En miles de clubes de barrio de la Argentina, generaciones enteras entrenaron, jugaron al truco o aprendieron a nadar en canchas y salones que, en los papeles, muchas veces no terminan de ser de nadie. El jueves 30 de julio, un grupo de diputados nacionales presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que esas instituciones puedan regularizar la propiedad de las tierras donde funcionan.
El jueves 30 de julio, diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de regulación dominial para sedes de clubes de barrio. La iniciativa, impulsada con un rol destacado del diputado Agustín Rossi, busca que estas entidades puedan ordenar la situación legal de los inmuebles donde tienen su sede y ganar seguridad jurídica para seguir funcionando.
«Los clubes de barrio y de pueblo cumplen un rol fundamental en nuestras comunidades», sostuvo Rossi al presentar la iniciativa. Los describió como «espacios de encuentro, contención e inclusión, donde miles de chicos y chicas crecen aprendiendo valores» y construyendo vínculos.
El problema que el proyecto busca resolver no es nuevo. Muchos clubes de barrio funcionan desde hace décadas en terrenos cuya titularidad nunca quedó del todo clara: a veces por cesiones informales, otras por trámites municipales inconclusos o por herencias de organizaciones que ya no existen. Sin un título de propiedad en regla, estas instituciones quedan más expuestas a conflictos legales, y tienen más dificultades para acceder a créditos o subsidios destinados a mejorar sus instalaciones.
Esta no es la primera vez que el Estado argentino intenta atender ese problema. En 2015 se sancionó la Ley 27.098, de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, que creó un Registro Nacional de estas entidades, estableció el derecho a la propiedad de los terrenos fiscales donde están asentadas sus sedes y las protegió de embargos sobre sus inmuebles deportivos y sociales. La norma también habilitó, durante sus primeros 180 días de vigencia, un trámite simplificado de registro para clubes con más de diez años de actividad.
Sin embargo, la implementación de esa ley quedó a mitad de camino. Según datos relevados en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, más de 3.100 clubes de barrio funcionan solo en el AMBA, y el 68,2% de ellos no está afiliado a ninguna federación deportiva, es decir que opera al margen del sistema formal. Buena parte de esas instituciones arrastra dificultades para regularizar su personería jurídica, lo que en los hechos les impide beneficiarse de las protecciones que la ley de 2015 ya preveía.
A esas trabas legales se suma un contexto económico exigente para estos clubes: más de la mitad depende principalmente de las cuotas sociales para sostenerse, con niveles de morosidad que en algunos casos rondan el 45%, y programas de apoyo estatal para refacciones edilicias, como el llamado «Clubes en Obra», que dejaron de otorgar fondos en los últimos años.
El proyecto presentado esta semana deberá pasar ahora por el debate en comisiones antes de llegar al recinto. Si avanza, según plantearon sus impulsores, apunta a destrabar justamente el cuello de botella que dejó pendiente la ley de 2015: que los clubes puedan finalmente tener el título de las tierras donde funcionan, un paso considerado clave para poder acceder después a créditos, subsidios y programas de infraestructura deportiva.
Glosario
- Regularización dominial: el trámite legal para que quede establecido, con documentos en regla, quién es el dueño de un terreno o inmueble.
- Personería jurídica: el reconocimiento legal que le permite a una asociación (como un club) actuar como entidad ante el Estado, firmar contratos o recibir subsidios.
- Tierras fiscales: terrenos que son propiedad del Estado (nacional, provincial o municipal), y no de una persona o empresa privada.
- Embargo: una medida judicial que permite retener o quitarle a alguien un bien (como un inmueble) para cobrar una deuda.