Los precios subieron 12,3% entre enero y abril, cuando el Presupuesto oficial preveía 10,1% para todo el año. La jubilación mínima no alcanza ni para la mitad de la canasta básica familiar.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó en mayo de 2026 que la inflación en Argentina acumuló en el primer cuatrimestre del año un alza del 12,3%, sobrepasando la proyección del 10,1% para todo 2026 que el Gobierno incluyó en la ley de Presupuesto. Es decir que en apenas cuatro meses se consumió toda la meta y se siguió de largo. Quienes más sufren este desborde son los sectores con ingresos fijos: jubilados, trabajadores informales y familias en situación de pobreza.
En el cuarto mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,6% en comparación con marzo, mes en el que la tasa había saltado un 3,4% al calor de los aumentos en los combustibles por el conflicto en Oriente Medio y de alzas estacionales, como en los servicios de educación y la indumentaria. Según el INDEC, el IPC en Argentina se situó en abril en el 32,4% interanual, su segunda desaceleración consecutiva.
Ese dato interanual del 32,4% es el que más habla de la vida cotidiana: significa que lo que en abril de 2025 costaba $100 hoy cuesta $132,40. Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.434.464 para no ser considerada pobre, y al menos $658.011 para no caer en la indigencia. Frente a esos números, la jubilación mínima en mayo de 2026 es de $463.174,10, sumando el haber actualizado y el bono adicional de $70.000. Eso equivale a menos de un tercio de lo que cuesta la canasta básica de una familia de cuatro personas.
En septiembre pasado, cuando el Ejecutivo diseñó el Presupuesto 2026, incluyó para este año una pauta de inflación del 10,1%, que ya por entonces muchos consultores privados consideraron poco realista. El ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo habían estimado esa cifra en el proyecto que se aprobó en el Congreso. En los primeros cuatro meses del año, esa meta ya quedó atrás.
La Argentina lleva décadas conviviendo con una inflación crónica. El proceso de precios altos no es nuevo: el país registró inflación de cuatro dígitos en la hiperinflación de 1989, y desde entonces los intentos de estabilización tuvieron resultados desiguales. El actual gobierno asumió en diciembre de 2023 con una inflación mensual del 25% y logró reducirla significativamente hasta llegar a un piso del 1,5% mensual en mayo de 2025. Sin embargo, a partir de ese mes los índices volvieron a subir de forma sostenida.
La tasa mensual de inflación llegó a tocar un piso del 1,5% en mayo de 2025, pero desde entonces y hasta marzo pasado el índice fue en aumento mes a mes, pese a la disciplina fiscal y la política monetaria contractiva del Gobierno. Este comportamiento evidencia que la baja de la inflación no depende solo de equilibrar las cuentas del Estado.
Hay factores poco mencionados que explican por qué los precios no ceden como el Gobierno esperaba. Más allá del número general, la principal señal de alerta surge de la inflación subyacente, que en marzo se ubicó en 3,2%. Se trata de un indicador clave porque excluye los componentes más volátiles y regulados, y refleja con mayor precisión la tendencia de fondo de los precios. Los analistas destacan que continúa la brecha entre bienes y servicios, con estos últimos creciendo a un ritmo sensiblemente superior. Este fenómeno responde al proceso de normalización de precios relativos y a una estructura de costos más rígida, lo que introduce mayor inercia. Además, el cambio en la ponderación de la canasta —con mayor peso de los servicios— tiende a consolidar un piso más elevado para la inflación.
El desvío inflacionario tiene consecuencias directas sobre la ejecución presupuestaria. Las partidas votadas por el Congreso pierden rápidamente vigencia en un contexto de precios en alza, lo que obliga al Ministerio de Economía a redefinir gastos y prioridades. Eso golpea directamente los presupuestos de educación, salud y asistencia social.
En términos de jubilaciones, el impacto es concreto. Las jubilaciones mínimas con bono presentan una caída real del 9,4% respecto de noviembre de 2023 y del 5,3% interanual. El bono de $70.000 registra desde marzo de 2024 una caída del 53,8% de su poder de compra, considerando la inflación. Dicho de otro modo: el bono fue congelado mientras los precios siguieron subiendo.
El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimó para fin de año una suba de precios de entre 30,5% y 33%, por lo que este año podría tener más inflación que el pasado. Si eso se confirma, los sectores más vulnerables habrán perdido poder adquisitivo de forma acumulada durante todo el período. El dato de inflación de mayo, que el INDEC publicará a mediados de junio.