Ana Tapia tiene 70 años y hace rato dejó de sorprenderse: cada miércoles, cuando marcha con jubilados y jubiladas frente al Congreso en Buenos Aires, un dron sobrevuela la columna a pocos metros de altura. Un informe de Amnistía Internacional presentado este 19 de agosto documentó que esa escena no es casual: el Gobierno de Javier Milei amplió en los últimos dos años sus herramientas de vigilancia digital, sin que en Argentina exista todavía una ley que ponga límites a su uso.
«Hace ya mucho que han identificado absolutamente a todo el mundo», dice Tapia, integrante del colectivo Jubilados Insurgentes, en el informe que Amnistía Internacional difundió este miércoles bajo el título «Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina».
La organización documentó que, entre 2024 y 2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación destinó al menos 1,2 millones de dólares a comprar tecnología de vigilancia: plataformas para rastrear redes sociales y la llamada «dark web», un sistema de reconocimiento facial, 69 drones con cámaras térmicas y once estaciones terrestres para operarlos.
Para llegar a esas conclusiones, Amnistía entrevistó a 21 personas —periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y jubilados— y cruzó esos testimonios con expedientes de compras públicas y pedidos de acceso a la información.
El gobierno de Milei asumió en diciembre de 2023. Desde entonces, según el informe, dictó decretos y resoluciones que ampliaron la capacidad del Estado para recolectar información sobre personas, entre ellos un protocolo aprobado en mayo de 2024 que habilita a la Policía a usar fuentes digitales abiertas para la «prevención del delito».
Uno de los datos más concretos del informe es la compra, en octubre de 2025, de una licencia de reconocimiento facial de la empresa Clearview AI por 33.500 dólares. Esa misma empresa ya fue multada por violar la privacidad de las personas en Francia, Grecia, Italia y los Países Bajos, donde sus prácticas de recolección masiva de fotos de internet sin consentimiento fueron declaradas ilegales.
Consultado por Amnistía, el Ministerio de Seguridad respondió que la Policía Federal usa el reconocimiento facial solo de forma retrospectiva, dentro de investigaciones judiciales activas, y que no opera de manera permanente en el espacio público. El organismo no precisó, sin embargo, si ese procedimiento se realiza específicamente con el sistema de Clearview AI.
El caso argentino no es aislado, pero sí tiene una particularidad: mientras el gasto en vigilancia crece, el marco legal que debería regularla no avanza. En el Congreso hay varios proyectos de ley de inteligencia artificial presentados, algunos con la idea de crear una agencia nacional específica, pero ninguno tiene fecha de tratamiento. Es la misma ausencia de reglas que ccomusoc.com.ar describió días atrás, al contar que Estados Unidos ya autoriza a sus empresas a «hackear de vuelta» a ciberdelincuentes mientras Argentina sigue sin ley de ciberseguridad propia: dos frentes distintos, el mismo vacío sobre qué puede y qué no puede hacer el Estado —o un privado— con estas herramientas.
Amnistía Internacional pide tres cosas concretas: prohibir el uso de reconocimiento biométrico remoto para vigilancia masiva, crear mecanismos independientes que supervisen la compra y el uso de estas tecnologías, y garantizar que haya responsables cuando se compruebe un abuso.
El informe deja además un dato que no es técnico sino humano: varias de las personas entrevistadas dijeron que, por miedo a ser identificadas, empezaron a evitar las marchas o a apagar el celular antes de salir a la calle. Amnistía llama a eso «efecto disuasivo»: no hace falta que la vigilancia se use contra alguien en particular para que ya esté funcionando.
Glosario
- Reconocimiento facial: tecnología que compara el rostro captado por una cámara con una base de datos de fotos para intentar identificar a una persona.
- Ciberpatrullaje: monitoreo sistemático que hacen las fuerzas de seguridad sobre redes sociales e internet en busca de información.
- Vigilancia biométrica remota: sistemas que identifican a una persona a distancia a partir de rasgos del cuerpo —el rostro, la voz, la forma de caminar— sin que esa persona lo sepa ni lo autorice.
- Dark web: parte de internet que no aparece en los buscadores comunes y a la que se accede con programas especiales; se usa tanto para fines legítimos como ilegales.
- Efecto disuasivo: cuando la sola posibilidad de ser vigilado hace que una persona deje de manifestarse, opinar o participar de una actividad por miedo, aunque en ese momento puntual nadie la esté mirando.