Muchos clubes de barrio porteños tienen más de cien años y crecieron a fuerza de ampliaciones hechas sin planos ni permisos, como pudieron. Hoy esas obras los exponen a multas que no pueden pagar y hasta a la clausura. La Legislatura de la Ciudad aprobó en primera lectura un régimen que busca regularizarlos sin ese riesgo.
El diagnóstico lo comparte, según sus impulsores, «cualquier comisión directiva» de un club de barrio porteño: la cancha se agrandó en los años 60, el vestuario se techó en los 80, la cocina del bar se amplió sin planos hace veinte años. Nadie tramitó un permiso en su momento. Y hoy esas mismas obras, hechas para que el club siguiera funcionando, son la razón por la que puede terminar clausurado o con una multa impagable.
Sobre ese problema legisló la Ciudad de Buenos Aires. El 3 de septiembre de 2026, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura, con 53 votos afirmativos, un proyecto que crea un Régimen Especial de Adecuación y Regularización para clubes de barrio. La iniciativa fue impulsada por diez organizaciones que agrupan a esas instituciones —entre ellas Fedeciba, la Confederación Argentina de Clubes, Fedecid, Ficba, Fescbu, Osecba, el Observatorio de Clubes de la UMET, el Foro Social del Deporte, la Red por el Deporte y la Inclusión Social y FODA— junto con los asesores Ana Rodríguez y Juanchi Bruera y el diputado Claudio Ferreño, presidente de la Comisión de Turismo y Deportes. El objetivo declarado es evitar que sigan cerrando clubes centenarios por incumplimientos formales, no por poner en riesgo a nadie.
En la Ciudad hay 274 clubes de barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), la mayoría con varias décadas de historia y crecidos de manera espontánea, antes de que existiera la normativa edilicia y urbanística que hoy los regula. Esa brecha entre cómo se construyeron y qué exige la ley vigente es, según explicaron los propios impulsores del proyecto, la raíz del problema: la normativa fue pensada para grandes emprendimientos comerciales y, aplicada sin matices a entidades barriales sin fines de lucro, termina generando cierres, multas impagables e imposibilidad de acceder a subsidios.
Esta no es la primera vez que el Estado sale a auxiliar a los clubes de barrio con una condonación de deudas. Desde este año, y a nivel nacional, la Ley 27.653 de alivio fiscal permite a las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo pedir el perdón de intereses, multas y sanciones sobre deudas fiscales vencidas al 31 de agosto. La diferencia es el frente que ataca cada norma: la ley nacional condona deudas impositivas, mientras que el proyecto porteño apunta a la regularización edilicia, urbanística y funcional, un problema que la condonación fiscal por sí sola no resuelve.
El proyecto de la Ciudad contempla un Plan de Adecuación y Regularización para que cada club mejore de manera progresiva sus condiciones de seguridad, higiene, infraestructura y funcionamiento, según su antigüedad y su situación previa. También prevé la condonación de multas, recargos e intereses generados por obras sin autorización o incumplimientos formales —no así en casos de riesgo estructural o peligro para terceros—, líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad para financiar las obras de adecuación, y un Certificado Transitorio de Regularización Administrativa y Funcionamiento, válido por 360 días y prorrogable, que protege a los clubes de clausuras mientras cumplen el plan. Incluye además un mecanismo de «silencio positivo»: si el Gobierno de la Ciudad no responde un trámite en 60 días hábiles, el club queda habilitado a acceder al beneficio de todos modos. Para calificar, la entidad debe tener al menos diez años de actividad, no explotar el club de forma comercial o profesional y no estar categorizada como gran contribuyente ante la AGIP.
Al tratarse de una ley porteña, el proyecto necesita todavía una audiencia pública y una segunda votación en la Legislatura antes de convertirse en norma definitiva, el mecanismo de doble lectura que exige la Ciudad para este tipo de leyes. Hasta entonces, los clubes que hoy conviven con obras no declaradas seguirán expuestos a las mismas multas que esta ley busca dejar atrás.
Glosario
- Régimen Especial de Adecuación y Regularización: un conjunto de normas y plazos pensado para que los clubes de barrio pongan en regla sus instalaciones de forma progresiva, sin ser sancionados en el camino.
- RUID (Registro Único de Instituciones Deportivas): el listado oficial de la Ciudad de Buenos Aires donde se anotan los clubes y entidades deportivas para poder acceder a beneficios y trámites.
- Primera lectura / doble lectura: en la Ciudad de Buenos Aires, ciertas leyes necesitan dos votaciones en la Legislatura, separadas por una audiencia pública, para quedar definitivamente aprobadas.
- Silencio positivo: una regla por la cual, si el Estado no responde un trámite dentro de un plazo fijado, se considera que el pedido queda aprobado igual.
- AGIP: la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, el organismo que cobra los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires.
- Ley de alivio fiscal (27.653): una ley nacional que perdona intereses y multas de deudas impositivas a distintos tipos de entidades, entre ellas los clubes de barrio inscriptos en el registro nacional correspondiente.
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