En Argentina, la empresa israelí Mekorot y la reforma de la Ley de Glaciares ponen en riesgo el acceso al agua potable y la supervivencia de cuencas clave.
En varias provincias argentinas avanzan convenios de asesoramiento hídrico con la empresa estatal israelí Mekorot. Según el gobierno de Javier Milei, el objetivo es “modernizar” la gestión del agua y en paralelo impulsa una reforma de la Ley de Glaciares (26.639) que podría habilitar actividad minera en zonas hasta ahora protegidas. El debate es sobre quién administra el agua, quién accede a la información estratégica y quién decide a qué actividad se prioriza cuando el recurso empieza a escasear.
El horizonte 2030–2050: menos agua en Cuyo
En documentos técnicos presentados en provincias como Mendoza, se proyecta una caída de hasta 25% en la disponibilidad hídrica hacia 2050–2070 en regiones de Cuyo, producto de cambio climático y agotamiento de acuíferos y el escenario planteado se divide en etapas:
En un corto plazo (1–5 años), Implementarán la de “medición inteligente”, una revisión tarifaria bajo criterios de “valor real” del agua. El impacto será económico, el agua costaría más.
A mediano plazo (10–20 años), habría una mayor competencia entre consumo humano, riego y minería y un notorio descenso de napas en las zonas áridas si la extracción supera la recarga.
Finalmente, a largo plazo (2050 en adelante), habría una reducción estructural de caudales en cuencas cordilleranas y posibles recortes en asignación de agua en escenarios de sequía extrema. No sería un colapso inmediato, sino de una curva descendente si no hay límites estrictos.
Ley de Glaciares: la llave de las nacientes
La Ley 26.639 protege los glaciares y el ambiente periglacial, es decir, los suelos congelados que regulan el agua. La reforma en debate busca flexibilizar esa protección. En la cordillera occidental nacen los principales ríos que abastecen ciudades y sistemas de riego. Alterar el ambiente periglacial significa intervenir en la “fábrica” del agua.
Riesgos identificados para la gente común:
- Contaminación inmediata ante incidentes mineros.
En la cuenca del río Jáchal, el derrame de solución cianurada en la mina Veladero (operada por Barrick Gold) en 2015 contaminó cursos de agua y generó peritajes por presencia de metales pesados. - Drenaje ácido de mina, que puede durar décadas si no se remedia.
- Pérdida de regulación natural: sin glaciares y permafrost funcionando como esponja, aumentan las crecidas repentinas y las sequías severas.
Los proyectos que esperan el cambio normativo
En San Juan, varios desarrollos de cobre y oro están condicionados por la delimitación de zonas protegidas, El Pachón (Glencore / Lundin Mining), Los Azules (McEwen Copper) y los Proyectos vinculados a BHP
En Mendoza, el Distrito Minero Malargüe Occidental reúne más de 70 iniciativas en evaluación. En Catamarca, Agua Rica sigue en etapa de permisos. En La Rioja y San Juan, el glaciar El Potro es señalado por asambleas locales como zona de alto impacto acumulativo. Son inversiones millonarias. Pero todas dependen del agua.
El modelo en disputa derecho humano o insumo industrial
El conflicto es conceptual.
El modelo de gestión que se impulsa prioriza eficiencia, medición estricta y tarifas ajustadas al “valor real”. puede derivar en un mayor costo del servicio para usuarios residenciales, la ventaja para grandes industrias con capacidad de pago y el desplazamiento de pequeños productores sin riego tecnificado.
El riesgo más inmediato no es quedarse sin agua,
sino que el acceso sea más caro y desigual.
El frente judicial y la soberanía de la información
No hay sentencia firme que haya anulado los convenios, pero sí presentaciones judiciales en varias provincias. En Río Negro se cuestionó el acuerdo firmado por el gobernador Alberto Weretilneck por presunta falta de control legislativo. En otros distritos se reclamó la publicación de anexos técnicos. Uno de los puntos más sensibles es el acceso a datos estratégicos sobre acuíferos, incluidos sistemas vinculados al Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo.
El agua sostiene ciudades, producción agrícola, ganadería y economías regionales.
En el oeste argentino, hasta el 60% del caudal en sequía depende del aporte glaciario.
Los convenios con la empresa estatal israelí Mekorot, gestionados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) amenazan la soberanía hídrica y ambiental en Argentina. Estos acuerdos, que operan con opacidad y sin la Consulta Previa, Libre e Informada exigida por el Convenio 169 de la OIT, priorizan la mercantilización del agua y la minería sobre el derecho humano al recurso.
La combinación de la asesoría de Mekorot con la reforma de la Ley de Glaciares crea una «tormenta perfecta», mientras la ley permite que la minería degrade las nacientes, el modelo de gestión de Mekorot garantiza que el agua remanente sea administrada como un bien de mercado, desplazando el Derecho Humano al Agua frente a la rentabilidad industrial.