El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó la sentencia del Juicio a las Juntas, el primer proceso civil en el mundo en juzgar a una dictadura por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El tribunal condenó a los ex comandantes Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Roberto Viola recibió 17 años, Armando Lambruschini 8 años y Orlando Agosti 4 años. Los elementos probatorios incluyeron testimonios, legajos militares, documentos oficiales y registros de organismos internacionales.
La sentencia estableció un precedente central: el Estado debía reconocer los hechos, documentarlos y adoptar medidas para esclarecer el destino de personas desaparecidas. La decisión judicial consolidó el principio de responsabilidad estatal en materia de derechos humanos y abrió una línea de trabajo institucional que continúa a través de políticas de memoria, acceso a archivos y relevamientos oficiales.
Cuarenta años después, el fallo sigue siendo un punto de referencia para causas de lesa humanidad, pedidos de apertura documental y exigencias de trazabilidad pública sobre la actuación estatal.