En 2019, Guillermo Federico Ibarrola pasó seis días detenido en la Ciudad de Buenos Aires porque un sistema de cámaras con reconocimiento facial lo confundió con otro hombre de nombre casi idéntico. Esa misma tecnología, que la Justicia porteña terminó declarando inconstitucional, es parte de lo que el Gobierno de la Ciudad va a mostrar esta semana como modelo a intendentes de todo el país.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organiza este martes y miércoles el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, bautizado Urban Cities Buenos Aires 2026. El jueves 1 de septiembre está reservado a una jornada técnica para equipos de municipios y provincias; el evento central es el miércoles 2, en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca.
La convocatoria, impulsada por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno porteño, reúne a representantes de más de 300 ciudades de las 24 jurisdicciones del país y a más de 50 intendentes. Los ejes de la agenda son la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, la transformación digital, la seguridad, la conectividad y la gestión de datos.
Entre quienes acompañan el congreso figuran organismos multilaterales como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), la Fundación Metropolitana y empresas como Microsoft, Banco Macro y Aerolíneas Argentinas. Según sus organizadores, la idea es generar lo que definen como un «mercado ordenado de innovación pública»: un espacio donde los gobiernos exponen sus necesidades y las empresas ofrecen soluciones ya aplicadas en otros territorios.
Uno de los casos que se presenta como modelo replicable es el de Junín, que expuso su esquema de «ciudad segura» con cámaras conectadas en los accesos («Tranqueras Conectadas»), un sistema de alertas («Ojos Alerta») y un Centro de Operaciones y Monitoreo propio, además de un esquema de innovación educativa con escuela de robótica.
La vidriera de tecnología de seguridad urbana llega mientras la propia Ciudad de Buenos Aires todavía discute en la Justicia el uso de una herramienta similar. En 2019 se instaló en el espacio público porteño el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), pensado para cruzar las cámaras de la vía pública con la base de personas buscadas por la Justicia. Ese mismo año, Guillermo Federico Ibarrola estuvo detenido seis días porque el sistema lo confundió con un prófugo de Bahía Blanca que tenía un nombre casi idéntico al suyo: el error surgió de un dato mal cargado en el Registro Nacional de Reincidencia.
No fue un hecho aislado. Una pericia oficial detectó que el Ministerio de Seguridad porteño había incluido en el sistema a al menos 8.045 personas que no correspondían a la base de prófugos que la Justicia había autorizado consultar (el CoNaRC, o Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas). En noviembre de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña confirmó la inconstitucionalidad del sistema: determinó que había funcionado fuera de la normativa vigente y sin los controles y la evaluación de impacto en la privacidad que la ley exige. Para poder reactivarse, el fallo obliga al Gobierno porteño a auditar el sistema y a crear esos mecanismos de control.
Ese antecedente conecta con otras notas recientes de este portal: en agosto, Amnistía Internacional denunció que el Estado argentino gastó 1,2 millones de dólares en vigilancia con inteligencia artificial en un país que todavía no tiene una ley que regule esa tecnología, y la Ciudad confirmó un contrato de casi 2 millones de dólares para que una empresa privada use IA en la atención telefónica de salud y ayuda social. Urban Cities se suma ahora como el evento que busca escalar ese tipo de herramientas de la Ciudad hacia cientos de municipios que hoy no tienen ni los recursos técnicos ni los organismos de control que el propio fallo judicial porteño exige.
La otra cara de la agenda es la brecha digital. Maximiliano Costantinis, coordinador de Urban Cities, planteó que el objetivo del congreso es «conectar experiencias, capacidades y soluciones de distintos territorios» y facilitar el acceso a herramientas de innovación a los gobiernos con menos recursos. El diagnóstico no es menor: en gran parte del interior del país, sobre todo en zonas rurales y localidades pequeñas, el problema de conectividad ni siquiera llega a la etapa de la inteligencia artificial, sino que se frena antes, en lo que se conoce como el problema de la «última milla»: la conexión final a internet es inestable, cara o directamente inexistente.
Glosario
- Reconocimiento facial: tecnología que compara el rostro de una persona captado por una cámara con una base de datos, para intentar identificarla automáticamente.
- Inconstitucional: que un tribunal determina que una ley, un sistema o una decisión del Estado viola la Constitución, por lo que no puede aplicarse tal como estaba.
- CoNaRC (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas): base de datos judicial con las personas que tienen pedido de captura o están declaradas en rebeldía.
- Ciudades inteligentes: modelo de gestión urbana que usa tecnología, datos e inteligencia artificial para intentar mejorar servicios como seguridad, tránsito o atención al vecino.
- Última milla: en conectividad, se llama así al tramo final que conecta la red de internet con el hogar o el edificio de cada usuario; suele ser el más caro y difícil de resolver en zonas alejadas.