Cada 26 de junio se recuerda el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos jóvenes militantes fusilados por la Policía Bonaerense en 2002. Hoy se cumplen 24 años y los responsables políticos del operativo aún no fueron juzgados.
El 26 de junio de 2002, en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, efectivos de la Policía Bonaerense asesinaron a dos jóvenes durante una protesta social. Miles de militantes de organizaciones piqueteras y de trabajadores desocupados marchaban hacia el Puente Pueyrredón reclamando trabajo genuino, aumento de los planes sociales y alimentos para los comedores populares. Ese día, Maximiliano Kosteki, de 22 años, y Darío Santillán, de 21, fueron baleados por la espalda y murieron horas después.
Entre quienes intentaban auxiliar a Kosteki había un joven de 21 años llamado Darío Santillán, referente del MTD-Lanús. Santillán ya había escapado de las fuerzas de seguridad, pero volvió a la zona para rescatar al compañero caído. Sabía primeros auxilios y quiso ayudarlo. Fue entonces cuando llegaron el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Los policías obligaron a Santillán a levantarse y, cuando estaba de espaldas, le dispararon.
Ese día hubo 160 detenidos, más de la mitad mujeres y menores de edad. Según un informe del hospital, durante esa jornada ingresaron 34 personas con impactos de balas de plomo.
El hecho ocurrió en uno de los momentos más críticos de la historia argentina reciente. La convertibilidad, esa ficción monetaria que sostenía que un peso se podía cambiar por un dólar, había estallado seis meses antes y el clima social seguía efervescente. La sociedad tenía aún muy presentes los antecedentes del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando 30 manifestantes fueron asesinados en el marco de una feroz represión durante el gobierno de Fernando De la Rúa. El país llevaba meses con protestas permanentes y una pobreza en aumento.
Los hechos de Avellaneda no fueron los primeros ni serían los últimos episodios de represión a manifestantes sociales en Argentina. Sin embargo, tuvieron un impacto político sin precedentes en la historia reciente. Estos dos crímenes de Estado provocaron una crisis política que apresuró la salida del gobierno del presidente interino Eduardo Duhalde, quien convocó a elecciones a Presidente para el año siguiente. El crimen no solo aceleró la salida de Duhalde del sillón presidencial, sino que también reforzó el rol político de los movimientos piqueteros y convirtió a «Maxi y Darío» en emblemas de esas banderas.
Hay un dato que rara vez aparece en los titulares: la represión no fue una reacción espontánea de los policías de turno. El operativo policial tenía una orden precisa del Gobierno: los manifestantes no debían cruzar el puente. El operativo fue ejecutado por las fuerzas de seguridad en un conjunto que incluyó Policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y servicios de Inteligencia. La complicidad y organización del operativo fue demostrada por una serie de reuniones que, durante las semanas previas a la masacre, mantuvieron miembros del gabinete con responsables de las fuerzas de seguridad. Además, en el juicio quedó demostrado que la represión fue monitoreada por la SIDE, cuyo jefe reconoció que con las muertes el gobierno de Duhalde había buscado «frenar» un clima de creciente protesta y unidad popular.
La versión oficial de aquel día intentó culpar a los propios manifestantes. Apenas un rato después de los disparos, el comisario mayor Fanchiotti improvisó una conferencia de prensa para justificar el accionar policial, pero fue interrumpido por un militante indignado. Las mentiras oficiales se sostuvieron menos de 24 horas y fueron desbaratadas por el trabajo de dos fotógrafos que cubrían la manifestación: Sergio Kowalewski y Pepe Mateos. Las 240 imágenes que registró Mateos y las fotos de Kowalewski fueron incorporadas a la causa como pruebas irrefutables para demostrar el accionar criminal de los policías.
Cuatro años después, el Tribunal Oral número 7 de Lomas de Zamora sentenció a pena de prisión perpetua a Fanchiotti y a Acosta por los homicidios de Darío y Maxi. Fue la primera vez en la historia que la Justicia argentina condenó a un comisario mayor a perpetua por un crimen sin relación con la dictadura militar. Hoy, al cumplirse 24 años de la masacre, el único de los condenados que sigue detrás de las rejas es el excomisario Franchiotti, a quien la Justicia le negó en reiteradas ocasiones la libertad condicional. En cambio, el cabo Acosta obtuvo ese beneficio en octubre de 2024, luego de cumplir veinte años de condena.