Hasta esta semana, cualquier conductor porteño que necesitaba revisar su auto tenía una sola opción: ir a alguna de las siete plantas que manejan las mismas cuatro empresas desde 2016. Ahora, el Gobierno porteño abrió la inscripción para que talleres de barrio y concesionarias también puedan hacer el trámite, pero la ley no fija un precio máximo.
Hasta esta semana, un auto que necesitaba pasar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires tenía un solo circuito posible: alguna de las siete plantas oficiales, todas en manos de las mismas cuatro empresas desde 2016. No había otra opción, ni otro lugar, ni otro precio.
Eso cambió el jueves 20 de agosto. El Gobierno de la Ciudad reglamentó la desregulación del servicio y abrió la inscripción para que cualquier taller mecánico o concesionaria pueda empezar a ofrecerlo. «Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio», anunció el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
La medida convierte a CABA en el primer distrito del país en liberar por completo este trámite obligatorio, que deben hacer los autos con más de tres años de antigüedad para poder circular.
El cambio se apoya en la Ley 6.963, que la Legislatura porteña sancionó el 18 de junio y el Ejecutivo promulgó el 15 de julio. La norma habilita un esquema de inscripción permanente para los talleres interesados, siempre que cumplan con los requisitos técnicos que el Gobierno todavía está terminando de definir.
El negocio que ahora se abre estuvo, hasta ahora, en pocas manos. Desde 2016, cuatro empresas concentran las siete plantas habilitadas: Werniger Sud SA (del grupo TUV SUD Atisae, liderada por Germán Jorge Neuss, fundador de Neuss Capital y vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo), Applus Iteuve Argentina SA, SGS Argentina SA y VTV Metropolitana-VTV Norte. Juntas, esas plantas tienen capacidad para verificar más de dos millones de vehículos por año, según datos del propio Gobierno porteño.
Los cuatro directivos de esas empresas están, además, imputados en una causa penal por presunto soborno al ex ministro de Transporte porteño Jorge D’Onofrio. El fiscal Álvaro Garganta pidió elevar la causa a juicio oral por «cohecho activo» y «participación necesaria en negociaciones incompatibles con la función pública», según pudo confirmarse en la cobertura judicial del caso.
La desregulación porteña avanza, sin embargo, por un camino distinto al que intentó el Gobierno nacional. El decreto que buscaba liberalizar la VTV en todo el país está frenado desde el 16 de julio por una cautelar de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que le pidió al Estado pruebas técnicas de que espaciar los controles o eliminar la exclusividad de las plantas no va a aumentar los accidentes de tránsito. En la Ciudad, en cambio, la reforma sigue adelante.
A diferencia de la reforma nacional frenada, la ley porteña no puso techo a lo que cada taller podrá cobrar: cada establecimiento fijará su propia tarifa, con la única excepción de descuentos para jubilados, mayores de 65 años y personas con discapacidad. Hoy, el trámite regulado cuesta $96.968 para autos particulares y $36.459 para motos, después de dos aumentos que en lo que va de 2026 acumulan una suba del 53%.
Legisladores del bloque peronista cuestionaron esa falta de tope, al advertir que la liberalización podría terminar encareciendo un trámite que, por ley, es obligatorio para poder circular.
El cronograma todavía tiene varios pasos. La inscripción de nuevos talleres se hará a través de una plataforma que estará disponible desde el 1° de septiembre, y la habilitación efectiva será progresiva: recién cuando venzan los contratos de las siete plantas actuales, el 1° de octubre, se espera la apertura de los primeros talleres privados.
Glosario
- VTV (Verificación Técnica Vehicular): control obligatorio que deben pasar los autos de más de tres años para comprobar que están en condiciones de circular sin poner en riesgo a otros.
- Desregulación: cuando el Estado deja de fijar reglas estrictas (como quién puede prestar un servicio o a qué precio) y permite que más actores compitan libremente.
- Cautelar judicial: una decisión de un juez que frena de manera provisoria una medida del Estado hasta que se resuelva si es legal o no.
- Cohecho: delito que comete un funcionario público que recibe dinero u otro beneficio a cambio de favorecer a alguien en sus decisiones.
- Concesión: autorización que da el Estado a una empresa privada para prestar en exclusividad un servicio público durante un tiempo determinado.