Alejandra Velázquez, ex titular del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, fue sentenciada a tres años de prisión y seis de inhabilitación. Había ordenado a trabajadoras sociales que fueran a barrios humildes a reclutar mujeres embarazadas para entregarles sus bebés a matrimonios adinerados de countries.
Una ex jueza de la provincia de Buenos Aires fue condenada esta semana por organizar un esquema de adopciones ilegales. Se trata de Alejandra Claudia Velázquez, quien estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar. Fue condenada por el delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública, y también se le impusieron seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Según la investigación judicial, Velázquez les habría pedido a dos asistentes sociales que recorrieran barrios vulnerables de Pilar para contactar a jóvenes embarazadas dispuestas a entregar a sus bebés a cambio de dinero. En el fallo figura la frase que usaba para dar esa orden: les decía que había lugares carenciados por donde tenían que salir a buscar «panzas» porque había personas adineradas en los countries de Pilar buscando criaturas para formar familias.
La sentencia fue dictada por el juez correccional de San Isidro Andrés Mateo, tras homologar un acuerdo alcanzado por el fiscal Diego Molina Pico y la defensa de Velázquez, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola. Pese a que ambas trabajadoras sociales rechazaron la propuesta de manera inmediata, para la Justicia el delito quedó configurado con solo haber hecho el ofrecimiento.
Velázquez estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar durante seis años. En julio de 2024, fue detenida en Valencia, España, por pedido de un juez de San Isidro, ante la imputación por los delitos de cohecho y falsedad ideológica. Tras ser extraditada, permaneció en prisión domiciliaria en Tigre hasta recibir la condena, que le otorgó libertad por el tiempo ya cumplido. Según informaron fuentes judiciales, no volverá a una cárcel.
En 2017 había sido destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerense por una serie de irregularidades en procesos de adopción que estuvieron a su cargo. Sin embargo, la causa penal demoró casi nueve años en llegar a una sentencia.
El escándalo no comenzó por una denuncia sobre las adopciones ilegales. Lo que destapó las irregularidades fue, curiosamente, la ausencia reiterada de Velázquez en su jornada laboral. La investigación que comenzó por ese motivo terminó revelando un entramado mucho más grave. Las auditorías de la Suprema Corte bonaerense detectaron en ese entonces desvíos llamativos en legajos de adoptabilidad que beneficiaban, de manera recurrente, a matrimonios de alto poder adquisitivo residentes en los countries del partido de Pilar.
Hay causas de fondo que este caso vuelve a poner sobre la mesa y que pocas veces se mencionan. Este caso expone una deuda estructural: la necesidad de fortalecer el acompañamiento estatal a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.
Muchas veces, el problema no empieza en el juzgado. Empieza en la pobreza, en la falta de redes, en la ausencia de políticas públicas, en la soledad de una mujer que no encuentra respuestas. En su forma más sofisticada, este tipo de delito incluye la intervención de agentes del Estado: desde integrantes del sistema de salud hasta miembros de la Justicia.
La problemática está vinculada directamente a la pobreza, la marginalidad y la inequidad: los niños que se venden son los nacidos de madres pobres. Un juez de familia tiene una cuota de poder inmensa sobre personas que atraviesan momentos límite. Ese poder debe estar rodeado de controles, transparencia y rendición de cuentas.
La pena privativa de la libertad tendrá su fecha de finalización formal el 1° de julio de 2028, mientras que la restricción para ocupar cargos en el ámbito de la administración pública se extenderá hasta el mes de julio de 2031. La causa sobre el destino concreto de los niños involucrados continúa bajo investigación.
Glosario
Cohecho agravado: Delito que consiste en ofrecer o aceptar dinero para influir en una decisión oficial. Se agrava cuando lo comete alguien que ocupa un cargo público, como un juez.
Juicio abreviado: Acuerdo entre la fiscalía y la defensa en el que el acusado reconoce su culpabilidad a cambio de una pena negociada, sin necesidad de un juicio completo.
Legajo de adoptabilidad: Expediente judicial que determina si un niño puede ser dado en adopción. Es el documento clave