La DAIA se presenta, y es reconocida institucionalmente, como un organismo dedicado a combatir el antisemitismo y defender los derechos de la comunidad judía en Argentina. Ese rol es legítimo, necesario y no está en discusión. El problema aparece cuando es una supuesta defensa de derechos empieza a operar, según denuncias reiteradas de periodistas y comunicadores, como un límite informal al debate público sobre el Estado de Israel.
No sería la primera vez en la historia que una institución con una misión noble termina funcionando como escudo de intereses políticos, diplomáticos o geopolíticos. El periodismo tiene la obligación de decirlo, la buena causa no inmuniza contra el abuso de poder simbólico.
La red flag que se repite, cada vez que una cobertura, opinión o análisis compromete al Estado de Israel, la respuesta no es el debate de ideas, sino la acusación automática de antisemitismo. Y en más de un caso, ese señalamiento termina con periodistas apartados, cancelados o despedidos, aun cuando sus expresiones no apuntan contra personas judías sino contra decisiones estatales, militares o diplomáticas.
Ahí es donde el concepto se vacía de sentido.
Porque antisemitismo no es lo mismo que crítica a un Estado, del mismo modo que criticar a Arabia Saudita no es islamofobia ni cuestionar a Estados Unidos es racismo contra los estadounidenses. Confundir, o hacer confundir, esas categorías no protegen a nadie: silencian.
La DAIA no despide periodistas. Eso es cierto.
Pero su peso simbólico, su acceso a medios, su capacidad de marcar agenda y generar repudios públicos produce efectos concretos. En un ecosistema mediático frágil, precarizado y temeroso del costo político, y esa presión funciona como mensaje disciplinador, de esto no se habla, o se paga un precio.
El caso de Silvina Sterin Pensel vuelve a poner este mecanismo bajo la lupa. No porque sea el primero, sino porque ya no aparece como excepción. Y cuando un patrón se repite, el periodismo no puede mirar para otro lado.
Que hay que combatir el antisemitismo, eso no se discute, pero lo que sí se discute es quién define los límites, con qué criterios, y qué pasa cuando una institución que dice defender derechos termina restringiendo la libertad de expresión política.