El recorte de $2,5 billones golpea a jubilados y personas con discapacidad

Durante febrero, marzo y abril de 2026, la entrega de medicamentos a personas con discapacidad se interrumpió por completo, hasta que un juez de Córdoba ordenó al Estado regularizar los pagos. Ese caso resume el impacto de la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó $2,5 billones del Presupuesto Nacional a costa de jubilados, salud y personas con discapacidad.

El Gobierno nacional aplicó esta semana un recorte de $2,5 billones al Presupuesto 2026 a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida redujo partidas clave de Salud y Educación, recortó fondos a las provincias y destinó recursos a planes de desvinculación laboral en organismos públicos.

Uno de los golpes más directos recae sobre los jubilados. El Programa 17, «Complementos a Prestaciones Previsionales», sufrió una reducción de $11.020 millones. Ese programa financia los bonos y los complementos para medicamentos que reciben los jubilados con los haberes más bajos.

La situación de los jubilados ya era crítica antes de este recorte. Según la abogada especialista en salud Jimena Abdala, en Argentina hay 7 millones de jubilados y el 71% está en situación de vulnerabilidad económica. Desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2025, el costo de los medicamentos aumentó en promedio un 382% para los afiliados al PAMI, muy por encima del aumento de los haberes jubilatorios, que fue del 176%.

Las personas con discapacidad enfrentan una crisis similar. El 18 de mayo de 2026, el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó una medida cautelar de alcance nacional que le ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud regularizar en 72 horas la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas. El propio expediente documenta que, durante febrero, marzo y abril de 2026, la entrega de medicamentos se interrumpió por completo. El juez consideró que las «demoras crónicas» implican un «riesgo inminente» para quienes deben recibir esas prestaciones.

La DA 20/2026 no es un hecho aislado. Esta reestructuración busca blindar la meta de superávit fiscal comprometida ante el FMI. Entre 2023 y 2025, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud ya se había reducido un 40%, con recortes del 34% en hospitales nacionales y del 17% en centros de salud. El recorte actual profundiza una tendencia que venía golpeando a los mismos sectores.

Una causa poco mencionada agrava el cuadro: la acumulación de juicios previsionales sin cobrar. Se estima que ANSES tiene 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 ya tienen sentencias firmes pendientes de pago. La capacidad real del organismo para resolver esos casos es de apenas 35.000 a 40.000 por año. Según el abogado Ariel Samana, los procesos son tan lentos que «es posible que mueran muchos más demandantes de los que cobran». La DA 20/2026 incrementó en $500.000 millones el límite para el pago de sentencias judiciales previsionales, hasta un total de $712.288 millones, pero especialistas advierten que ese refuerzo es insuficiente frente al volumen acumulado de deuda judicial.

Hay otra causa que casi no aparece en el debate público: según Samana, ANSES apela todo y lleva los casos hasta la Corte Suprema aunque sepa que va a perder el juicio. Esa estrategia judicial del propio Estado dilata los cobros durante años y le permite diferir pagos que ya tiene reconocidos por la Justicia.

Organizaciones sociales denuncian que el ajuste ya tiene consecuencias concretas. Los prestadores de servicios para personas con discapacidad deben afrontar deudas e intereses por los retrasos del Estado, mientras las familias sostienen los cuidados sin apoyo institucional. Cada gasto crece al ritmo de la inflación; los ingresos, en cambio, llegan tarde y licuados.

Si el congelamiento de bonos y complementos se mantiene, los jubilados con haberes mínimos perderán poder adquisitivo real en los próximos meses. Para las personas con discapacidad, la interrupción de tratamientos puede significar retrocesos irreversibles en su desarrollo. El escenario obliga a organizaciones sociales, abogados y organismos de derechos humanos a intensificar la acción colectiva para que el impacto humano de estas decisiones no quede invisible detrás de los números.

Glosario

• Decisión Administrativa: norma que dicta el jefe de Gabinete de Ministros para distribuir o modificar partidas del Presupuesto Nacional.
• PAMI: obra social que brinda cobertura de salud y medicamentos a jubilados, pensionados y sus familias.
• Medida cautelar: resolución judicial urgente que ordena actuar o abstenerse de hacerlo mientras dura un juicio, para evitar un daño mayor.
• Sentencia firme: fallo judicial que ya no puede ser apelado y debe cumplirse.
• Pensión no contributiva: beneficio que otorga el Estado a personas que no hicieron aportes jubilatorios, como ocurre con muchas personas con discapacidad.
• Superávit fiscal: resultado positivo de las cuentas públicas, cuando el Estado gasta menos de lo que recauda.