Hoy, 24 de marzo de 2026, millones de ciudadanos ganaron las calles en el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 para ratificar el consenso del «Nunca Más» y denunciar el vaciamiento de políticas de derechos humanos. Se unen organismos históricos (Abuelas y Madres de Plaza de Mayo), centrales obreras, movimientos sociales y una masiva concurrencia de autoconvocados frente a un Gobierno que cuestiona la cifra de desaparecidos. Se desarrolla una concentración central en Plaza de Mayo y movilizaciones masivas en Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza para frenar el avance de discursos negacionistas desde el Poder Ejecutivo y exigir la continuidad de los juicios de lesa humanidad.
La marcha ocurre en aun escena de confrontación directa entre la calle y la Casa Rosada. Mientras la Plaza de Mayo desborda de manifestantes, el Gobierno Nacional optó por una narrativa que equipara el terrorismo de Estado con la violencia guerrillera, rompiendo el pacto democrático de 1983.
Este aniversario se produce bajo la sombra del desfinanciamiento de Sitios de la Memoria y el desmantelamiento de unidades de investigación que asisten a la justicia en la búsqueda de nietos apropiados. Se vincula también con la reciente visita de legisladores oficialistas a represores condenados en cárceles, un hecho que actuó como detonante de la masividad de hoy.
Detrás de la movilización subyace una crisis social profundo. El uso de la efeméride sirve también como canal de protesta contra el ajuste económico y el alineamiento geopolítico del país, factores que muchos sectores interpretan como una pérdida de soberanía similar a la proyectada por el plan económico de la dictadura (Martínez de Hoz).
Frente al cuestionamiento oficial, los organismos reafirmaron la cifra de los 30.000 desaparecidos como un emblema de la magnitud del genocidio administrativo. Desde 1983, Argentina es referencia mundial por juzgar a sus propios dictadores en tribunales civiles; hoy, esa política de Estado es puesta en duda por la actual administración por primera vez en 40 años. El texto leído en Plaza de Mayo denunció un «plan sistemático de miseria planificada» y exigió la apertura de los archivos de inteligencia que el Estado aún retiene.
La contundencia de la marcha de hoy anticipa un escenario de mayor conflictividad social. El Gobierno enfrenta ahora el costo político de haber subestimado la capacidad de movilización del movimiento de derechos humanos, lo que podría obligar a una renegociación de la agenda legislativa o profundizar el aislamiento del Ejecutivo en temas de sensibilidad histórica.