«Salgan a buscar panzas», les decía Alejandra Velázquez a las trabajadoras sociales de su juzgado, señalando los barrios más pobres de Pilar. Esta semana, la ex jueza de Familia fue condenada a tres años de prisión y seis de inhabilitación por armar un esquema que ofrecía bebés de madres pobres a matrimonios ricos de los countries de la zona.
Alejandra Claudia Velázquez, quien estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar durante seis años, fue condenada esta semana por el delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública. La Justicia le impuso tres años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Según la investigación judicial, Velázquez les había pedido a dos asistentes sociales que recorrieran barrios vulnerables de Pilar para contactar a jóvenes embarazadas dispuestas a entregar a sus bebés a cambio de dinero. En el fallo quedó registrada la frase que usaba para dar esa orden: decía que había lugares carenciados por donde tenían que salir a buscar «panzas», porque había personas adineradas en los countries de Pilar que buscaban criaturas para formar una familia.
Las dos trabajadoras sociales rechazaron la propuesta de manera inmediata. Aun así, para la Justicia el delito quedó configurado con el solo hecho de haber hecho el ofrecimiento.
La condena fue dictada por el juez correccional de San Isidro, Andrés Mateo, luego de homologar un acuerdo alcanzado entre el fiscal Diego Molina Pico y la defensa de Velázquez, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola.
En julio de 2024, Velázquez había sido detenida en Valencia, España, a pedido de un juez de San Isidro, imputada por los delitos de cohecho y falsedad ideológica. Tras ser extraditada, permaneció en prisión domiciliaria en Tigre hasta recibir la condena, que le otorgó la libertad por el tiempo ya cumplido. Según informaron fuentes judiciales, no volverá a una cárcel.
No era la primera vez que la Justicia bonaerense encontraba irregularidades en su gestión. En 2017, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerense ya la había destituido por una serie de irregularidades en procesos de adopción a su cargo. Sin embargo, la causa penal tardó casi nueve años en llegar a una sentencia.
El escándalo, de hecho, no comenzó por una denuncia sobre adopciones ilegales, sino por algo mucho más simple: la ausencia reiterada de Velázquez en su jornada laboral. La investigación que se abrió por ese motivo terminó revelando un entramado mucho más grave. Las auditorías de la Suprema Corte bonaerense detectaron desvíos llamativos en legajos de adoptabilidad, que beneficiaban de manera recurrente a matrimonios de alto poder adquisitivo de los countries de Pilar.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una deuda estructural: la necesidad de fortalecer el acompañamiento estatal a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Muchas veces, el problema no empieza en el juzgado, sino en la pobreza, la falta de redes, la ausencia de políticas públicas y la soledad de una mujer que no encuentra respuestas. En su forma más sofisticada, este tipo de delito incluye la intervención de agentes del Estado, desde integrantes del sistema de salud hasta miembros de la Justicia.
La problemática está vinculada directamente a la pobreza, la marginalidad y la inequidad: los niños que se venden son los nacidos de madres pobres. Un juez de familia tiene una cuota de poder inmensa sobre personas que atraviesan momentos límite, y ese poder debe estar rodeado de controles, transparencia y rendición de cuentas.
La pena privativa de la libertad de Velázquez tendrá su fecha de finalización formal el 1° de julio de 2028, mientras que la restricción para ocupar cargos en la administración pública se extenderá hasta julio de 2031. La causa sobre el destino concreto de los niños involucrados continúa bajo investigación.
Glosario
- Cohecho agravado: delito que consiste en ofrecer o aceptar dinero para influir en una decisión oficial. Se agrava cuando lo comete alguien que ocupa un cargo público, como un juez.
- Juicio abreviado: acuerdo entre la fiscalía y la defensa en el que el acusado reconoce su culpabilidad a cambio de una pena negociada, sin necesidad de un juicio completo.
- Legajo de adoptabilidad: expediente judicial que determina si un niño puede ser dado en adopción. Es el documento clave del proceso.