En 2015, el derrame de una solución cianurada en la mina Veladero contaminó el río Jáchal, en San Juan, y dejó metales pesados en el agua de la zona. Ese antecedente vuelve a estar en el centro de la escena: mientras el gobierno de Javier Milei avanza con convenios de asesoramiento hídrico con la empresa estatal israelí Mekorot y una reforma de la Ley de Glaciares, distintas provincias discuten quién va a manejar el agua y a qué actividad se le va a dar prioridad cuando empiece a escasear.
En varias provincias argentinas avanzan convenios de asesoramiento hídrico con Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel. Los acuerdos se gestionan a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Según el gobierno de Javier Milei, el objetivo es «modernizar» la gestión del agua. En paralelo, el Ejecutivo impulsa una reforma de la Ley de Glaciares (26.639) que podría habilitar actividad minera en zonas hasta ahora protegidas. Lo que está en discusión es quién administra el agua, quién accede a la información estratégica sobre los recursos hídricos y qué actividad se prioriza cuando el agua empieza a escasear.
La Ley 26.639 protege los glaciares y el ambiente periglacial: los suelos congelados que regulan el agua. La reforma que se debate busca flexibilizar esa protección. En la cordillera occidental nacen los principales ríos que abastecen a ciudades y sistemas de riego de la región de Cuyo. Alterar el ambiente periglacial significa intervenir en lo que se describe como la «fábrica» del agua.
Documentos técnicos presentados en provincias como Mendoza proyectan una caída de hasta el 25% en la disponibilidad hídrica hacia 2050-2070 en la región de Cuyo, por el cambio climático y el agotamiento de los acuíferos. El escenario se divide en etapas. En el corto plazo (1 a 5 años) se prevé implementar la «medición inteligente» y una revisión tarifaria bajo el criterio de «valor real» del agua: el impacto sería económico, porque el agua costaría más. En el mediano plazo (10 a 20 años) aumentaría la competencia entre el consumo humano, el riego y la minería, con un descenso de las napas en zonas áridas si la extracción supera la recarga. En el largo plazo (a partir de 2050) habría una reducción estructural de los caudales en las cuencas cordilleranas y posibles recortes en la asignación de agua en escenarios de sequía extrema. No sería un colapso inmediato, sino una curva descendente si no se establecen límites estrictos.
Entre los riesgos identificados para la población está la contaminación inmediata ante incidentes mineros. En la cuenca del río Jáchal, el derrame de solución cianurada en la mina Veladero —operada por Barrick Gold— en 2015 contaminó cursos de agua y generó peritajes por presencia de metales pesados. También se señala el riesgo de drenaje ácido de mina, que puede durar décadas si no se remedia, y la pérdida de la regulación natural: sin glaciares ni permafrost funcionando como esponja, aumentan las crecidas repentinas y las sequías severas.
Varios proyectos mineros dependen de la delimitación de las zonas protegidas. En San Juan están El Pachón (Glencore/Lundin Mining), Los Azules (McEwen Copper) y proyectos vinculados a BHP. En Mendoza, el Distrito Minero Malargüe Occidental reúne más de 70 iniciativas en evaluación. En Catamarca, Agua Rica sigue en etapa de permisos. En La Rioja y San Juan, asambleas locales señalan al glaciar El Potro como zona de alto impacto acumulativo. Son inversiones millonarias, pero todas dependen del agua.
El conflicto de fondo es si el agua se trata como un derecho humano o como un insumo industrial. El modelo de gestión que se impulsa prioriza la eficiencia, la medición estricta y las tarifas ajustadas al «valor real». Eso puede derivar en un mayor costo del servicio para los usuarios residenciales, una ventaja para las grandes industrias con capacidad de pago, y el desplazamiento de los pequeños productores sin riego tecnificado. El riesgo más inmediato no es quedarse sin agua, sino que el acceso sea más caro y desigual.
No hay ninguna sentencia firme que haya anulado los convenios, pero sí hay presentaciones judiciales en varias provincias. En Río Negro se cuestionó el acuerdo firmado por el gobernador Alberto Weretilneck por presunta falta de control legislativo. En otros distritos se reclamó la publicación de los anexos técnicos. Uno de los puntos más sensibles es el acceso a los datos estratégicos sobre los acuíferos, incluidos los sistemas vinculados al Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo.
El agua sostiene a las ciudades, la producción agrícola, la ganadería y las economías regionales. En el oeste argentino, hasta el 60% del caudal en épocas de sequía depende del aporte de los glaciares. Los convenios con Mekorot, gestionados a través del CFI, y la reforma de la Ley de Glaciares amenazan la soberanía hídrica y ambiental en Argentina. Estos acuerdos operan con opacidad y sin la Consulta Previa, Libre e Informada que exige el Convenio 169 de la OIT, y priorizan la mercantilización del agua y la minería por sobre el derecho humano al recurso.
La combinación de la asesoría de Mekorot con la reforma de la Ley de Glaciares genera lo que se describe como una «tormenta perfecta»: mientras la ley permitiría que la minería degrade las nacientes, el modelo de gestión de Mekorot garantizaría que el agua remanente se administre como un bien de mercado, desplazando el derecho humano al agua frente a la rentabilidad industrial.
Glosario
- Ambiente periglacial: los suelos congelados que regulan el agua, protegidos junto con los glaciares por la Ley 26.639.
- CFI (Consejo Federal de Inversiones): organismo a través del cual se gestionan los convenios de asesoramiento hídrico con Mekorot.
- Drenaje ácido de mina: contaminación derivada de la actividad minera que puede durar décadas si no se remedia.
- Convenio 169 de la OIT: norma internacional que exige la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades.
- Acuífero Guaraní: una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, con sistemas vinculados a los acuíferos que están en discusión.
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