Marisa Agis dirige desde hace 40 años el Hogar Promover, una institución que atiende a personas con discapacidad. Hoy resume así lo que atraviesa su sector: «Este gobierno nos tiene así: te pone la soga al cuello, te aprieta, te suelta y te vuelve a ahogar». Su frase describe lo que denuncian decenas de instituciones a un año de que el Congreso sancionara la Ley de Emergencia en Discapacidad: la norma existe, pero el Estado todavía no la cumple.
El 10 de julio de 2025, el Senado convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad (27.793), después de que ambas cámaras del Congreso rechazaran el veto que había puesto el presidente Javier Milei. La norma declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta diciembre de 2027 y ordena, entre otras cosas, actualizar los pagos a los prestadores de salud y destrabar las pensiones no contributivas frenadas desde hacía años.
Un año después, en julio de 2026, organizaciones de personas con discapacidad, prestadores de salud e instituciones como el Hogar Promover coinciden en que el cumplimiento es parcial. El Gobierno actualiza mensualmente los aranceles según la inflación, pero no pagó la recomposición retroactiva del 40% que la ley también exige, ni hizo el estudio de costos de las prestaciones que estaba obligado a realizar.
El caso más visible es la deuda del programa estatal Incluir Salud, que cubre a personas con pensión por discapacidad. Según reconoció el propio Gobierno, al 29 de abril de 2026 esa deuda con los prestadores llegaba a casi $70.000 millones, con pagos pendientes desde noviembre de 2025. Instituciones como el Pequeño Cottolengo Don Orione reportaron cortes totales en la provisión de medicamentos durante febrero, marzo y abril, además de intereses punitorios impositivos por más de $41 millones acumulados en el año.
A la deuda se suma el freno en las pensiones. Según datos difundidos por organizaciones del sector, hay 227.354 personas esperando que se resuelva su trámite de pensión no contributiva, más de 90.000 de ellas iniciadas durante la actual gestión y todavía sin respuesta. En dos años y medio se dieron de baja 110.000 pensiones.
El Gobierno explicó los atrasos en los pagos por el traspaso del programa Incluir Salud del Ministerio de Salud, y sostuvo que las demoras no responden a un recorte de la cobertura sino a un proceso de «regularización» administrativa. La Justicia no aceptó esa explicación: en mayo de 2026, un juzgado federal ordenó a PAMI y al Ministerio de Salud normalizar en 72 horas los pagos a los prestadores de discapacidad, tras un amparo colectivo de alcance nacional. El fallo calificó las demoras como «totalmente infundadas y agarradas de los pelos». El Gobierno apeló la medida.
Este conflicto no es nuevo. En diciembre de 2025, el oficialismo había incluido en el proyecto de Presupuesto 2026 un artículo para derogar directamente la Ley de Emergencia en Discapacidad junto con la de Financiamiento Universitario. La maniobra fue rechazada en la votación particular de Diputados por 123 votos contra 117, en una sesión que terminó pasada la 1:30 de la madrugada del 18 de diciembre. La diputada Cecilia Moreu (Unión por la Patria) lo resumió así: «Quisieron jugar sucio y les salió mal».
Según reveló el sitio especializado Metadata el 10 de julio de este año, el Gobierno ya evalúa un nuevo intento: incluir cambios en las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario en el proyecto de Presupuesto 2027, que debe enviar al Congreso antes del 15 de septiembre. En el Ejecutivo lo describen como una de las alternativas para reducir el impacto fiscal de dos normas que no lograron derogar el año pasado.
Mientras tanto, la disputa sigue también en los tribunales: un expediente sobre la aplicación de la ley está en trámite en la Sala II de la Cámara Federal de San Martín desde marzo de 2026. Para instituciones como el Hogar Promover, la definición no es solo administrativa. Como resume la actriz y activista Valentina Bassi, que sigue de cerca la situación de los hogares: «Los hogares están en una situación calamitosa. Qué más se puede decir sobre esa insensibilidad».
GLOSARIO:
- Veto presidencial: facultad del presidente para rechazar total o parcialmente una ley aprobada por el Congreso. El Congreso puede insistir y convertirla en ley igual si junta dos tercios de los votos en ambas cámaras.
- Incluir Salud: programa estatal que funciona como obra social para las personas que cobran una pensión no contributiva por discapacidad, y paga a los centros y profesionales que las atienden.
- Pensión no contributiva por discapacidad: ayuda económica mensual que el Estado le da a una persona con discapacidad que no tiene otro ingreso ni aportes jubilatorios.
- Medida cautelar: decisión urgente de un juez para proteger un derecho mientras dura un juicio, sin esperar a la sentencia final.
- Arancel: el monto de dinero que el Estado le paga a una institución o profesional por cada prestación que brinda a una persona con discapacidad.
- Equilibrio fiscal: que el Estado gaste solo lo que recauda, sin necesidad de endeudarse ni emitir más dinero. El Gobierno lo usa como argumento para justificar recortes de gasto.