Mediante una publicación en la red social X, Manuel Adorni, actual Jefe de gabinete de Ministros expuso la fotografía del presidente durante la firma del proyecto. Javier Milei, firmó este 11 de diciembre el proyecto de ley de Modernización Laboral, que fue remitido al Congreso de la Nación y será debatido durante las sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Adorni, calificó la iniciativa como “la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”.
Según distintos borradores oficiales y versiones del texto al que accedieron medios, el proyecto introduce cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo.
Entre los principales puntos delproyecto figura la Eliminación de la ultraactividad automática de convenios. La ultraactividad es la norma que permite que un convenio colectivo siga vigente si no se renueva. Su eliminación pone a trabajadores bajo reglas que pueden cambiar sin acuerdo y reduce poder de negociación colectiva. Además, se incorpora un “banco de horas” que permite redistribuir horas de trabajo sin pago extra fijo, y se amplían servicios esenciales, lo que restringe el derecho a huelga.
El proyecto habilita, además de pesos, acuerdos para pagar sueldos en dólares o monedas alternativas y sueldos vinculados a productividad individual, lo que puede erosionar estabilidad salarial frente a inflación y arbitrariedad empresarial. Otro punto en el texto es que tendrán prioridad de convenios empresariales sobre los de rama o sector. Esto fragmenta la negociación colectiva y pone al trabajador individualmente frente a la empresa, debilitando la fuerza sindical en definiciones de salario, vacaciones o condiciones laborales. Aunque el proyecto mantiene indemnización por año trabajado, hay propuestas para hacerla menos gravosa (tope o modalidad de pago en cuotas) y se extiende período de prueba hasta 6–12 meses en algunos casos, reduciendo protección inicial del empleo.
Eso no es todo, además los contratos por obra o servicio y otras formas de contratación quedan excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo, facilitando formas que no garantizan derechos laborales clásicos (como indemnización, registro pleno o aportes). Aunque el Ejecutivo argumenta que la reforma busca formalizar empleo informal (más del 40% del total), sindicatos advierten que muchos de estos cambios pueden precarizar la relación laboral registrada cuando llega a formalizarse.
Estos puntos, entre otros, implican mayor flexibilidad para empleadores y menor protección estructural para trabajadores, según los análisis gremiales y jurídicos previos al debate legislativo.