El Gobierno nacional avanzó un paso más en la privatización de Corredores Viales S.A.. Lo hizo sin anuncios ni conferencia: modificó los pliegos de la licitación que busca concesionar rutas nacionales clave bajo el sistema de peaje.
La decisión quedó oficializada este jueves con la Resolución 110/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
No se trata de un nuevo llamado ni de una marcha atrás. La licitación sigue en pie, pero con cambios. En concreto, el Ministerio aprobó la Circular Modificatoria N° 2, que ajusta condiciones técnicas, contractuales y económicas del proceso en curso. En términos simples, se cambian las reglas mientras el partido ya está en juego.
La medida forma parte del plan oficial para transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de rutas hoy gestionadas por el Estado, a través de Corredores Viales. El argumento es conocido: reducir el déficit y “equilibrar las cuentas públicas”. El método también: concesión de obra pública financiada con peajes.
Los cambios impactan sobre la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que incluye corredores estratégicos y de alto tránsito como la Ruta Nacional 3, la Ruta 205, la Ruta 226 y las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Son rutas donde el negocio está garantizado por el flujo constante de vehículos.
La resolución confirma tres definiciones clave del esquema oficial. Primero, que la privatización de Corredores Viales sigue adelante sin pausa. Segundo, que el modelo elegido será el de gestión privada con peaje como fuente central de ingresos. Y tercero, que los pliegos se ajustan para hacer más atractivo el negocio para las empresas, aun cuando eso implique menos certezas para los usuarios.
Lo que el texto oficial no explica es tan importante como lo que dice. No hay información sobre cuánto podrían aumentar los peajes, qué pasará con los trabajadores de Corredores Viales, ni qué controles reales tendrá el Estado sobre las concesionarias. En la práctica, el proceso avanza con una lógica clara: se concesiona primero y se explica después.
El contexto no es menor. El avance se da en plena política de ajuste, con Vialidad Nacional debilitada y un Estado que se retira del mantenimiento directo de las rutas. Argentina ya transitó este camino: concesiones largas, tarifas en alza y renegociaciones permanentes.