A 47 años de la fila que la dictadura no pudo reprimir: la visita que destapó los centros clandestinos

En septiembre de 1979, en la puerta de las oficinas de la OEA sobre Avenida de Mayo, miles de familias esperaron horas para denunciar torturas y desapariciones. Era, por primera vez en años, un lugar donde la policía no podía tocarlas. Cuarenta y siete años después, esa visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue siendo una de las bisagras que explican el final de la última dictadura argentina.

Estela de Carlotto lo contó muchas veces: en esa fila, a diferencia de lo que pasaba los jueves en Plaza de Mayo, no las reprimían. No podían. Del otro lado de la puerta había delegados de un organismo internacional dispuestos a escuchar lo que el gobierno militar negaba que existiera.

Ese organismo era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Llegó a la Argentina el 6 de septiembre de 1979 —hace 47 años— presidida por el jurista venezolano Andrés Aguilar, junto a otros cinco integrantes, entre ellos Tom Farer y Francisco Bertrand Galindo. Se instaló en la sede de la OEA en Avenida de Mayo 700, en Buenos Aires, y permaneció catorce días: recorrió también Córdoba, Tucumán, Rosario y La Plata, antes de partir el 20 de septiembre.

La comisión vino a investigar en el terreno lo que hacía tres años que denunciaban organismos de derechos humanos: torturas, secuestros y desapariciones forzadas. Desde 1976, la CIDH recibía a diario relatos desde la Argentina, en un volumen que crecía cada mes. La visita fue posible después de meses de negociación, empujada por la presión internacional y, en particular, por la política de derechos humanos que impulsaba entonces el gobierno de Estados Unidos.

La dictadura no podía impedir la visita, pero intentó neutralizarla. Un año antes, durante el Mundial 78, ya había usado el fútbol para mostrar una Argentina ordenada puertas afuera. En 1979 contrató a la agencia neoyorquina Burson-Marsteller para instalar la consigna «los argentinos somos derechos y humanos» en radio, televisión y transporte público. Mientras tanto, la DIPPBA, la Prefectura y el servicio penitenciario vigilaban minuto a minuto cada movimiento de los delegados, según documentan archivos de inteligencia hoy desclasificados.

La estrategia no alcanzó. En catorce días, la comisión recibió 5.580 denuncias: 4.153 nuevas y 1.261 sobre casos ya registrados. Visitó la ESMA, los centros clandestinos La Perla y La Rivera en Córdoba, y cárceles legales como Villa Devoto, Olmos, la Unidad 9 de La Plata y penales de Rawson, Chaco y Tucumán. La Perla es el mismo centro clandestino donde estuvo secuestrado Raúl Ceballos Cantón, el militante cuya identidad recuperó su nombre recién este año, según contó esta sección el 26 de agosto pasado.

El informe final de la CIDH, de 294 páginas y centrado en el período 1975-1979, se presentó en 1980 ante la OEA y fue elevado también a la Asamblea General de la ONU en noviembre de ese año. La dictadura prohibió su difusión y venta en el país: recién en mayo de 1980 lograron ingresar 500 ejemplares. Ese informe, y también los propios archivos de inteligencia que registraron la vigilancia sobre la comisión, se usaron después como prueba en el Juicio a las Juntas de 1985 y en gran parte de las causas por delitos de lesa humanidad que se juzgaron en la provincia de Buenos Aires en democracia, incluidas las que dos décadas más tarde se reabrieron tras el fallo de 2003 que declaró imprescriptibles esos crímenes.

Cuarenta y siete años después de aquella fila en Avenida de Mayo, el episodio sigue siendo una referencia obligada para entender cómo la denuncia sostenida, dentro y fuera del país, terminó erosionando a un poder que se sostenía sobre el silencio forzado.

Glosario

  • CIDH: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo internacional que investiga y denuncia violaciones a los derechos humanos en los países americanos.
  • OEA: la Organización de los Estados Americanos, una institución que agrupa a los países del continente para tratar temas comunes, entre ellos los derechos humanos.
  • Centro clandestino de detención: un lugar, muchas veces oculto, donde la dictadura encerraba e torturaba ilegalmente a personas secuestradas.
  • Lesa humanidad: se llama así a los crímenes graves y sistemáticos contra la población civil, como la tortura o la desaparición forzada, que no prescriben con el paso del tiempo.
  • DIPPBA: la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el organismo de espionaje interno que vigilaba a opositores y organismos de derechos humanos durante la dictadura.

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