Durante más de cuatro días, policías de Santa Fe, activos, retirados y sus familias, realizaron manifestaciones, sirenazos y acuartelamientos en Rosario y otras ciudades, reclamando mejores salarios, condiciones de trabajo dignas y atención real en salud mental. La protesta se disparó después del suicidio de un suboficial de 32 años en la Jefatura de Rosario. La falta de respuestas claras del Gobierno y de los medios hizo que la cobertura nacional llegara varios días después, dejando a la opinión pública sin información sobre la magnitud del conflicto.
Los reclamos de los efectivos reflejan una crisis estructural dentro de la fuerza que va más allá de lo salarial. El salario inicial de un policía en 2026 es de $200.000 mensuales, mientras que la canasta básica total familiar en Rosario supera los $260.000, según informes oficiales. Muchos dependen de horas extra y guardias de hasta 16 horas para cubrir sus gastos. Apropol, la asociación profesional policial, señala que más del 70% de los efectivos en Rosario reporta estrés laboral alto, agotamiento físico y falta de apoyo psicológico.
El detonante emocional de la protesta fue el suicidio del suboficial, que puso en evidencia la crisis de salud mental dentro de la fuerza, con decenas de casos similares reportados en 2025. La presión constante de trabajar en una provincia con altos índices de violencia urbana y narcotráfico activo agrava el problema, y muchos policías lo describen como una cuestión de supervivencia más que de reclamo laboral tradicional.
La policía tiene prohibido hacer huelga formal, pero los efectivos interpretaron que sus condiciones eran insostenibles y adoptaron medidas como acuartelamientos, movilización de patrulleros con sirenas y bloqueos frente a dependencias. El Gobierno provincial aplicó pases a disponibilidad a 20 efectivos, retiró armas y chalecos antibalas, y abrió sumarios administrativos. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció que los reclamos eran legítimos, pero advirtió que no se permitirá que se afecte la seguridad pública.
Durante los primeros tres días de protesta, la cobertura fue limitada a medios regionales y plataformas independientes. Los grandes medios nacionales apenas informaron hasta que la protesta se volvió visible con patrulleros bloqueando calles y enfrentamientos internos entre policías que querían seguir trabajando y quienes se sumaron a la medida.
Rosario tiene un índice de homicidios superior a 24 por cada 100.000 habitantes y un narcotráfico activo en múltiples barrios, según datos oficiales. La retirada parcial de policías armados aumenta la percepción de inseguridad y expone las brechas en la atención de hechos delictivos. Además, la protesta visibilizó que el problema no es solo económico: el estrés severo, las jornadas extremas y la falta de contención emocional afectan a gran parte de la fuerza.
En resumen, la protesta en Rosario y otras ciudades de Santa Fe no es un reclamo aislado ni solo salarial. Es la manifestación de una crisis institucional profunda, con salarios insuficientes, condiciones laborales extremas y negligencia en salud mental. El suicidio del suboficial visibilizó un malestar acumulado, y la combinación de silencio mediático, sanciones oficiales y falta de canales de diálogo transformó un reclamo laboral en un foco de tensión política, social y de seguridad pública.
