La Central Obrera Boliviana convocó un paro indefinido que paralizó rutas, mercados y ciudades enteras. Detrás del combustible, hay una crisis económica estructural que viene gestándose desde hace años.
El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira enfrenta protestas masivas, bloqueos de carreteras y un paro nacional cada vez más amplio que exige su renuncia, a menos que su gobierno apruebe un aumento salarial del 20 por ciento y detenga sus medidas de austeridad. Las movilizaciones comenzaron a fines de diciembre de 2025 y se extendieron durante semanas en todo el país.
Una multitudinaria marcha de mineros paralizó el centro de La Paz en el inicio de un paro obrero nacional convocado para rechazar la eliminación del subsidio a los combustibles, establecida por el nuevo gobierno. Se reportaron bloqueos carreteros en rutas de seis de las nueve regiones de Bolivia.
Al décimo día del paro indefinido, la Defensoría del Pueblo monitoreaba de forma sostenida las medidas de protesta con foco en la ciudad de La Paz, donde se desarrollaban marchas y se tenían instalados piquetes de huelga de hambre.
Los bloqueos de rutas y cortes de calles ya comenzaron a impactar de lleno en la vida cotidiana de millones de personas. El primer problema es el desabastecimiento: camiones con alimentos, combustible y productos básicos no logran llegar a las ciudades. En mercados y supermercados ya faltan carne, pollo, aceite, harina y verduras, mientras los precios aumentan casi todos los días.
En algunas zonas, la gente debe caminar durante horas para llegar al trabajo o a la escuela. Incluso servicios esenciales comenzaron a resentirse: en La Paz se paralizó parcialmente la recolección de basura por falta de combustible y algunas universidades suspendieron las clases presenciales.
Bolivia es un país andino de casi 12 millones de habitantes, históricamente productor de gas y minerales. El 8 de diciembre de 2025 se quebró un ciclo histórico: asumió Rodrigo Paz Pereira como presidente y rompió la hegemonía de 20 años de Evo Morales y el partido político MAS. Solo cinco meses más tarde estalló la primera protesta social contra el gobierno de derecha.
Las protestas comenzaron por reclamos vinculados a la falta de combustible, la inflación y el deterioro económico, pero rápidamente derivaron en pedidos de renuncia contra el mandatario. Sectores mineros, campesinos, sindicatos y organizaciones sociales denuncian que la crisis económica empeoró por la escasez de dólares y el aumento del costo de vida.
Estas protestas no son nuevas en Bolivia. Las movilizaciones en el país tienen antecedentes desde 2024, originadas tras la fractura entre las dos principales figuras del socialismo boliviano. Este distanciamiento provocó un conflicto interno en el Movimiento al Socialismo (MAS). Las manifestaciones comenzaron con una marcha desde el municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro.
Hay causas profundas que pocas veces se mencionan en los titulares. La producción de gas y las reservas decayeron a partir de la segunda mitad de la década de 2010: la producción diaria promedio cayó casi un 44%. En 2013 Bolivia vendía casi 6.625 millones de dólares en hidrocarburos; para 2023 esos ingresos fueron apenas 2.058 millones, una caída de más del 68%.
La subvención estatal al combustible generaba pérdidas enormes: se estima que Bolivia perdía unos 600 millones de dólares al año solo por contrabando en las fronteras, aprovechando que el precio local era artificialmente bajo. El déficit fiscal llegó a unos 5.000 millones de dólares anuales entre 2023 y 2024, de los cuales alrededor de 2.000 millones correspondían a subvenciones a carburantes.
La creciente agitación social se ve además intensificada por la crisis económica mundial. El conflicto en Medio Oriente interrumpió aproximadamente el 20 por ciento del suministro mundial de petróleo, elevando los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril. Bolivia, que depende de la importación de combustible y sufre escasez crónica de dólares, se vio especialmente afectada.
La Central Obrera Boliviana declaró un paro general indefinido con movilizaciones, tras un cabildo nacional que reunió a sectores de los nueve departamentos. Su ejecutivo convocó a organizaciones sociales, juntas vecinales y distintos movimientos del país, remarcando que se trata de un movimiento reivindicatorio y no político.
Si el conflicto no se resuelve con acuerdos concretos, las consecuencias pueden agravarse. Se estima que 2,5 millones de toneladas de soya están en riesgo, lo que afectaría no solo al sector agroindustrial, sino también a la producción de alimentos básicos de la canasta familiar.