En Comodoro Rivadavia hay barrios que crecieron junto a pozos abandonados y suelos que nadie remedió. El lunes 10 de agosto, el municipio decidió no esperar más: demandó a YPF ante la Justicia y denunció a la empresa ante la Comisión Nacional de Valores, pese a que Chubut ya había cerrado un acuerdo que la liberaba de esa deuda ambiental.
El lunes 10 de agosto, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia presentó una demanda judicial contra YPF S.A. para exigirle que identifique, evalúe y remedie los pasivos ambientales dejados por más de un siglo de explotación petrolera en la ciudad, y que financie a su cargo un Plan Integral de Remediación bajo control judicial y con participación del municipio. En paralelo, elevó una denuncia ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo que regula el mercado de capitales.
Comodoro Rivadavia es la ciudad que le dio petróleo a la Argentina durante más de cien años. Hoy convive con pozos inactivos, ductos en desuso y piletas de contaminación dentro de su propio ejido urbano, algunos a metros de viviendas y espacios públicos.
«Comodoro le dio petróleo y energía a la Argentina durante más de cien años», sostuvo el intendente Othar Macharashvili, quien agregó que «una empresa que cotiza en los mercados nacionales e internacionales también tiene obligaciones de transparencia». Por eso el municipio decidió que la CNV también debía conocer el reclamo: entiende que el conflicto puede representar un riesgo relevante para los inversores de la petrolera.
La explotación petrolera en la región arrancó en 1907, cuando se descubrió petróleo en la zona buscando agua. Desde entonces, la cuenca del Golfo San Jorge —que abarca Comodoro y el sur de Chubut— fue uno de los principales centros productores de hidrocarburos del país. Ese siglo de actividad dejó una huella física que hoy condiciona el crecimiento urbano y la seguridad del territorio, según planteó el propio municipio.
La demanda llega apenas semanas después de que la Legislatura de Chubut ratificara, con 18 votos a favor y 9 en contra, un acuerdo entre el gobernador Ignacio Torres e YPF por la salida de la empresa de la provincia. Ese pacto establece un pago de 25 millones de dólares en dos cuotas, más la transferencia de vehículos e inmuebles, a cambio de que la petrolera quede liberada de reclamos futuros por pasivos ambientales.
El monto quedó bajo cuestionamiento desde que se conoció: distintos sectores políticos, sociales y ambientales advirtieron que 25 millones de dólares están muy por debajo del costo real de remediar entre 2.000 y 3.000 pozos inactivos, que algunas estimaciones ubican cerca de los 400 millones de dólares. La comparación con otra provincia petrolera profundizó las dudas: Santa Cruz, bajo el gobernador Claudio Vidal, había logrado un acuerdo de 335 millones de dólares por unos 1.200 pozos, más de diez veces el monto por pozo que aceptó Chubut.
Macharashvili ya había adelantado su rechazo al acuerdo provincial antes de que se aprobara: «Cada uno puso su posición, el cual yo no comparto y ya lo hemos expresado». Su argumento central para ir a juicio igual, pese a ese acuerdo, es que «los daños ambientales no prescriben»: es decir, que ningún pacto entre la provincia y la empresa puede cancelar el derecho del municipio a reclamar por contaminación ya causada.
El municipio remarcó que su reclamo se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, y que su estrategia no se basa en «afirmaciones retóricas» sino en expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales y estudios técnicos ya existentes.
La disputa no se agota en YPF. Según trascendió, desde el municipio también se enviaron intimaciones a otras empresas con concesiones mineras e hidrocarburíferas en la zona, lo que abre la puerta a que el reclamo de Comodoro se convierta en un antecedente para otros distritos petroleros del país que enfrentan el mismo dilema: qué hacer cuando una provincia da por saldada una deuda ambiental que la ciudad todavía tiene que habitar.
Glosario
- Pasivo ambiental: el daño o la contaminación que deja una actividad industrial (como la extracción de petróleo) en el suelo, el agua o el aire, y que alguien tiene que remediar.
- Comisión Nacional de Valores (CNV): el organismo del Estado argentino que controla a las empresas que cotizan en la bolsa, para garantizar que informen con transparencia a sus inversores.
- Remediación ambiental: el conjunto de tareas técnicas para limpiar y recuperar un lugar contaminado, como sellar pozos petroleros o descontaminar suelos.
- Prescripción (de un reclamo): el vencimiento del plazo legal para reclamar algo ante la Justicia. Que un daño «no prescriba» significa que se puede reclamar sin límite de tiempo.
- Cuenca del Golfo San Jorge: la región petrolera que comparten el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, una de las más productivas de Argentina desde 1907.