En Antofagasta de la Sierra, a 4.000 metros de altura, las comunidades originarias vienen denunciando desde 2021 que la extracción de litio secó el Río Trapiche y mató a sus animales. Esta semana, en ese mismo salar, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un financiamiento de hasta 700 millones de dólares para ampliar otro proyecto de litio.
En Antofagasta de la Sierra, un departamento de Catamarca que queda a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, las familias que crían llamas y vicuñas conviven desde hace más de veinte años con la megaminería del litio. Durante ese tiempo, según denuncias de comunidades indígenas recogidas por distintos medios, la extracción de agua dulce del Río Trapiche por parte de la empresa Livent secó una vega —un humedal de altura— de la que dependían sus animales, algunos de los cuales murieron por falta de agua.
Ese antecedente es clave para entender lo que pasó esta semana. El jueves 28 de agosto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su brazo privado BID Invest, anunció un financiamiento de hasta 700 millones de dólares para la segunda etapa de Sal de Oro, el proyecto de litio que la minera surcoreana Posco desarrolla en el Salar del Hombre Muerto, el mismo salar donde ocurrió la sequía del Río Trapiche.
El paquete financiero combina un préstamo directo de BID Invest por 250 millones de dólares con hasta 450 millones adicionales que el organismo buscará movilizar entre otras entidades financieras internacionales. Con ese dinero, Posco planea poner en marcha dos plantas: una de hidróxido de litio, con capacidad para 25.000 toneladas anuales, y otra de carbonato de litio, con 23.000 toneladas anuales. En conjunto, unas 48.000 toneladas de productos de litio por año cuando el proyecto esté a pleno.
El Salar del Hombre Muerto, ubicado en el límite entre Catamarca y Salta, es uno de los yacimientos de litio más ricos de Sudamérica. Ahí conviven al menos seis proyectos: Fénix —el único en producción plena, operado por Livent—, Sal de Vida, Virgen del Valle Litio, Candelas, Candelas Oeste y Sal de Oro, de Posco.
Por eso, en marzo de 2024, la Corte de Justicia de Catamarca había hecho lugar a un pedido de comunidades indígenas y ordenó al Ministerio de Minería provincial no otorgar nuevos permisos mineros en el Salar del Hombre Muerto y en la cuenca del Río Los Patos hasta contar con un estudio de impacto ambiental acumulativo de todos los proyectos de la zona, no de cada uno por separado. La medida citaba expresamente el daño en el Río Trapiche como antecedente de lo que podía repetirse.
Esa cautelar se sostuvo dos años. En abril de 2026, por mayoría dividida, la misma Corte de Catamarca la levantó. La decisión habilitó al gobierno provincial a volver a otorgar permisos de exploración minera en la zona, pese a que las comunidades indígenas mantuvieron su reclamo. La Cámara Minera de Catamarca, que agrupa a empresas como Zijin, Galan, Arcadium, MARA, Abrasilver y la propia Posco, celebró el fallo como una señal de «previsibilidad y seguridad jurídica» para el sector.
El financiamiento del BID a Posco llega cuatro meses después de ese levantamiento judicial, y confirma que el capital internacional ya está entrando a la zona que había quedado en pausa. El proyecto de Posco, además, cuenta con la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que le garantiza estabilidad tributaria y regulatoria durante 30 años y acceso a arbitraje internacional en caso de litigios con el Estado argentino.
Según BID Invest, la ampliación de Sal de Oro generará unos 620 puestos de trabajo formales y permanentes, además de oportunidades para proveedores locales de bienes y servicios en Salta y Catamarca. «Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región», dijo James Scriven, gerente general de BID Invest, al anunciar el préstamo.
Ninguno de los comunicados oficiales del BID ni de Posco menciona a las comunidades indígenas de Antofagasta de la Sierra ni evalúa el impacto acumulativo que la Justicia catamarqueña había pedido estudiar antes de habilitar nuevos permisos. El financiamiento del organismo internacional se suma a otros casos ya cubiertos por este medio, como la megaminería en Chaco o el reclamo de Comodoro Rivadavia contra YPF por pasivos ambientales: distintas provincias donde la pregunta de fondo se repite —quién se queda con la tierra y el agua, y quién con la renta de exportar el recurso.
Glosario
- Salar: extensión de terreno cubierta de sal, típica de zonas de altura en el noroeste argentino, bajo la cual suele haber agua salada (salmuera) rica en litio.
- Cautelar: medida judicial que suspende una actividad de forma temporal, mientras la Justicia investiga o resuelve el fondo de un conflicto.
- RIGI: Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, una ley argentina que da beneficios impositivos y estabilidad regulatoria por 30 años a inversiones muy grandes.
- Vega: en la Puna, un humedal de altura formado por afloramientos de agua, del que dependen los pastizales para el ganado.
- Arbitraje internacional: mecanismo por el cual una empresa puede demandar a un Estado ante un tribunal fuera del país, en lugar de la Justicia local.
- BID Invest: el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo que financia proyectos del sector privado en América Latina.