El 30 de septiembre de 1974 una bomba mató en Palermo al general chileno Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert, exiliados de la dictadura de Pinochet. Treinta años después, ese crimen llegó a la Corte Suprema argentina y sirvió para fijar un principio que todavía se aplica: los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca.
Prats había sido comandante en jefe del Ejército chileno y, tras el golpe de 1973, se instaló en Buenos Aires. Ahí lo alcanzó una bomba colocada por agentes de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, en el marco del Plan Cóndor, la coordinación entre las dictaduras del Cono Sur para perseguir opositores más allá de sus fronteras.
Uno de los responsables del atentado, el agente chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, fue juzgado y condenado en Argentina. Su defensa pidió que la causa se declarara prescripta: habían pasado demasiados años desde el crimen. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que resolver esa pregunta.
El 24 de agosto de 2004 —hoy se cumplen 22 años—, en el fallo conocido como «Arancibia Clavel», la Corte confirmó la condena a prisión perpetua y estableció algo mucho más amplio: los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, es decir, se pueden juzgar sin importar cuánto tiempo haya pasado. El tribunal se apoyó en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que Argentina había ratificado un año antes, en 2003, y a la que el Congreso le dio jerarquía constitucional mediante la ley 25.778.
El fallo llegó en un momento clave. En agosto de 2003, el Congreso había anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas en 1986 y 1987, que durante casi dos décadas habían funcionado como una amnistía de hecho para los represores de la última dictadura (1976-1983). Esa anulación legislativa necesitaba el respaldo de la Justicia para volverse operativa en los tribunales, y «Arancibia Clavel» fue la primera gran señal de la Corte en esa dirección.
Un dato menos conocido es por qué el caso que sentó el precedente no fue el de un militar argentino, sino el de un espía chileno. La causa Prats-Cuthbert había avanzado en los tribunales por una vía distinta a los juicios contra los jefes de la dictadura argentina, que todavía estaban trabados. Eso hizo que llegara antes a la Corte y se convirtiera, casi de casualidad procesal, en el caso que definió la regla para todos los demás.
Menos de un año después, el 14 de junio de 2005, la Corte dio el paso que faltaba en el caso «Simón»: declaró directamente inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Con la imprescriptibilidad ya establecida por «Arancibia Clavel» y las leyes de impunidad derribadas por «Simón», los juzgados de todo el país pudieron reabrir causas que llevaban años frenadas.
El resultado se puede medir en números. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas; a marzo de 2026 seguían en trámite 12 juicios orales y 282 causas en etapa de instrucción. La Corte Suprema, por su parte, emitió 1.907 fallos vinculados a delitos de lesa humanidad de la dictadura desde 2004 hasta hoy.
Nada de eso hubiera sido jurídicamente posible sin la definición de agosto de 2004. El fallo no juzgó a un genocida de las Fuerzas Armadas argentinas, pero terminó siendo la llave que permitió juzgar a cientos.
Glosario
- Imprescriptible: que no tiene fecha de vencimiento para ser juzgado; un delito imprescriptible se puede perseguir judicialmente sin importar cuántos años hayan pasado.
- Crimen de lesa humanidad: delito grave (como el asesinato, la tortura o la desaparición forzada) cometido de forma sistemática desde el Estado contra una población, considerado tan grave que el derecho internacional lo trata distinto a un delito común.
- DINA: Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, encargada de perseguir y asesinar opositores dentro y fuera de Chile.
- Plan Cóndor: acuerdo secreto entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil en los años 70 para perseguir juntas a opositores políticos, incluso cruzando fronteras.
- Leyes de impunidad: nombre con el que se conoce a las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que frenaron los juicios contra los responsables de crímenes de la dictadura argentina hasta que fueron anuladas y declaradas inconstitucionales.