Romina Rosas dio a luz en un hospital de Bariloche con custodia policial en la puerta de la habitación. Meses después fue condenada por usurpar el territorio que su comunidad había recuperado. El 7 de julio de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal la absolvió a ella y a otras siete personas de dos comunidades mapuches, en dos fallos que sostienen que un conflicto territorial indígena no puede juzgarse como un delito común.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dictó el 7 de julio de 2026 dos fallos que absolvieron a integrantes de las comunidades mapuches Lof Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi (Río Negro), y Lof Paillako, del Parque Nacional Los Alerces (Chubut). Los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci firmaron ambas resoluciones.
Seis personas de Lafken Winkul Mapu quedaron absueltas del delito de usurpación: Matías Daniel Santana, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Betiana Colhuan Nahuel y Celeste Ardaiz Güenumil. Habían sido condenadas en mayo de 2025 por el juez Alejandro Silva, del Tribunal Federal Oral de General Roca, a penas de entre uno y dos años y medio de prisión en suspenso. En el caso de Lof Paillako, la Cámara sobreseyó a Cruz Cárdenas por usurpación, aunque mantuvo condenas por daño y lesiones para él y para María Belén Salinas.
El argumento central de los jueces fue que «en un conflicto territorial indígena no puede haber usurpación», porque ese tipo de disputas sobre la tierra no encaja en la figura penal pensada para otros casos y debe resolverse por otras vías, reconociendo que la Constitución Nacional considera a los pueblos originarios preexistentes al Estado argentino. Según trascendió del expediente, los magistrados también señalaron que durante el proceso no se pudo establecer con certeza que las personas acusadas hubieran participado materialmente en las ocupaciones investigadas, es decir que faltaba prueba concreta, más allá del debate de fondo sobre el derecho a la tierra.
El conflicto en Villa Mascardi no empezó con estos juicios. En 2017, jóvenes de Lafken Winkul Mapu recuperaron ese territorio como parte de un reclamo de identidad y pertenencia. En noviembre de ese año, fuerzas federales desalojaron el lugar con gases lacrimógenos y balas de goma, y esposaron a niños con precintos, en un operativo dispuesto durante la gestión de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dos días después, una patrulla de Prefectura Naval interceptó a un grupo de jóvenes mapuches en el monte: murió Rafael Nahuel, de 22 años, por una bala de un prefecto, y otras dos personas resultaron heridas. Años más tarde, durante la gestión de Aníbal Fernández, un nuevo operativo con fuerzas federales desalojó otra vez el territorio y detuvo a ocho mujeres de la comunidad, algunas de las cuales permanecieron presas ocho meses.
Romina Rosas fue una de esas detenidas. Dio a luz a su hijo en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche mientras estaba bajo custodia, con vigilancia dentro de la habitación. Ese episodio generó un fuerte repudio y derivó en la renuncia de la entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Las comunidades fueron representadas por la Gremial de Abogados y Abogadas, con Laura Taffetani y Eduardo «Negro» Soares al frente de la defensa. Taffetani resumió el fallo así: «Lo interesante es que sostiene que el conflicto territorial no es usurpación.» El referente de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel participó como amicus curiae en la causa, junto con el acompañamiento de la excomandante de Gendarmería y exministra Sabina Frederic y de la asociación gremial ATE.
De fondo, la decisión judicial se apoya en una discusión que excede este caso puntual: cómo el sistema penal argentino trata los reclamos de tierra de los pueblos originarios. Según el último censo (2022), 955.032 personas se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas en el país, el 2,9% de la población, organizadas en 1.837 comunidades registradas hasta 2023. Los fallos de julio ya abrieron debate en medios patagónicos sobre otras causas judiciales similares por usurpación que siguen en trámite, aunque todavía no hay definiciones sobre si estos dos casos sentarán un criterio que se aplique en los demás expedientes.
GLOSARIO:
- Usurpación: delito que consiste en despojar a otra persona de un inmueble que ocupa, invadiéndolo o quedándose en él sin derecho.
- Cámara Federal de Casación Penal: el tribunal que revisa, en última instancia dentro del fuero penal federal, si los juicios anteriores se hicieron respetando la ley.
- Sobreseimiento: decisión judicial que cierra una causa penal contra una persona porque se determina que no cometió el delito que se le imputaba, o que no hay pruebas suficientes.
- Amicus curiae: figura legal que permite a una persona u organización ajena a un juicio presentar su opinión ante el tribunal para aportar un punto de vista experto o social.
- Lof: palabra mapuche que designa a una comunidad o unidad social y territorial, similar a lo que en castellano se entendería como «comunidad».
- Machi: autoridad espiritual y de la salud dentro de la cultura mapuche.
- Preexistencia de los pueblos originarios: principio reconocido por la Constitución Nacional argentina que establece que los pueblos indígenas habitaban el territorio antes de la formación del Estado, lo que les otorga derechos específicos sobre sus tierras y su cultura.