Quien más presiona en los pasillos de la Legislatura porteña para que María Rosa Muiños siga cuatro años más al frente de la Defensoría del Pueblo es Juan Manuel Olmos, dirigente del peronismo porteño. No solo la respalda políticamente: es su marido. Ese dato resume el tipo de acuerdo que este jueves se vota en la Ciudad, entre personas que se conocen hace años, para cargos que duran varios más.
Esta nota es una actualización: ccomusoc viene cubriendo desde mediados de agosto la negociación entre PRO, La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo porteño por estos mismos cargos. Este jueves, esa rosca llega a su instancia decisiva.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocó a una sesión especial para hoy, 3 de septiembre, desde el mediodía. En el temario figuran dos designaciones centrales: la del Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zavaleta, y la reelección de la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, junto con sus adjuntos.
Ambos cargos requieren el aval de dos tercios de la Legislatura —40 de las 60 bancas—, según establece la Constitución porteña. Es un umbral que ningún bloque puede alcanzar solo, y por eso hicieron falta semanas de negociación entre las tres fuerzas con representación en el recinto.
López Zavaleta ejerce la Fiscalía General de manera interina desde marzo, cuando su antecesor, Juan Bautista Mahiques, dejó el cargo para asumir como ministro de Justicia de la Nación. Es abogado, especializado en delitos informáticos, y viene de acumular dos décadas en la Justicia porteña: fue fiscal de primera instancia en 2013, fiscal especializado en delitos informáticos en 2014 y fiscal general adjunto en lo penal desde 2019. Muiños, por su parte, asumió la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2021 y ahora busca un segundo mandato.
El acuerdo que hoy se formaliza tiene, según reconstruyeron La Nación y Letra P, una particularidad: LLA aceptó apoyar a los dos candidatos —algo que hasta ahora no había hecho con figuras ligadas al PRO y al peronismo— a cambio de colocar a dos adjuntas propias en la Defensoría del Pueblo, María Graciela Giorgione y Giselle Furcada. Es una concesión inédita para el espacio libertario en la Ciudad, que hasta el año pasado se definía como ajeno a este tipo de repartos institucionales.
Detrás de las dos candidaturas centrales hay nombres con peso propio en la Justicia porteña. Según publicó La Nación, Daniel Angelici —dirigente radical al que el diario describe como «operador judicial del macrismo»— respalda a López Zavaleta desde hace años, mientras que Olmos, el marido de Muiños, encabeza el respaldo peronista a su continuidad. Ambos vienen trabajando en conjunto en distintos movimientos del Poder Judicial de la Ciudad, de acuerdo con la misma fuente.
Entre los tres bloques —PRO, LLA y peronismo— suman 46 de las 60 bancas, un número que alcanza y sobra para cubrir los 40 votos necesarios. Por eso, a diferencia de otras sesiones legislativas porteñas de este año, el resultado de la votación de hoy se descuenta antes de que empiece: lo que se negoció en las últimas semanas fue el reparto de los cargos adjuntos, no si los dos titulares seguían en sus puestos.
Este tipo de acuerdos de reparto institucional entre las tres fuerzas —que ya se había visto en agosto con el Banco Ciudad y la Justicia Laboral— se da en un contexto de acercamiento electoral de cara a 2027, según coincidieron las fuentes consultadas por Letra P. La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo son dos de los organismos de control con mayor incidencia sobre el Gobierno porteño, lo que explica por qué ningún bloque quiso quedar afuera del acuerdo.
Glosario
- Fiscal General: es la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el organismo que investiga y lleva adelante las causas penales porteñas.
- Defensor/a del Pueblo: funcionario u funcionaria independiente que recibe y tramita reclamos de vecinos y vecinas contra el Estado porteño, para proteger sus derechos.
- Mayoría de dos tercios: en la Legislatura porteña, se necesitan 40 votos sobre 60 bancas para aprobar ciertos cargos clave, un número que obliga a varios bloques a ponerse de acuerdo.
- Bloque legislativo: grupo de legisladores y legisladoras que pertenecen a un mismo partido o espacio político y votan de manera coordinada.