La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, redujo partidas clave del presupuesto nacional. Las áreas más golpeadas son las que sostienen a los sectores más vulnerables del país.
El Gobierno nacional formalizó esta semana una profunda reestructuración del Presupuesto 2026. Bajo las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la Decisión Administrativa 20/2026 dispuso el recorte de partidas clave en Salud y Educación, la reducción de fondos a las provincias y el financiamiento de planes de desvinculación laboral en organismos públicos. En términos netos, el presupuesto para la Administración Central sufrió una poda de $2,5 billones.
Uno de los golpes más directos recae sobre los adultos mayores. Entre las partidas recortadas figura el Programa 17, denominado «Complementos a Prestaciones Previsionales», con una reducción de $11.020 millones. Ese programa financia bonos y complementos para medicamentos que reciben jubilados con los haberes más bajos.
La situación de los jubilados ya era crítica antes de este recorte. Según la abogada especialista en salud Jimena Abdala, en Argentina hay 7 millones de jubilados y el 71% está en situación de vulnerabilidad económica. A ese número hay que sumarle el impacto en el acceso a medicamentos: el ajuste llegó también al sistema de cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados. Desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2025, el costo de los medicamentos aumentó en promedio un 382% para los afiliados al PAMI, por encima del aumento de los haberes jubilatorios, que fue del 176%.
Las personas con discapacidad también enfrentan una crisis severa. El 18 de mayo de 2026, el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó una medida cautelar de alcance nacional. Le ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud regularizar en 72 horas la cadena de pagos a prestadores que atienden a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas. El propio expediente documenta que durante febrero, marzo y abril de 2026 la entrega de medicamentos se interrumpió por completo. El juez consideró que las «demoras crónicas» implican un «riesgo inminente» para quienes deben recibir esas prestaciones.
La DA 20/2026 no es un hecho aislado. Esta reestructuración tiene como objetivo central blindar la meta de superávit fiscal comprometida ante el FMI, mediante recortes profundos en diversas áreas. Entre 2023 y 2025, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud se redujo un 40%, con recortes del 34% en hospitales nacionales y del 17% en centros de salud. El presente recorte profundiza una tendencia que ya venía golpeando a los mismos sectores.
Una causa poco mencionada agrava el cuadro: la acumulación de juicios previsionales sin cobrar. Se estima que ANSES tiene 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 tienen sentencias firmes que están pendientes de pago. La capacidad real del organismo para resolver esos casos es de apenas 35.000 a 40.000 por año. Según el abogado Ariel Samana, los procesos son tan lentos que «es posible que mueran muchos más demandantes de los que cobran». En ese contexto, la DA 20/2026 incrementó en $500.000 millones el límite para el pago de sentencias judiciales previsionales, elevando el total a $712.288 millones. Sin embargo, especialistas advierten que ese refuerzo es insuficiente frente al volumen acumulado de deuda judicial.
Hay otra causa que casi no aparece en el debate público: ANSES apela todo y lleva los casos hasta la instancia de la Corte Suprema, aunque sepa que va a perder el juicio, según advirtió el abogado previsionalista Samana. Esa estrategia judicial del propio Estado dilata los cobros durante años y le permite diferir pagos que ya tiene reconocidos por la Justicia.
Organizaciones sociales denuncian que el ajuste ya tiene consecuencias concretas. Prestadores de servicios para personas con discapacidad deben afrontar deudas e intereses por los retrasos del Estado, mientras las familias sostienen los cuidados sin apoyo institucional. Cada rubro crece al ritmo de la inflación; los ingresos, en cambio, llegan tarde y licuados.
Si el congelamiento de bonos y complementos se mantiene, los jubilados con haberes mínimos perderán poder adquisitivo real en los próximos meses. Para las personas con discapacidad, la interrupción de tratamientos puede significar retrocesos irreversibles en su desarrollo. El escenario obliga a organizaciones sociales, abogados y organismos de derechos humanos a intensificar la acción colectiva para que el impacto humano de estas decisiones no quede invisible detrás de los números.
Me preocupa que con estos recortes Adorni no pueda terminar su casa…