Hasta 1926, una maestra o una costurera argentina podía trabajar todo el mes, pero el sueldo que cobraba no era legalmente suyo: la ley se lo entregaba a su marido para que lo administrara. Ese 14 de septiembre, el Congreso sancionó la Ley 11.357, impulsada por dos senadores socialistas, y cambió esa regla para millones de mujeres. A cien años de esa sanción, esta nota reconstruye qué ganaron las argentinas ese día y qué les siguió faltando.
En la Argentina de 1926, el Código Civil trataba a la mujer casada casi como a una menor de edad. Podía trabajar, pero no decidir sobre el dinero que ganaba: ese dinero, ante la ley, quedaba bajo la administración de su marido. Ni firmar un contrato, ni presentarse sola ante un juez, ni disponer de sus propios bienes sin autorización marital.
Ese 14 de septiembre de 1926, el Congreso Nacional sancionó la Ley 11.357, conocida como la ley de derechos civiles de la mujer. La norma fue promulgada ocho días después, el 22 de septiembre. Reconoció a todas las mujeres mayores de edad el ejercicio de sus derechos y funciones civiles, y amplió su capacidad en materia de administración y disposición de bienes propios, régimen de bienes gananciales en el matrimonio y, en algunos aspectos, patria potestad.
El proyecto lo habían presentado dos años antes, el 29 de septiembre de 1924, los senadores socialistas Juan B. Justo y Mario Bravo. Para el socialismo argentino de esa época, la ciudadanía plena —civil, política y social— no podía excluir a las mujeres, a diferencia de la tradición liberal y conservadora dominante, que sí las excluía en los hechos aunque no siempre lo dijera en esos términos.
**Quiénes ganaron más, y quiénes menos.** La ley tuvo un efecto desparejo, y ese matiz importa para entender el alcance real de la conquista. Las mujeres solteras, viudas o divorciadas mayores de edad pasaron a tener plena capacidad civil, igual que cualquier hombre adulto. Las mujeres casadas, en cambio, siguieron clasificadas como «incapaces relativas» ante el Código Civil: el artículo 55, que las ubicaba en esa categoría, no fue derogado.
Lo que sí consiguieron las mujeres casadas fue algo muy concreto: pudieron ejercer una profesión, oficio, empleo, comercio o industria sin pedirle autorización a su marido ni a un juez, y administrar y disponer del dinero y los bienes que ganaran con ese trabajo. Antes de 1926, ese sueldo existía en los papeles, pero legalmente pertenecía a la administración del marido.
La Ley 11.357 no fue un punto final. Fue el primer escalón de un proceso que en Argentina avanzó por partes y demoró décadas en completarse. Recién en 1947 las mujeres consiguieron el derecho al voto, con la Ley 13.010 —un proceso que este mismo portal repasó al cumplirse 80 años de la media sanción que lo hizo posible—. La igualdad plena en la patria potestad entre madre y padre llegó en 1985, con la Ley 23.264, y el divorcio vincular recién se habilitó en 1987. La propia Ley 11.357 estuvo vigente, con reformas, hasta 2015, cuando el nuevo Código Civil y Comercial la reemplazó por un régimen de plena igualdad jurídica entre cónyuges.
Ese ritmo lento —derechos civiles primero, políticos veintiún años después, patria potestad compartida casi sesenta años después— no fue casualidad ni un simple trámite legislativo. Marca cómo, en la Argentina del siglo XX, cada ampliación de derechos de las mujeres se ganó en etapas separadas, y cada una necesitó su propia batalla en el Congreso.
Glosario
- Código Civil: el conjunto de leyes que en la Argentina de 1926 regulaba, entre otras cosas, el matrimonio, la familia, los contratos y la propiedad. El que estaba vigente entonces fue redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield en 1869.
- Incapacidad relativa: una categoría legal que limitaba a una persona para hacer ciertos actos por sí misma (firmar contratos, administrar bienes) sin autorización de otra persona, como un tutor o, en el caso de las mujeres casadas, el marido.
- Patria potestad: el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a madres y padres sobre sus hijos e hijas menores de edad.
- Bienes gananciales: los bienes que un matrimonio adquiere durante la vida en común y que, al separarse o divorciarse, se reparten entre ambos.
- Sancionar una ley: el momento en que el Congreso aprueba un proyecto de ley. Distinto de «promulgar», que es el paso siguiente, cuando el Poder Ejecutivo la pone en vigencia.
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