Un 4 de septiembre de 1812, con el país todavía en formación, el gobierno de Buenos Aires firmó un decreto que ofrecía protección y derechos a «individuos de todas las naciones» que quisieran radicarse en el territorio. Esa promesa, retomada en 1949 como Día del Inmigrante y convertida en ley en 2003, hoy convive con un decreto de 2025 que le puso condiciones al acceso a salud y educación para las personas migrantes.
Corría 1812. La Revolución de Mayo tenía apenas dos años y el territorio que hoy es Argentina no era un país consolidado, sino una franja de provincias en guerra por su independencia, con muy poca gente para poblarla y trabajarla. En ese contexto, el Primer Triunvirato —el gobierno provisional que sucedió a la Junta revolucionaria— firmó un decreto que hoy se lee como un gesto de una audacia poco común para la época: ofrecer «su protección inmediata» a cualquier persona de cualquier nación que quisiera instalarse en el país, garantizándole el goce pleno de sus derechos, sin que se la «moleste, perturbe ni haga daño alguno», mientras respetara las leyes locales.
El decreto es de un solo día: el 4 de septiembre de 1812, en Buenos Aires. Lo firmó el Primer Triunvirato, y además de la promesa de protección creó una comisión para promover activamente la llegada de inmigrantes y colonos. El objetivo era práctico: un territorio en guerra necesitaba brazos para trabajar la tierra, ejercer oficios y sostener un Estado que todavía se estaba inventando a sí mismo. Pero el modo en que se formuló —igualdad de derechos, sin distinción de origen— fue lo que quedó como antecedente.
Hoy se cumplen 214 años de aquel decreto. La fecha no quedó solo en los libros de historia: en 1949, el gobierno de Juan Domingo Perón la retomó por decreto 21.430 para instituir el 4 de septiembre como Día del Inmigrante, «en homenaje» explícito a esa disposición de 1812. Argentina, de hecho, vivió después la promesa a gran escala: entre 1860 y 1930 llegaron al país cerca de 6 millones de inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles, y para el censo de 1914 una de cada tres personas que vivían en la Argentina había nacido en otro país.
La historia de esa promesa no fue lineal. Durante la última dictadura militar, en 1981, el país se dio una ley migratoria de signo opuesto: la Ley 22.439, conocida como «Ley Videla», con un espíritu restrictivo que condicionaba la permanencia de los extranjeros a visas y contratos laborales y que, ya en democracia, siguió vigente durante veinte años. Recién en diciembre de 2003 el Congreso la reemplazó por la Ley de Migraciones 25.871, que en su artículo 4 estableció algo pionero en Sudamérica: que migrar es un derecho humano, y que ese derecho rige más allá de la situación legal de la persona en el país, con acceso garantizado a salud, educación y trato igualitario.
Esa ley sigue vigente, pero ya no intacta. En mayo de 2025 el Gobierno de Javier Milei la modificó por decreto de necesidad y urgencia (DNU 366/2025), sin pasar por el debate parlamentario. La nueva norma habilita a las universidades públicas y al sistema de salud a cobrarles a las personas migrantes por sus servicios, les exige demostrar medios económicos para acceder a la residencia permanente, acorta de 180 a 90 días la residencia precaria y endurece los requisitos para obtener la ciudadanía. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó la medida como una restricción de «derechos reconocidos por la Constitución a todos los habitantes, sin fundamento ni diálogo democrático».
El contraste queda a la vista con solo mirar el calendario: la misma fecha que en 1812 marcó la promesa de puertas abiertas es hoy, 214 años después, el día en que esa promesa se discute de nuevo, con otro signo, en el Congreso y en la Justicia.
Glosario
- Primer Triunvirato: gobierno provisional de tres miembros que gobernó las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1811 y 1812, en los primeros años de la independencia.
- DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia): una herramienta que le permite al Poder Ejecutivo dictar normas con fuerza de ley sin pasar primero por el Congreso, reservada en teoría para situaciones excepcionales.
- Ley de Migraciones (25.871): la ley argentina que desde 2003 regula el ingreso, la permanencia y los derechos de las personas extranjeras en el país.
- Residencia precaria: un permiso temporal que se le da a una persona migrante mientras tramita su residencia definitiva en el país.
- CELS: el Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización argentina de derechos humanos que analiza y cuestiona políticas públicas desde ese enfoque.