La quiebra de SISEG no fue un accidente. Fue el final anunciado de un modelo empresarial que vacía empresas, abandona trabajadores y luego los señala como culpables. La Justicia habló. Los hechos quedaron a la vista. Y el impacto lo pagan, una vez más, quienes viven de su salario.
La quiebra de SISEG S.R.L., decretada por el Juzgado Comercial N°24, Secretaría 48, confirmó lo que el Sindicato de Custodios venía denunciando desde hace años: el uso del Procedimiento Preventivo de Crisis como pantalla para esconder fraude, vaciamiento y evasión de responsabilidades laborales. El juez Guillermo Mario Pesaresi ordenó medidas excepcionales: inhibición de bienes, prohibición de salida del país a los dueños, embargos, allanamientos, incautación de documentación y la futura subasta de activos.
La sindicatura, a cargo del Estudio Conti Apicella, detectó un cuadro grave: irregularidades contables, facturación omitida, vehículos sin control, seguros inexistentes y servicios no declarados, incluso a entidades financieras como Banco Patagonia. La Justicia también investiga una red de sociedades vinculadas —SISEG Internacional S.A., Grupo SISEG S.R.L. y otras— utilizadas para diluir responsabilidades y eludir obligaciones.
Detrás de los expedientes hay una realidad concreta: cientos de trabajadores de seguridad quedaron sin empleo, con salarios impagos y aportes previsionales en riesgo. Existen múltiples juicios laborales por despidos, sueldos adeudados y aportes no depositados, además de intentos de traslado irregular de personal a terceros. Para muchas familias, la quiebra significa perder ingresos, obra social y futuro jubilatorio.
En este contexto resulta particularmente ofensiva la actitud pública de Matías Pérez Manghi, vinculado al entramado empresarial, quien desde su discurso ideológico suele descalificar a la clase trabajadora, tratándola como improductiva, oportunista o parasitaria. Mientras los números judiciales exhiben empresas vaciadas y maniobras fraudulentas, el dedo acusador apunta hacia abajo: los vigiladores, los empleados, los que cobran tarde o nunca. Una desfachatez que busca invertir la carga de la culpa.
La quiebra de SISEG no es un hecho aislado. Expone una crisis estructural de la seguridad privada: empresas que se benefician durante años y, cuando llega el momento de cumplir, abandonan a su gente. La Justicia ya habló. Ahora la pregunta es si el sistema va a seguir permitiendo que los trabajadores paguen los platos rotos de empresarios que se enriquecen, vacían y después insultan.