Cinco mujeres detenidas en el penal de Magdalena denunciaron torturas y abusos sexuales por parte de personal del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2026 y derivaron en la remoción de autoridades, nuevas represiones y una causa penal en curso.
El pasado 3 de junio se desató una pelea entre detenidas en la Unidad Penal 51 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Lo que vino después superó cualquier protocolo de intervención: tras la represión institucional contra más de veinte reclusas, cinco fueron torturadas y dos de ellas sufrieron abuso sexual por personal masculino de esa cárcel.
Las mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria 51 fueron víctimas de torturas y malos tratos: abuso sexual, golpizas, submarino húmedo y gas pimienta arrojado a corta distancia sobre la cara. Personal penitenciario femenino y masculino ingresó a un pabellón donde se alojan alrededor de 115 mujeres y ordenó requisas con desnudo completo.
Las detenidas reclamaron que los agentes varones se retiraran, ya que la presencia masculina durante ese procedimiento está prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos.
Las víctimas entrevistadas recordaron que el grupo estaba conformado por la jefa del penal Daiana Balmaceda, quien dirigía el operativo, la subjefa de apellido Villafañe, otra agente de apellido Toledo y al menos cinco agentes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE). Un informe firmado el mismo 3 de junio por la enfermera Raquel Boccardo señalaba que una de las internas «no presentaba lesiones visibles recientes», aunque los peritajes y evaluaciones posteriores constataron heridas evidentes.
Luego de horas de torturas, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades con todos sus bienes rotos, y la que permaneció en el lugar, sin ninguna asistencia psicológica, intentó suicidarse. Al día siguiente, otra mujer fue víctima de las torturas penitenciarias.
El viernes 5, las mujeres que continuaban detenidas en la UP 51 realizaron una protesta por los hechos ocurridos y las condiciones de detención; el reclamo fue reprimido y como consecuencia una mujer sufrió una lesión en un ojo.
Hay personal penitenciario sumariado, varias personas fueron apartadas preventivamente de sus cargos y continúa la investigación, que busca identificar a los uniformados masculinos del GIE que protagonizaron los delitos sexuales. El fiscal Álvaro Garganta, de los tribunales de La Plata, lidera la causa bajo los cargos de tortura y abusos graves.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó cargos formales ante la justicia contra las autoridades y agentes de la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, tras registrarse las vejaciones ocurridas contra cinco mujeres privadas de su libertad. El Comité contra la Tortura de la CPM fue creado en 2002 con el objetivo de monitorear lugares de detención y prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
El caso no es aislado. Durante audiencias previas, ya se había analizado la normativa y las prácticas respecto de las requisas en las cárceles N° 8 y N° 33 de Los Hornos y en la propia N° 51 de Magdalena. En ese proceso se identificaron prácticas arbitrarias y violatorias de derechos, y desde la CPM se detectó una redacción normativa que permite el uso de las requisas a discreción, habilitando saltar pasos que evitan el ejercicio abusivo.
Hay causas que pocas veces se mencionan.
La cárcel es un lugar pensado y organizado para alojar masculinidades.
El sistema cisheteronormativo patriarcal habilita violencias específicas desplegadas por el Estado a través de sus agentes penitenciarios, médicos y judiciales, lo que provoca un tratamiento arbitrario y desigual.
A esto se suma la sobrepoblación: la situación en las cárceles argentinas es crítica. El hacinamiento no solo es un problema de números: tiene consecuencias directas sobre la circulación de violencia y el incremento del riesgo de torturas y malos tratos.
La Comisión Provincial por la Memoria registró en febrero de 2026 un total de 1.855 personas detenidas en comisarías bonaerenses, frente a un cupo oficial informado de 1.259 plazas. Ese desborde sistémico presiona sobre todas las unidades penales de la provincia.
Lo que ocurra en los próximos meses será clave. Si la causa penal avanza y los imputados son condenados, podría sentar un precedente para frenar este tipo de prácticas. Pero si los mecanismos de control no se fortalecen, los hechos de Magdalena corren el riesgo de repetirse en silencio, detrás de los muros.
Glosario
Abuso de la fuerza: Uso desproporcionado, innecesario o ilegal de la coacción física o de armas (como el gas pimienta) por parte de agentes del Estado, rompiendo los protocolos de seguridad.
Causa penal: Proceso judicial que se inicia para investigar la comisión de un delito regulado por el Código Penal, con el fin de determinar responsabilidades y aplicar sanciones a los culpables.
Sumariado / Sumario administrativo: Proceso de investigación interno e institucional que se le abre a un empleado estatal (en este caso, penitenciario) para evaluar su conducta, determinar si cometió una falta y definir suspensiones o despidos.
Vejaciones: Tratos humillantes, degradantes o vergonzosos que padece una persona de manera forzada, los cuales atentan directamente contra su dignidad humana.
Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE): Unidad táctica especial del Servicio Penitenciario Bonaerense capacitada para intervenir rápidamente en situaciones críticas de los penales, tales como motines o peleas graves.
Requisa: Procedimiento de inspección y control que realiza el personal penitenciario sobre las celdas o los cuerpos de las personas detenidas para detectar elementos prohibidos (armas, drogas, teléfonos).
Submarino húmedo: Método ilegal de tortura que consiste en sumergir la cabeza de una persona en agua, orina u otros líquidos hasta el borde de la asfixia para quebrar su resistencia o castigarla.
Tortura: Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de castigarla, intimidarla o coaccionarla, cometido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones oficiales.
Auditoría de Asuntos Internos: Órgano de control encargado de investigar la corrupción, los abusos de poder y las faltas éticas o legales cometidas por los propios miembros de las fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario.
Comisión Provincial por la Memoria (CPM): Organismo público autónomo y extrapoder de la Provincia de Buenos Aires que funciona como mecanismo local de prevención de la tortura, monitoreando cárceles y denunciando violaciones a los DD.HH.
Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB): Institución civil armada dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, responsable de la custodia y administración de las cárceles y los detenidos de dicha jurisdicción.
Cupo oficial (penitenciario): Número máximo de plazas o vacantes reales y habilitadas con las que cuenta un establecimiento carcelario para alojar personas en condiciones dignas y salubres.
Hacinamiento / Sobrepoblación: Condición en la cual la cantidad de personas detenidas supera la capacidad física y el cupo oficial del establecimiento, generando hacinamiento y deteriorando los derechos básicos.
Sistema cisheteronormativo patriarcal: Estructura social e institucional que asume la heterosexualidad y la concordancia entre el género asignado al nacer y la identidad de género (cis) como la norma única y superior, lo que suele traducirse en la invisibilización y desprotección de las identidades feminizadas y disidencias frente a la violencia estatal.