Un enfermero del hospital público de Concepción del Uruguay fue condenado a cinco años de prisión por vender fentanilo y otros medicamentos controlados a través de grupos de Telegram. El caso expone una grave falla en los controles del sistema de salud y reabre el debate sobre el desvío de drogas de uso hospitalario hacia el mercado ilegal.
La sentencia incluye una multa superior a los 5 millones de pesos y la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, en el marco de un juicio abreviado impulsado por la fiscal federal Josefina Minatta, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). La jueza Mariela Emilce Rojas homologó el acuerdo el pasado 4 de diciembre.
El condenado es Julio Santiago Santillán, de 34 años, quien trabajaba como enfermero suplente en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Justo José de Urquiza. Según la investigación, Santillán sustraía ampollas de fentanilo y otros psicofármacos del hospital público y luego los vendía por Telegram, en grupos de acceso abierto.
La causa se inició el 18 de febrero de 2025 tras una denuncia telefónica anónima realizada a la Policía Federal. A partir de allí, la fiscalía ordenó tareas de inteligencia que confirmaron que el enfermero ofrecía drogas mediante mensajes como “No te quedes sin la tuya” y publicaba fotos de las ampollas y pastillas disponibles. Cada ampolla de fentanilo era ofrecida por valores que llegaban a los 35.000 pesos.
Para reunir pruebas, se incorporó un agente revelador digital que se infiltró en los grupos de Telegram y pactó compras controladas. El 11 de marzo, el imputado entregó cuatro ampollas de fentanilo a cambio de dinero. Días después ofreció 30 ampollas por un millón de pesos. Finalmente, el 20 de marzo, fue detenido tras una nueva operación controlada.
En el momento de la detención se le secuestraron 34 ampollas de fentanilo y varios blísteres de lorazepam y carbamazepina. Luego, en allanamientos posteriores, se incautaron más ampollas y se comprobó que todas pertenecían al mismo lote que el hospital tenía en stock, lo que confirmó el desvío de medicamentos desde el sistema público de salud.
Santillán fue condenado por cinco delitos: comercio de estupefacientes, tenencia con fines de comercialización, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y venta sin autorización de medicamentos que requieren receta médica.
Durante la investigación, el propio enfermero reconoció que vendía las drogas “por cuestiones económicas”. El caso volvió a poner en evidencia el riesgo social que implica la circulación ilegal de fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente —hasta cien veces más fuerte que la heroína— cuya presencia fuera del ámbito médico representa una amenaza directa para la salud pública.