«Históricamente fuimos avasallados», dice Lecko Zamora, referente wichí del Impenetrable chaqueño, donde el monte retrocede año a año. Un estudio científico publicado esta semana le pone números a esa frase: durante quince años, Chaco usó decretos y trámites administrativos para habilitar el desmonte de casi medio millón de hectáreas de bosque nativo protegido, sin tocar una sola coma de la ley que debía impedirlo.
Zamora no habla en abstracto. Vive en una zona donde comunidades qom, moqoit, wichí, chorotes y pilagá vienen denunciando hace tiempo que los mapas que dicen proteger el bosque, en los hechos, habilitan su destrucción.
Esta semana, esa denuncia encontró respaldo científico. Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Humboldt de Berlín publicó en la revista Nature Sustainability un estudio que reconstruye, con documentos oficiales, cómo la provincia de Chaco erosionó la Ley de Bosques (26.331) sin necesidad de derogarla ni reformarla en la Legislatura.
El trabajo analizó más de 142.000 documentos administrativos, 15.000 permisos de uso del bosque y 127.000 guías de transporte forestal generados entre 2009 y 2024. La conclusión: en ese período se legalizó, por vía de trámites y decretos, el desmonte de casi medio millón de hectáreas, buena parte de ellas en zonas rojas y amarillas donde la ley nacional prohíbe expresamente cambiar el uso del suelo.
Chaco forma parte del Gran Chaco americano, el segundo bosque más extenso de Sudamérica después de la Amazonia, y es una de las provincias con mayor pérdida de bosque nativo del país. La Ley de Bosques se sancionó en 2007, después de años de desmonte descontrolado, y estableció un sistema de zonificación (rojo, amarillo, verde) que en teoría debía frenar el avance sobre el monte nativo.
El estudio identifica seis mecanismos que permitieron sortear esa protección: recategorizar predios uno por uno para sacarlos de las zonas protegidas, desvirtuar permisos que en teoría eran para ganadería silvopastoril, sobreexplotar la madera autorizada, «blanquear» madera de origen irregular, aplicar multas tan bajas que no desalientan la infracción, y actualizar el mapa provincial de ordenamiento territorial (el OTBN) para correr el límite de lo permitido.
Un ejemplo concreto de este último mecanismo es el decreto 2157/22, con el que el gobierno chaqueño reconvirtió polígonos de categoría amarilla a categoría verde —la que habilita el desmonte— y sumó zonas especiales por fuera del esquema original.
Ese tipo de actualización del mapa es justamente lo que las comunidades indígenas del Impenetrable vienen cuestionando por no haber sido consultadas de forma previa, libre e informada, un derecho reconocido por convenios internacionales que ccomusoc ya explicó en una nota anterior. Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la abogada Ana Di Pangracio lo resume así: «Se está vulnerando nuestro derecho a un ambiente sano», porque los bosques son ecosistemas esenciales para el agua, el clima y la vida de miles de familias.
Esta investigación se suma a un patrón que ccomusoc viene siguiendo en distintas provincias: leyes ambientales que no se derogan formalmente, pero que se vacían de contenido por otras vías. Ya había ocurrido con la Ley de Glaciares, donde la Justicia todavía no logra frenar un proyecto minero pese a la reforma vigente desde hace tres meses. Y también con los bosques patagónicos, que después del peor verano de incendios en sesenta años enfrentan ahora recortes presupuestarios a las mismas leyes que debían protegerlos.
Los propios autores del estudio remarcan que la eficacia de una ley ambiental no depende solo de lo que dice el texto, sino de quién y cómo la controla. Es la misma pregunta que atraviesa el debate sobre el modelo extractivo en Argentina, donde organizaciones ambientales vienen marcando que buena parte de la expansión productiva —agrícola, forestal o minera— avanza sobre territorios protegidos con el argumento del desarrollo económico, mientras las comunidades que viven ahí quedan afuera de la decisión.
Por ahora, el estudio no propone una solución legislativa puntual, pero sí deja instalada una pregunta que organizaciones como FARN y Somos Monte Chaco vienen planteando en la Justicia: si la ley nacional prohíbe desmontar en zonas rojas y amarillas, ¿quién controla que las provincias no encuentren la forma administrativa de esquivarla?
Glosario
- Ley de Bosques (26.331): ley nacional sancionada en 2007 que obliga a cada provincia a clasificar sus bosques nativos en zonas rojas, amarillas y verdes según su valor de conservación, y prohíbe desmontar en las dos primeras.
- OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos): el mapa oficial de cada provincia que define qué zonas de bosque están protegidas y cuáles se pueden desmontar.
- Recategorización predial: cambio del mapa de zonificación a nivel de un campo individual, para sacarlo de una zona protegida y habilitar el desmonte en ese terreno puntual.
- Permiso silvopastoril: autorización para combinar ganadería con bosque nativo sin eliminarlo por completo; el estudio señala que en Chaco se usó de forma desvirtuada para avanzar con el desmonte.
- Consulta previa, libre e informada: derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se tome una decisión que afecte su territorio, reconocido por convenios internacionales que Argentina firmó.
- Gran Chaco americano: región boscosa compartida por Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil; es el segundo bosque más grande de Sudamérica después de la Amazonia.