En febrero, empleados judiciales marcharon a Tribunales con carteles que decían «es una vuelta a la esclavitud» para frenar el traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad. Un juez les dio la razón semanas después. Pero el 26 de agosto esa protección cayó, y al día siguiente la Legislatura porteña convirtió el traspaso en ley.
El jueves 27 de agosto, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó, con 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones, la ley que transfiere la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña. La votación reunió al PRO, La Libertad Avanza y el larretismo; el peronismo se abstuvo y la izquierda votó en contra.
Lo que se traspasa son los juicios individuales: reclamos de trabajadores contra empresas por despidos, accidentes laborales e indemnizaciones. Los conflictos colectivos y los reclamos sindicales seguirán tramitándose en la Justicia nacional. El objetivo declarado es acortar los tiempos de resolución, que hoy pueden extenderse entre tres y cinco años, a un plazo de un año o menos.
El traspaso no es una idea nueva ni surgió esta semana. Se originó en un convenio firmado el 9 de febrero de 2026 entre el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y la Jefatura de Gabinete nacional, como parte de la reforma laboral sancionada por el Congreso en la ley 27.802. Desde entonces, el proceso estuvo trabado por la resistencia gremial y judicial.
En febrero, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato y forma parte de la CGT, hizo un paro nacional y una movilización a Tribunales para rechazar el traspaso. Los gremios judiciales advertían que la medida ponía en riesgo la estabilidad laboral, la carrera administrativa y el régimen salarial de unos 1.500 a 1.600 trabajadores judiciales, además de habilitar el cierre de treinta juzgados nacionales del trabajo vacantes y de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones.
Ese reclamo tuvo eco en la Justicia: el 17 de marzo, el juez Herman Mendel hizo lugar a una medida cautelar pedida por la UEJN y suspendió todos los efectos del convenio de transferencia. El fallo mantuvo frenado el proceso durante meses, mientras crecía lo que Infobae describió como una «rebelión en tribunales», con jueces laborales que cuestionaban además que el Ejecutivo buscara disciplinar al fuero a raíz de fallos adversos a la reforma laboral.
El freno se sostuvo hasta el 26 de agosto, cuando el juez federal Enrique V. Lavié Pico levantó esa cautelar. Apenas un día después, con ese obstáculo judicial removido, la Legislatura porteña convirtió el convenio en ley.
El traspaso todavía no entra en vigencia de forma automática: falta que se apruebe el acuerdo de transferencia de recursos entre Nación y Ciudad. Las causas iniciadas antes de que el nuevo fuero esté operativo seguirán tramitándose en la Justicia Nacional del Trabajo; solo las demandas nuevas irán al fuero porteño.
Esta nota se suma a una cobertura previa de ccomusoc sobre los efectos de la reforma laboral: el 15 de agosto, esta sección contó que dos trabajadores llevaban seis meses presos por protestar contra esa misma reforma, mientras en la Legislatura porteña ya pedían su libertad. El traspaso de la Justicia Laboral es otra pieza del mismo proceso nacional, y su implementación efectiva dependerá de si la UEJN y la CGT insisten con nuevas presentaciones judiciales ahora que la cautelar que los amparaba fue revocada.
Glosario
- Fuero laboral: es el conjunto de juzgados especializados en resolver conflictos entre trabajadores y empleadores, como despidos o accidentes de trabajo.
- Medida cautelar: es una decisión judicial provisoria que frena o suspende algo (una ley, un acto de gobierno) mientras un juez analiza si es legal, para evitar un daño mientras tanto.
- Traspaso de competencias: es cuando una función que antes ejercía el Estado nacional pasa a estar a cargo de un gobierno local, en este caso la Ciudad de Buenos Aires.
- UEJN: es el gremio que agrupa a los empleados judiciales de la Nación, uno de los sindicatos que integran la CGT.