El juicio iniciado en abril de 1985 y sentenciado el 9 de diciembre constituyó uno de los primeros actos institucionales del gobierno democrático para abordar delitos cometidos por el propio aparato estatal. La acusación detalló hechos ocurridos en centros clandestinos y unidades militares, con una estructura sistemática de detenciones ilegales, desapariciones y tormentos.
El proceso judicial significó una redefinición del papel del Estado: la autoridad democrática asumió el deber de investigar y sancionar acciones del período dictatorial, bajo normas vigentes de derecho interno e internacional. La sentencia fortaleció la autoridad del Poder Judicial y marcó un cambio en las políticas públicas vinculadas a archivos, preservación documental y estándares de investigación en materia de lesa humanidad.
A nivel institucional, el juicio continúa actuando como referencia para la actualización de normativas, la digitalización de archivos y la ampliación del acceso público a documentación estatal sobre el período 1976–1983.