En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil defiende que la minería puede financiar obras y sacar pueblos de la pobreza. En la cordillera, comunidades y científicos advierten que la misma reforma que ahora debate el Senado pone en riesgo el agua que usan a diario. El Congreso define si modifica la ley que protege los glaciares desde 2010.
El Senado de la Nación discute una reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional junto con provincias de fuerte perfil minero. El objetivo declarado es habilitar inversiones, principalmente de litio y cobre, en zonas hoy protegidas del país.
Organizaciones ambientales, científicos y comunidades cordilleranas rechazan el cambio. Sostienen que pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce y los ecosistemas andinos, claves para el abastecimiento, la producción y la vida en las regiones de montaña.
La norma que se discute modificar es la Ley 26.639, sancionada en 2010, que protege los glaciares y los ambientes periglaciales de la cordillera y los declara reservas estratégicas de agua dulce.
Hoy esa ley prohíbe actividades industriales, incluida la minería, sobre los glaciares y en las zonas cercanas, para que esos cuerpos de hielo, clave en el ciclo del agua, no se dañen. Lo que se debate ahora es reemplazar ese esquema uniforme y preventivo por otro con «nuevos criterios» y más poder para las provincias, que podrían evaluar cada proyecto y definir qué áreas tienen «función hídrica significativa» antes de aplicar restricciones.
El argumento oficial: inversión y empleo
El Gobierno nacional y las provincias mineras sostienen que la ley actual frena inversiones y resta competitividad, en especial en proyectos de cobre, litio y otros minerales considerados estratégicos para la industria tecnológica y la transición energética.
Plantean que la reforma permitiría atraer capitales, generar empleo y dinamizar las economías regionales. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, asegura que los ingresos de la minería pueden financiar obra pública y desarrollo local, y que la pobreza también produce impactos ambientales negativos. El planteo se alinea con la agenda económica del Gobierno, que busca desregular sectores productivos para acelerar inversiones privadas.
La resistencia: el agua en el centro
Organizaciones ambientales, científicos y referentes sociales advierten que la reforma debilita las salvaguardas actuales. Sostienen que se pasaría de un principio preventivo, proteger primero, a evaluaciones con fuerte peso económico.
Alertan sobre el rol central que cumplen los glaciares en la regulación hídrica de regiones productivas y pobladas, y que modificar la ley puede comprometer la seguridad del agua para millones de personas. También señalan riesgos para ecosistemas sensibles, con posibles impactos en la agricultura, el turismo y el abastecimiento urbano.
Además, advierten sobre eventuales conflictos con la Constitución y con el Acuerdo de Escazú, por una posible reducción de los estándares federales de protección ambiental y limitaciones al acceso a la información. En paralelo, convocaron movilizaciones y campañas públicas, y denuncian que el cambio favorecería intereses extractivos sobre reservas estratégicas de agua dulce.
La discusión se amplía
El debate salió del terreno técnico. La Iglesia Católica pidió a los legisladores que prioricen el «bien común» y la protección del agua como derecho esencial. Artistas, intelectuales y figuras públicas firmaron solicitadas en rechazo a la reforma, a la que califican como un retroceso ambiental.
Federalismo en tensión
También está en juego el federalismo ambiental. Las provincias con grandes reservas minerales presionan por mayor autonomía para decidir sobre sus recursos. Quienes critican la reforma responden que descentralizar la protección puede generar criterios dispares y debilitar un estándar común en todo el país.
Lo que se define
Lo que vote el Senado puede marcar un punto de inflexión: se mantienen los estándares actuales de protección de los glaciares, o se habilita un esquema más flexible con impacto directo en las inversiones mineras, los derechos ambientales y las comunidades que dependen del agua de montaña.
No es solo una discusión técnica. Es un choque de modelos: uno que prioriza atraer capitales y acelerar proyectos extractivos, y otro que pone en el centro la protección de bienes comunes estratégicos como el agua.
Glosario
- Ley de Glaciares (Ley 26.639): norma sancionada en 2010 que protege los glaciares y los ambientes periglaciales de la cordillera y los declara reservas estratégicas de agua dulce.
- Ambientes periglaciales: zonas cercanas a los glaciares que también cumplen un rol en la reserva de agua.
- Función hídrica significativa: criterio que se usaría para evaluar si un área cumple un papel importante en la provisión de agua antes de decidir si se la protege.
- Acuerdo de Escazú: acuerdo que las organizaciones mencionan como garantía de acceso a la información y protección ambiental, y que consideran en riesgo con la reforma.
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