Una madre de una cooperadora escolar de Barracas, que pidió no dar su nombre, leyó la nueva norma del Ministerio de Educación porteño y sintió que responsabilizaba a los chicos por el estado de los edificios. El Gobierno de la Ciudad creó un protocolo que obliga a estudiantes, docentes y familias a organizar la limpieza, el reciclaje y hasta la reparación de mobiliario en las escuelas, y varias cooperadoras ya anuncian que van a rechazarlo.
«Responsabiliza a los estudiantes del deterioro y estado de abandono» de las escuelas, resumió esta semana una madre que integra la cooperadora de una escuela de Barracas, al enterarse de la nueva normativa educativa porteña. No quiso dar su nombre, pero su reclamo se repite en otras cooperadoras de la Ciudad.
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mercedes Miguel, publicó el 28 de agosto la Resolución 1284/2026, que crea el «Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos». La norma alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como privada, y rige desde esta semana.
El protocolo establece que estudiantes, docentes y el resto del personal escolar deben dejar aulas, patios y comedores «limpios, ordenados y en condiciones adecuadas» al final de cada jornada. Para eso, cada escuela tiene que armar un Plan Institucional de Gestión Integral de Residuos y designar un «Referente Ambiental».
También crea un Comité Ambiental, integrado por directivos, docentes, estudiantes y familias —entre ellas, las cooperadoras—, que debe auditar periódicamente el estado de los espacios comunes. La norma suma figuras como los «embajadores del cuidado», con tareas rotativas semana por semana, y las «jornadas de reparación», donde los propios estudiantes arreglan mobiliario dañado, incluido el que sufrió roturas que el protocolo considera «intencionales».
La medida se conoció apenas cinco días después de que ccomusoc contara que, mientras la Ciudad estrena inteligencia artificial en las aulas, 450 cargos docentes quedan vacíos por día en el sistema educativo porteño. Ese faltante de personal es parte del mismo escenario en el que ahora se les pide a las familias que asuman tareas de mantenimiento edilicio.
El conflicto entre el Ministerio y las cooperadoras no es nuevo. Estas organizaciones, formadas por familias que se juntan para sostener necesidades de cada escuela, vienen señalando desde hace años que cubren con fondos propios gastos que debería garantizar el Estado, desde insumos de limpieza hasta arreglos edilicios básicos.
Desde una cooperadora de Palermo confirmaron a un medio local que ya planean, junto con otras organizaciones, «acciones para rechazar esta medida». Uno de los cuestionamientos centrales apunta a la parte del protocolo que distingue entre daños accidentales e «intencionales»: «¿quién es el que va a decidir que se rompió algo intencionalmente?», plantearon.
Esa pregunta no es menor: la resolución no explica con precisión quién determina si una rotura de mobiliario o de un vidrio fue accidental o deliberada, ni qué consecuencias tiene esa calificación para el estudiante señalado.
El Gobierno porteño no difundió hasta el momento una respuesta pública a los cuestionamientos de las cooperadoras. La discusión llega en un año en el que la Ciudad también debatió cómo garantizar mantenimiento escolar: el Presupuesto 2026 aprobado por la Legislatura incluyó al Plan SIGMA, destinado al mantenimiento de edificios escolares, como parte de la inversión en infraestructura.
Resta ver si ese plan alcanza para sostener los edificios sin que la tarea recaiga, en los hechos, sobre estudiantes y familias.
Glosario
- Cooperadora escolar: organización formada por familias de una escuela para colaborar con recursos, tiempo o gestiones que complementan lo que aporta el Estado.
- Resolución ministerial: norma oficial que dicta un ministerio para reglamentar una política pública, con menor rango que una ley pero de cumplimiento obligatorio.
- Comité Ambiental: grupo formado dentro de cada escuela, con directivos, docentes, estudiantes y familias, encargado de controlar la limpieza y el manejo de residuos del edificio.
- Plan de Gestión Integral de Residuos: documento que organiza cómo una institución separa, reduce y recicla la basura que genera.