En Santa Fe mueren hoy más personas por suicidio que por accidentes de tránsito u homicidios: 12,7 cada 100.000 habitantes, según cifras que citan especialistas de la provincia. Es una de las señales más duras de una crisis que atraviesa a todo el sistema de salud mental del país, justo cuando el Estado nacional profundiza el recorte al área y el Gobierno impulsa en el Congreso una reforma a la ley que la regula.
El dato de Santa Fe no es un caso aislado. Es parte de un cuadro más amplio que distintos organismos vienen documentando en los últimos meses en Argentina, con el sistema público de salud mental como protagonista.
Según un informe publicado el 4 de julio por el sitio de verificación Chequeado, los dos hospitales monovalentes nacionales especializados en salud mental —el Ramón Carrillo y el Laura Bonaparte, ambos en Buenos Aires— tuvieron en 2026 una reducción real de recursos de entre el 17,6% y el 20,2% respecto de 2025. Comparado con 2023, la caída llega al 38% en el Carrillo y al 51% en el Bonaparte. Al 26 de junio, ninguno de los dos había ejecutado más del 38% de su presupuesto anual.
La situación se repite, aunque en menor escala, en la Ciudad de Buenos Aires: los cuatro hospitales monovalentes porteños (Alvear, Borda, Moyano y Tobar García) tuvieron en conjunto una caída real del 5,1% en 2026 respecto del año anterior.
El recorte no es nuevo. La Ley Nacional de Salud Mental (26.657), sancionada en 2010, obliga a destinar el 10% del presupuesto total de salud a esta área. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), esa meta nunca se cumplió desde 2016 y en 2026 la inversión apenas llega al 1,42%. Un programa clave del Ministerio de Salud dedicado a la promoción de la salud mental comunitaria —que financia capacitación de equipos, dispositivos de vida asistida y estrategias de desinstitucionalización— tendrá para 2026 apenas 48 millones de pesos, una caída del 91,5% frente a los recursos de 2025.
El recorte llega en simultáneo con un debate legislativo. En abril, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, con cambios en las internaciones involuntarias y en el funcionamiento del sistema de atención. Uno de los puntos más discutidos es que el proyecto elimina la prohibición de crear nuevos hospitales monovalentes o instituciones neuropsiquiátricas, tanto públicas como privadas, algo que la ley vigente restringe porque promueve tratar a las personas en la comunidad y no en instituciones de encierro. Leonardo Gorbacz, psicólogo y uno de los autores de la ley original, sostuvo que no hace falta modificar el texto legal sino garantizar que se cumpla.
Mientras se discute la reforma, la demanda de atención crece. Según datos presentados en el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, realizado en Tierra del Fuego en abril, las internaciones por motivos de salud mental aumentaron un 77% y la demanda de atención ambulatoria un 134% en los últimos años a nivel nacional.
Una encuesta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundida a fines de junio aporta otra capa al panorama: el 83% de las personas consultadas considera que la situación económica afecta su bienestar psicológico. La angustia pasó del 31% al 42% de las personas encuestadas entre 2025 y 2026, y la ansiedad subió del 39% al 46%. «Cada vez que hay una crisis social o económica se ven afectadas muy fuertemente la salud mental, psíquica y espiritual», explicó la psicóloga Silvia Schverdfinger, de la UBA. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, calificó la falta de detección y seguimiento de estos cuadros como «una verdadera epidemia».
El presupuesto ejecutado en el primer semestre de 2026 para el programa nacional de promoción de la salud mental fue de 2,7 millones de pesos, un promedio mensual de 450 mil pesos, según Chequeado. Esa cifra es menor a una jubilación mínima con bono, que ronda los 470 mil pesos.
Especialistas consultados por medios especializados durante los últimos meses, como la docente universitaria Paula Sagué y la titular del Colegio de Psicólogos de Rosario, Natalia Palma, advirtieron que habilitar nuevos hospitales monovalentes podría significar un retroceso respecto del modelo comunitario que promueve la ley vigente desde 2010. El resultado de ese debate en el Congreso todavía no tiene fecha definida.
GLOSARIO:
- Hospital monovalente: hospital dedicado exclusivamente a la salud mental, separado de los hospitales generales. La ley actual busca reducir su uso a favor de la atención en la comunidad.
- Desinstitucionalización: proceso de atender a las personas con padecimientos mentales fuera de instituciones de encierro, integradas a su familia y su barrio, en lugar de internarlas por tiempo prolongado.
- Ley Nacional de Salud Mental (26.657): norma sancionada en 2010 que establece los derechos de las personas con padecimientos mentales y exige destinar el 10% del presupuesto de salud a esta área.
- Internación involuntaria: internación de una persona en un hospital de salud mental sin su consentimiento, permitida solo en situaciones excepcionales según la ley vigente.
- Presupuesto ejecutado: parte del dinero que un organismo público realmente gastó, a diferencia del presupuesto «vigente», que es el total disponible para usar.