Este miércoles hubo menos clases de lo habitual en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, con sede en la Ciudad. Los gremios docentes y no docentes universitarios rechazaron la oferta salarial del Gobierno y pararon 24 horas en reclamo de recomposición de ingresos y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta mañana, en las aulas de la Facultad de Derecho, de Medicina, de Filosofía y Letras y en decenas de otras sedes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) repartidas por la Ciudad, hubo clases que no se dictaron y pasillos más vacíos que los de un miércoles común. El propio rectorado había anticipado que las dependencias que no pudieran garantizar su funcionamiento básico permanecerían cerradas, aunque la vicerrectora aclaró que las puertas de la universidad seguirían abiertas: la adhesión quedó, como siempre en estos casos, a criterio de cada docente y no docente.
El paro fue nacional y afectó a todas las universidades públicas del país, pero tuvo en la UBA a su actor más visible, por ser la universidad más grande de Argentina y tener su rectorado y la mayoría de sus facultades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida fue impulsada por Feduba —el gremio docente de la UBA— junto a las federaciones nacionales Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, UDA y FAGDUT.
La decisión llegó después de que, el martes, la paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios terminara sin acuerdo. El Ejecutivo ofreció un aumento del 3% para los sueldos de septiembre y otro 3% para octubre, es decir, una recomposición del 6% para el bimestre. Los gremios lo rechazaron: según Feduba, la recomposición salarial adeudada hasta julio ya llegaba al 31,2%, un número al que todavía había que sumarle la inflación de agosto.
El reclamo no es nuevo. En marzo de este año, los docentes de la UBA ya habían ido a un paro indeterminado exigiendo una recomposición del 51% y «que se cumpla la ley vigente», en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario. Esa ley había sido aprobada por el Congreso en 2025, vetada después por el presidente Javier Milei, y finalmente ratificada cuando la oposición reunió los dos tercios necesarios en Diputados y en el Senado para rechazar el veto —la misma sesión en la que el Congreso también insistió con la emergencia del Hospital Garrahan. Para los gremios, el problema hoy no es la falta de una ley, sino que consideran que no se cumple.
Detrás del reclamo salarial hay una causa concreta señalada por un informe del Centro de Estudios para la Economía Política (CEPA): con el Presupuesto 2026 aprobado, las universidades nacionales van a recibir uno de los montos más bajos de las últimas dos décadas. El mismo informe midió que, entre noviembre de 2023 y enero de este año, los ingresos reales de los docentes universitarios cayeron un 34%. Puesto en números concretos, un docente con cargo de Jefe de Trabajos Prácticos semiexclusivo necesitó en marzo unos $209.652 adicionales por mes solo para no perder poder de compra frente al que tenía al inicio de la actual gestión nacional: casi el 41% de su sueldo actual.
Feduba no descartó profundizar la medida de fuerza en los próximos días y planteó, junto a las otras federaciones, la necesidad de organizar una nueva marcha universitaria nacional si el Gobierno no mejora la oferta. La discusión, dicen los gremios, ya no es solo salarial: es si la universidad pública puede sostener el ritmo de clases, investigación y atención hospitalaria —como la del Hospital de Clínicas, dependiente de la UBA— en el medio de este ajuste.
Glosario
- Paritaria: la mesa de negociación entre sindicatos y empleadores (en este caso, el Estado) donde se discuten los aumentos de sueldo.
- Poder adquisitivo: la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con un sueldo. Cuando los precios suben más rápido que el salario, el poder adquisitivo baja.
- Ley de Financiamiento Universitario: una ley que fija cómo y cuánto dinero recibe cada año la universidad pública, incluyendo la actualización automática por inflación.
- Veto: la facultad del presidente de rechazar una ley aprobada por el Congreso. El Congreso puede insistir con la ley si junta dos tercios de los votos en ambas cámaras.
- Recomposición salarial: el aumento que busca devolverle al sueldo el valor que perdió frente a la inflación.