LA CIUDAD TOMARÁ DEUDA POR US$ 300 MILLONES PARA OBRAS VIALES Y NUEVOS TRENES DE SUBTE

El Gobierno porteño autorizó la emisión de títulos de deuda por hasta 300 millones de dólares para financiar pasos bajo nivel a cargo de AUSA y la renovación del material rodante de la red de subterráneos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó esta semana la emisión de bonos por hasta 300 millones de dólares en el mercado local. La medida quedó establecida por el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine. El dinero se destinará a obras de infraestructura vial y a la compra de trenes para el subte.

Los fondos tendrán dos destinos concretos. Por un lado, financiarán obras de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), la empresa estatal porteña que construye pasos bajo nivel y puentes. Por otro, se usarán para incorporar nuevo material rodante a la red de subterráneos, en línea con un plan de renovación de vagones que el Gobierno ya tenía previsto para 2026.

Los bonos podrán emitirse en pesos, dólares u otras monedas, con un plazo mínimo de un año. La tasa de interés podrá ser fija, variable o mixta, y el pago podrá hacerse en cuotas o en un único desembolso al vencimiento.

Para entender la magnitud de la operación, hay que considerar que el stock total de deuda de la Ciudad se ubica en los US$ 1.211 millones, lo que representa una reducción del 65% respecto a 2017, cuando alcanzaba los US$ 3.442 millones. La nueva emisión de US$ 300 millones equivale, entonces, a cerca de una cuarta parte de toda la deuda porteña actual.

Esta no es la primera vez que la Ciudad recurre al endeudamiento para financiar infraestructura. En noviembre de 2025, el Gobierno porteño emitió la Serie 13 del Bono Tango en el mercado internacional de Nueva York, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos de su deuda. La operación totalizó 600 millones de dólares a una tasa del 7,8%. La nueva colocación local busca aprovechar el impulso que generó esa exitosa operación entre los inversores.

En cuanto a las obras concretas, el plan de movilidad urbana para 2026 incluye, entre otras intervenciones, la renovación total de los vagones de la línea B, la renovación de vagones de las líneas A y C, la modernización de la línea D, y tres pasos bajo nivel en las avenidas García Lorca, Irigoyen y Álvarez Thomas. Según el Gobierno porteño, solo la obra del paso bajo nivel de Álvarez Thomas beneficiará a más de 29.000 personas y facilitará el trayecto diario de 18.000 vehículos.

Hay, sin embargo, un aspecto que suele quedar fuera del debate público cuando se anuncian estas operaciones: quién ejecuta las obras y bajo qué condiciones. AUSA es una empresa estatal regida por el derecho privado, cuyo capital accionario se reparte entre el Gobierno de la Ciudad (95%) y Subterráneos de Buenos Aires S.E. (5%). Con los años ganó peso como brazo ejecutor de obras encargadas por el Ejecutivo porteño, y en los hechos funciona como una intermediaria con caja propia y autoridad para licitar. Esa estructura le permite operar con menos controles que una repartición pública tradicional.

En 2024, AUSA preadjudicó la concesión de acarreo vehicular a tres empresas, pero el proceso se cayó tras denuncias de contratos inflados y condiciones que garantizaban pagos multimillonarios aún sin prestación de servicio. El propio Gobierno porteño anuló la licitación y abrió sumarios internos, en un episodio que expuso los mecanismos de contratación de la empresa y su articulación con la trama política y sindical. Estos antecedentes son relevantes al momento de evaluar a quién se le confía la administración de fondos obtenidos mediante deuda pública.

Si la emisión se concreta, la Ciudad deberá devolver ese dinero con intereses en los próximos años. El peso de los intereses de la deuda en el presupuesto porteño alcanzó hoy su mínimo histórico, llegando a apenas el 0,9%, cuando en 2024 era del 1,5% y en 2019 llegó a un pico máximo del 9,4%. La nueva deuda podría modificar ese indicador, aunque el Gobierno sostiene que la estrategia apunta a mantener finanzas sanas. Lo que está en juego, más allá de los números, es si las obras prometidas se ejecutan en tiempo y forma, y si los mecanismos de control alcanzan para garantizarlo.