«Sacamos de nuestro bolsillo para que al chico no le falte una taza de leche», cuenta Myriam Suárez, que sostiene un merendero en el barrio Franklin Rawson, en San Juan, donde comen entre 40 y 50 chicos. Antes abría dos veces por semana; ahora, sin ayuda del Estado, solo los miércoles. Su comedor es uno de los miles que en la Argentina quedan sin sostén tras el cierre del programa social «Volver al Trabajo»: ayer la CGT confirmó, junto a la UTEP y las dos CTA, una marcha nacional para el próximo miércoles.
Para el miércoles 22 de julio, la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) confirmaron una concentración a las 15 en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, en Buenos Aires, bajo la consigna «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados». La convocatoria también prevé actos en otras provincias.
El motivo inmediato es una decisión judicial. El 14 de julio, la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el pago de «Volver al Trabajo», un programa que alcanzaba a más de 900.000 personas con un ingreso mensual de 78.000 pesos. Sin esa protección judicial, el Gobierno nacional confirmó que dejará de pagarlo a partir de agosto.
«Volver al Trabajo» había reemplazado al histórico programa «Potenciar Trabajo» y funciona como uno de los principales sostenes de la economía popular: comedores, merenderos, roperos comunitarios, cuadrillas de reciclado y huertas urbanas en barrios populares de todo el país, relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). En esos barrios, estos espacios suelen ser la única red de contención frente a la falta de trabajo formal.
Los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández basaron el fallo en tres argumentos: el programa tenía una vigencia limitada de dos años, por lo que sus beneficiarios no tienen un derecho adquirido a su continuidad; una medida cautelar no puede interferir en el diseño de políticas públicas del Poder Ejecutivo; y sostenerla equivalía a adelantar un veredicto a favor de los demandantes. El Gobierno nacional sostiene que reemplazará el programa por un sistema de vouchers para capacitación laboral.
El fallo encendió una reacción inmediata en los gremios. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó a «esta Justicia que le da solo a los ricos y para eso le quita todo a los pobres» y anunció que su gremio marchará junto a la UTEP no solo el 22 de julio, sino también el 7 de agosto, en el tradicional acto de San Cayetano. Desde la UTEP señalaron que se preparan «con toda la fuerza para un 7 de agosto histórico». Dirigentes sindicales no descartaron que, si el conflicto no se resuelve, el plan de lucha derive en un paro general en las próximas semanas.
Norma Morales, dirigenta de la UTEP, puso el foco en quiénes sostienen día a día los comedores: «Esta decisión golpea especialmente a las mujeres, que son mayoría en la economía popular y sostienen las tareas de cuidado en los centros comunitarios, en los comedores, en el cuidado de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.»
El recorte llega en un contexto de demanda alimentaria creciente. Según un informe de abril del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Gobierno redujo un 45% el presupuesto destinado a comedores y merenderos. A comienzos de julio, monseñor Roberto Álvarez, integrante de la Comisión Episcopal de Cáritas Argentina, advirtió que «ha sido exponencial el crecimiento de gente que se acerca a pedir alimentos», un fenómeno que dijo no limitarse a Buenos Aires sino repetirse también en la Patagonia.
Con el fallo firme, el 22 de julio funcionará como el primer termómetro de ese malestar: la primera gran movilización conjunta de centrales sindicales y organizaciones de la economía popular desde que se conoció el cierre del programa. Para comedores como el de Myriam Suárez, la definición no es abstracta: de esa marcha y de lo que responda el Gobierno depende si en agosto pueden seguir abriendo, aunque sea, un día a la semana.
Glosario
- Medida cautelar: una orden de un juez que protege una situación de manera provisoria, mientras un juicio más largo todavía no terminó.
- Economía popular: el conjunto de trabajos que hacen personas sin empleo formal para generar ingresos, como comedores comunitarios, cooperativas de reciclado o ferias barriales.
- Cámara Federal: un tribunal que revisa las decisiones de un juez de primera instancia cuando alguna de las partes apela un fallo.
- CGT y CTA: las centrales sindicales más grandes de la Argentina, que agrupan a distintos gremios de trabajadores.
- UTEP: la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el sindicato que nuclea a quienes trabajan en comedores, cooperativas y otros oficios de la economía popular.
- ReNaBaP: el Registro Nacional de Barrios Populares, una base de datos oficial del Estado que releva los barrios populares de todo el país.