En la Ciudad de Buenos Aires, miles de comerciantes esperan meses una respuesta oficial para abrir un local, ampliar un rubro o iniciar una actividad, sin un plazo firme que los ampare. Legisladores de La Libertad Avanza presentaron dos proyectos en la Legislatura porteña para que, si el Estado no contesta a tiempo, el trámite quede aprobado de forma automática.
Pedir una habilitación comercial en la Ciudad puede significar meses de espera sin respuesta. Hoy, ese silencio del Estado no resuelve nada: el trámite queda trabado hasta que alguien lo conteste. Un proyecto presentado esta semana en la Legislatura porteña busca cambiar esa lógica de raíz.
La autora es la diputada de La Libertad Avanza María del Pilar Ramírez, junto a otros ocho legisladores del mismo bloque: Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Silvia Imas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, Nicolás Pakgojz y Solana Pelayo. Ingresaron dos iniciativas el lunes 10 de agosto en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo los expedientes 2430-D-2026 y 2431-D-2026.
La primera, llamada Ley de Libertad Comercial, crea una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas (VUDAE) con habilitaciones automáticas para actividades de «bajo riesgo» y un Legajo Digital Único del Operador. En lugar de inspeccionar antes de autorizar, el Estado controlaría después: la primera inspección llegaría recién a los 180 días de iniciada la actividad.
La segunda modifica el régimen general de procedimientos administrativos porteño para instalar el silencio administrativo positivo: si vence el plazo de respuesta sin una decisión expresa en un trámite regulado, se lo da por aprobado. El objetivo declarado por los autores es «evitar que la demora estatal se transforme en una barrera indefinida para el ejercicio de derechos».
La figura no es nueva en la Argentina, pero sí lo sería a nivel porteño. El Gobierno nacional la reglamentó para la administración pública central mediante la Ley 27.742 (Ley Bases) y el Decreto 971/2024, vigente desde noviembre de ese año para trámites que requieren autorización estatal, con un plazo de 60 días hábiles.
Según un análisis del Instituto Ideas, hasta ahora ninguna provincia había incorporado el silencio positivo a sus leyes locales de procedimiento administrativo, ni existían proyectos para hacerlo. Si avanza, la iniciativa porteña sería una de las primeras experiencias del país en llevar esa herramienta al nivel subnacional.
El proyecto llega en un momento particular de la Legislatura porteña. Tras la renovación de bancas de 2025, el PRO del jefe de gobierno Jorge Macri quedó en su piso histórico y sin números propios para el quórum, mientras el peronismo (Fuerza por Buenos Aires) se consolidó como primera minoría con 20 bancas y La Libertad Avanza creció hasta 14, convirtiéndose en la segunda fuerza de la Casa.
Esa correlación de fuerzas obliga al oficialismo porteño a negociar con ambos bloques para sacar adelante cualquier agenda, y le da a LLA un peso mayor para instalar sus propias iniciativas de desregulación, incluso sin ocupar el Ejecutivo de la Ciudad.
El planteo se suma, además, a un proceso de reducción del Estado porteño que ya venía impulsando el propio gobierno de Jorge Macri por otra vía: la eliminación de 359 cargos gerenciales y, en total, 8.954 puestos desde que asumió, según datos difundidos por su gestión. Se trata de un recorte de personal decidido por el Ejecutivo, distinto en su origen político del proyecto legislativo de LLA, pero que comparte el mismo diagnóstico de fondo: la necesidad de achicar la estructura administrativa de la Ciudad.
A nivel nacional, la extensión del silencio administrativo positivo generó cuestionamientos de organizaciones ambientales, que pidieron excluir expresamente los trámites que involucran generación de residuos peligrosos o exploración offshore, para evitar que actividades de riesgo queden aprobadas de forma tácita.
El proyecto porteño, tal como está redactado, circunscribe las habilitaciones automáticas a actividades de «bajo riesgo» y mantiene controles posteriores, aunque todavía no tuvo tratamiento en comisión ni se conocieron posiciones de los otros bloques de la Legislatura.
Glosario
- Silencio administrativo positivo: una regla según la cual, si el Estado no responde a un trámite dentro de un plazo fijado, se considera que lo aprobó, en lugar de dejarlo sin resolver.
- Habilitación comercial: el permiso oficial que necesita un comercio para funcionar de manera legal.
- Expediente legislativo: el número con el que se identifica y sigue un proyecto de ley dentro del Congreso o la Legislatura.
- Quórum: la cantidad mínima de legisladores presentes que se necesita para poder sesionar y votar.
- Controles posteriores: inspecciones o revisiones del Estado que se hacen después de que una actividad ya empezó a funcionar, en lugar de antes de autorizarla.