay un dato oficial, se trata de un universo de más de un millón de trabajadores.

¿Cuánto gana realmente un repartidor? Los números son duros. En diciembre de 2025, un trabajador de plataforma recibió en promedio $3.033 por cada pedido entregado. Para cubrir los gastos básicos de una familia, necesitó completar 454 envíos mensuales. Eso es más de 15 entregas por día, todos los días del mes, sin descanso. Solo el alquiler promedio en CABA equivale a 271 pedidos. Más de la mitad del esfuerzo mensual de un repartidor se va solo en pagar donde vivir.

Y esos números son «brutos». El coeficiente mide el pedido sin considerar el costo de nafta, datos móviles ni el mantenimiento del vehículo. Una vez descontados esos gastos, el dinero que queda es todavía menor. Los costos operativos pueden llevarse entre el 30% y el 45% del ingreso total.

El perfil de quien reparte también sorprende. Ya no es solo el joven que busca un ingreso extra. El promedio de edad es de 36 años y siete de cada diez superan los 30. Casi la mitad cursó estudios superiores. Más del 60% de los conductores tienen otro trabajo en simultáneo. Es decir: el delivery no es una salida fácil. Es el segundo o tercer empleo de alguien que igual no llega.

La novedad más impactante de las últimas semanas llegó desde los cuarteles. El Gobierno argentino autorizó a militares a tener segundos empleos en el sector privado para compensar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios. La flexibilización surge ante reclamos por el atraso de los haberes frente a la inflación. La decisión habilita a los efectivos a desempeñarse en distintas tareas privadas para reforzar ingresos, incluyendo trabajos vinculados al reparto de pizzas o Uber y seguridad privada. Muchos integrantes de las Fuerzas Armadas ya realizaban estas actividades de manera informal, aunque podían enfrentar sanciones disciplinarias por hacerlo sin autorización expresa.

En cuanto a la ley, el Congreso sancionó en febrero de 2026 una reforma laboral que crea la figura del «prestador independiente de plataformas». La reforma introduce la obligatoriedad de coberturas específicas: las empresas deben contratar una póliza que cubra muerte, invalidez y asistencia médica durante el tiempo que el trabajador esté conectado y hasta una hora después de desconectarse. Pero hay un problema: la norma deja un punto abierto, ya que la responsabilidad del seguro y los gastos asociados «serán objeto de libre acuerdo entre las partes», aclarando que ello no constituye indicio de relación de dependencia. En la práctica, eso significa que el seguro podría terminar siendo pagado por el propio repartidor.

El Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación rechaza la iniciativa porque considera que «establece por ley que no les corresponden derechos laborales». Por su parte, el sindicato histórico del sector, ASIMM, renovó autoridades en 2025. Su secretario general renovó el compromiso de «pelear contra la precarización y por la dignidad» de los trabajadores: «Vamos a enfrentar el modelo laboral que buscan imponer las plataformas». Sin embargo, los resultados concretos son aún limitados. ASIMM intentó acordar con las empresas la incorporación de trabajadores según los cánones tradicionales de organización del trabajo, pero sin mayores resultados.

Hay causas de fondo que se mencionan poco. La clave está en cómo está diseñado el sistema. La forma de trabajar y el ritmo son evaluados mediante un sistema de puntaje que condiciona a futuro la cantidad y rentabilidad de los pedidos que recibirá el repartidor. El algoritmo funciona como un jefe invisible: premia o castiga sin dar explicaciones. Además, las prestaciones obtenidas a través del monotributo son básicas, y los trabajadores quedan fuera de componentes importantes del régimen de protección social, como la prestación por desempleo, la licencia por enfermedad y la cobertura por accidentes de trabajo. Las plataformas, en cambio, no asumen ninguno de esos costos.

El auge de las plataformas de delivery en Argentina consolidó una crisis estructural, donde trabajadores, incluyendo militares, dependen del pluriempleo bajo la precarización, a pesar de las reformas laborales de 2026 que consolidan la figura del «prestador independiente». Con altos costos operativos y la gestión opaca de un algoritmo, el sector enfrenta una «neoesclavitud» laboral, poniendo en debate la efectividad de los sindicatos ante la falta de derechos laborales básicos.