Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración de de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, por la Asamblea General de la ONU. La fecha recuerda el compromiso de todos los Estados de garantizar derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para todas las personas, sin discriminación.
Sin embargo, en la Argentina actual, esta celebración choca con un contexto de retrocesos y tensiones estructurales en derechos básicos. Según el último Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, la pobreza afecta a más de la mitad de la población (52,9%) y casi 3 de cada 10 niños viven en extrema pobreza, limitando el acceso efectivo a derechos como alimentación, educación y salud. Aunque -es opinión-estos datos se quedan cortos.
Las organizaciones de derechos humanos alertan que en Argentina se están perdiendo libertades básicas: hay obstáculos para protestar, protocolos policiales que facilitan la represión y menos mecanismos que protejan los derechos de la gente.
Amnistía Internacional pone el foco en los retrocesos en políticas de género y violencia, como la eliminación de programas para prevenir femicidios. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también advierte sobre la necesidad de mantener políticas de género y de salud sexual y reproductiva.
Hace más de 70 años, Hannah Arendt, en su análisis sobre derechos humanos (Los Orígenes del Totalitarismo, 1951), argumenta que los derechos universales proclamados en papel pierden eficacia si no existen estructuras políticas y sociales que los garanticen concretamente. En otras palabras: cuanto más universal más «humano» es un derecho, más difícil es exigirlo o hacerlo cumplir si el individuo no pertenece a un Estado que lo respalde.
La situación actual, económica, social y de libertades no coincide con las promesas de proteger los derechos de todos. Aunque algunos indicadores muestran mejoras parciales, muchas personas siguen sin poder ejercer plenamente sus derechos.
En este Día Internacional, activistas y organizaciones exigen al Estado garantías concretas en derechos económicos, sociales y políticos, recordando que celebrar no alcanza: se necesitan acciones reales y efectivas.