El Estado argentino ha consolidado la digitalización y el acceso público a los fondos documentales de las Fuerzas Armadas sobre el Conflicto del Atlántico Sur. El Ministerio de Defensa, a través de sus equipos de relevamiento, y las tres fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea). Los documentos están disponibles en la plataforma digital oficial Archivos Abiertos del Gobierno Nacional. Los hitos principales de digitalización (entre el 77% y 100% según la fuerza) se completaron entre 2023 y 2026. Para democratizar el acceso a la información histórica, federalizar el conocimiento sobre la guerra y cumplir con la desclasificación de documentos de la época dictatorial.
Aunque los documentos físicos permanecen bajo custodia en el Servicio Histórico del Ejército, el Departamento de Estudios Históricos Navales y la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea, su consulta se ha trasladado al ámbito digital para investigadores y ciudadanos de todo el país.
Esta iniciativa se enmarca en la política de desclasificación iniciada en 2015 y potenciada por el proyecto «Malvinas 40 años». Se vincula directamente con la memoria histórica de la dictadura militar, permitiendo revisar las actuaciones de la Junta y el trato a los soldados conscriptos.
Tecnología y Memoria
La digitalización no solo preserva el papel del deterioro físico, sino que permite cruzar datos de inteligencia. En 2026, el uso de herramientas de búsqueda avanzada facilita la localización de bitácoras de vuelo, partes de guerra y actas de recepción de tropas que antes eran de acceso restringido.
Estado de los fondos
- Ejército Argentino: Se alcanzó la digitalización del 80% de su fondo documental específico de Malvinas.
- Fuerza Aérea: Digitalizó el 77% de su colección temática.
- Armada Argentina: Finalizó las tareas de digitalización de sus documentos clave sobre el conflicto.
- Volumen: El proyecto involucró a más de 40 especialistas y la publicación de miles de documentos operativos en formato PDF.
La apertura total de estos archivos en 2026 podría acelerar causas judiciales por violaciones a los derechos humanos en las islas y fortalecer la posición diplomática argentina ante organismos como la ONU, al contar con un registro documental transparente y accesible para la comunidad internacional.