La Cámara Federal de Rosario dispuso que 6 directivos de la empresa agroquímica Atanor S.A. y 8 funcionarios de organismos de control provinciales declaren ante la Justicia por la presunta contaminación del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire en San Nicolás.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que sean citados a declaración indagatoria seis directivos de la empresa agroquímica Atanor S.A., cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires. La decisión se conoció en junio de 2026, doce años después de iniciada la causa.
La resolución hizo lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello y por la querella que representa a un grupo de vecinos de San Nicolás, quienes desde hace más de una década denuncian los impactos ambientales generados por la planta química instalada en esa ciudad bonaerense.
El fiscal imputó a los directivos de la empresa química por la contaminación con residuos peligrosos del agua, el suelo y el aire mediante «el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río». A los funcionarios del organismo ambiental bonaerense se les atribuyó la posible omisión de controles y de acciones destinadas a prevenir y fiscalizar la contaminación, mientras que a los responsables de la Autoridad del Agua se les imputó no haber cumplido adecuadamente con las funciones de supervisión y protección de los recursos hídricos.
La causa se inició en junio de 2014, cuando habitantes de San Nicolás solicitaron que se investigara a la empresa por posibles delitos contra la salud pública y por presuntas infracciones a las leyes nacionales de Residuos Peligrosos. San Nicolás es una ciudad industrial ubicada a orillas del Paraná, en el norte de la provincia de Buenos Aires. La planta de Atanor funcionó durante décadas a metros del río y en plena zona urbana.
Atanor es la principal productora argentina de tres pesticidas prohibidos en varios países: glifosato, atrazina y 2,4D. Los denunciantes manifestaron que la planta generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados. También denunciaron que se abrían las compuertas de la laguna de afinamiento para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas.
En la investigación se estableció la presencia de atrazina en las muestras químicas del agua, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo. Los denunciantes también expresaron que sufrían daños en su salud y que se produjeron diversas muertes entre los habitantes del Barrio Química, que guardarían relación con la actividad contaminante de la planta.
Un dato poco mencionado en la cobertura periodística habitual es que la causa no avanzó durante años por resistencias dentro del propio sistema judicial. El juez interviniente, Carlos Villafuerte Ruzo, se había negado a citar a indagatoria a los seis directivos de la empresa y los ocho funcionarios de control provinciales que la Fiscalía había pedido que declararan desde mayo de 2023. Fue recién ante la apelación presentada por el fiscal y los vecinos que la Cámara de Rosario revirtió esa postura. La Cámara consideró que existe suficiente caudal probatorio para avanzar con las declaraciones indagatorias y cuestionó las sucesivas postergaciones que sufrió la definición del caso durante más de una década de trámite judicial.
Otro elemento que pocas veces se menciona es que Atanor adelantó que, aunque traslada su producción, mantendrá en el predio un centro logístico de distribución para productos formulados en Pilar, lo que implica que seguirán almacenando compuestos peligrosos en una zona que ha sido clausurada por contaminación. Además, aunque la planta industrial ya fue clausurada, los residuos tóxicos que generó Atanor siguen presentes en el ambiente. Tanto el río Paraná como el Acuífero Puelche se utilizan para abastecer de agua potable a la población.
El caso no es único en la región. Una cámara de apelaciones ya había considerado que Atanor causó un daño irreversible al río Paraná y su biodiversidad, y la condenó al pago de una indemnización de 150 millones de pesos. Sin embargo, esa indemnización no fue pagada. Esto muestra que las condenas civiles, sin consecuencias penales efectivas, no siempre alcanzan para frenar la contaminación.
La resolución de la Cámara no establece culpabilidades ni condenas, pero sí obliga a los señalados a enfrentar la instancia de indagatoria por primera vez en el marco del expediente. La comunidad de San Nicolás continúa pagando las consecuencias de una contaminación que no se borra con el cierre de la producción de la empresa química. Lo que sigue ahora es determinar si existieron responsabilidades penales concretas por los daños ambientales denunciados y si hubo funcionarios que, teniendo la obligación de controlar, no actuaron para prevenirlos.
El caso también deja planteada una discusión más amplia sobre el funcionamiento de los organismos de control ambiental en Argentina. Después de doce años de denuncias, pericias, clausuras y reclamos vecinales, la Justicia recién comenzará a escuchar a quienes estaban a cargo de la empresa y de la fiscalización estatal. Para los habitantes de San Nicolás, la pregunta ya no es solamente quién contaminó, sino por qué el sistema tardó más de una década en investigar a quienes debían responder por esa contaminación.
Glosario
Indagatoria
Es una declaración que una persona imputada realiza ante la Justicia para responder sobre los hechos que se le atribuyen. No implica una condena ni determina culpabilidad.
Residuos peligrosos
Son desechos que, por sus características químicas o tóxicas, pueden causar daños a la salud humana o al ambiente si no son tratados adecuadamente.
Efluentes
Son líquidos residuales generados por actividades industriales, comerciales o domiciliarias que son descargados al ambiente.
Atrazina
Herbicida utilizado principalmente en cultivos extensivos. Su uso está restringido o prohibido en varios países debido a los riesgos de contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
Cipermetrina
Insecticida utilizado para controlar plagas agrícolas y domésticas. Puede afectar a organismos acuáticos y a la biodiversidad si llega a cursos de agua.
Trifluralina
Herbicida empleado para el control de malezas. Diversos estudios han señalado posibles impactos ambientales asociados a su persistencia en suelos y ecosistemas acuáticos.
Acuífero Puelche
Una de las principales reservas subterráneas de agua dulce de Argentina. Abastece de agua potable a millones de personas en la provincia de Buenos Aires.
Daño ambiental
Alteración negativa del ambiente que afecta ecosistemas, recursos naturales, la biodiversidad o la salud de las personas.
Organismo de control
Entidad pública encargada de supervisar el cumplimiento de las normas ambientales y sancionar posibles infracciones.
Querella
Parte de un proceso judicial que, además de la fiscalía, impulsa una investigación penal en representación de las víctimas o de quienes se consideran afectados por un delito.