El 4 de agosto, en una asamblea en la Facultad de Ciencias Sociales, los docentes agrupados en AGD-UBA decidieron subir la apuesta: parar toda la semana que arranca este martes y evaluar después si van por una medida sin fecha de fin. Es una nueva vuelta del conflicto por el financiamiento universitario, que esta vez llega con números concretos sobre cuánto perdieron de sueldo.
El 4 de agosto, en una asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), los y las profesoras de la universidad más grande del país votaron algo más duro que un paro de un día: una semana entera sin actividad, del 18 al 22 de agosto, con la idea de discutir después si el conflicto se convierte en un paro por tiempo indeterminado. La decisión llegó después de que el Congreso de la federación Conadu Histórica, el 5 de agosto, rechazara por 64 votos contra 36 firmar el acuerdo salarial que ofrecía el Gobierno nacional.
El reclamo tiene un actor central, un lugar y una cifra. El actor es AGD-UBA, el gremio que representa a buena parte de los docentes de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. El lugar son esas mismas facultades, casi todas con sede en la Ciudad de Buenos Aires: Sociales, Derecho, Medicina, Exactas, Filosofía y Letras, entre otras. Y la cifra, según el propio gremio, es esta: en julio el Gobierno aplicó un aumento del 21,3%, pero la recomposición salarial que los docentes dicen tener pendiente asciende al 31,2%, sin contar los meses atrasados. Para octubre está previsto un 3% adicional, que el gremio considera insuficiente frente a esa brecha.
Este paro no es un hecho aislado. Se suma a la huelga nacional universitaria del 12 de agosto, que ya cubrimos en esta sección, y a los reclamos por los hospitales universitarios que las universidades vienen sumando a su pliego desde comienzos de mes. Lo que cambia ahora es la escala: mientras el paro del 12 de agosto fue de un día, esta vez la Conadu Histórica convocó a parar toda la semana, y AGD-UBA —el gremio propio de la UBA— plantea ir un paso más allá con una medida sin fecha de finalización.
El conflicto de fondo tiene casi un año: la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025, ordena actualizar salarios docentes y becas estudiantiles, pero el Gobierno nacional dictó un decreto que condicionaba su aplicación a que existieran fuentes de financiamiento específicas. Universidades y gremios llevaron ese decreto a la Justicia. El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno y dejó firme una medida cautelar que obliga a aplicar dos artículos clave de la ley. El 4 de agosto, la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo confirmó esa cautelar y devolvió el expediente al juzgado de primera instancia, a cargo del juez Martín Cormick, para que se avance con su cumplimiento efectivo. Es decir: hay un fallo judicial firme a favor de las universidades, pero el conflicto salarial sigue abierto porque, según los gremios, el Gobierno no giró los fondos en los términos que la ley exige.
Por ahora, la Universidad de Buenos Aires informó que sus facultades permanecerán abiertas durante la semana de paro: cada cátedra y cada docente decide si adhiere o no, así que el impacto real en las clases va a variar según la facultad. Es el mismo esquema que se vio en el paro del 12 de agosto, cuando la UBA garantizó puertas abiertas en medio de la medida de fuerza nacional.
Lo que se puede anticipar, porque ya está planteado formalmente por el propio gremio, es que la semana del 18 al 22 de agosto funcione como una instancia de evaluación: si el Gobierno no da respuestas sobre los fondos y los salarios, AGD-UBA ya dejó asentado en su asamblea que buscará avanzar hacia un paro sin fecha de cierre, algo que no ocurre en la UBA desde marzo de este año, cuando un anuncio similar generó fuerte incertidumbre sobre la continuidad de las clases.
Glosario
- AGD-UBA: la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, el sindicato que representa a buena parte de los profesores y profesoras de esa universidad.
- Conadu Histórica: una federación que agrupa a varios gremios docentes universitarios de distintas universidades del país.
- Ley de Financiamiento Universitario: una ley sancionada en 2025 que obliga al Estado a actualizar los salarios docentes y las becas estudiantiles de las universidades públicas.
- Medida cautelar: una decisión judicial provisoria que ordena hacer o no hacer algo mientras un juicio todavía no terminó, para evitar un daño mayor.
- Paritaria: la negociación entre sindicatos y empleadores (en este caso, el Estado) para acordar salarios y condiciones de trabajo.