En Nueva Pompeya, Colegiales o Parque Chas, esquivar bolsas apiladas junto a contenedores desbordados ya es parte de la rutina diaria. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó para el 5 de octubre a una audiencia pública que discutirá los pliegos del próximo Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU), en momentos en que los contratos vigentes acumulan denuncias por pagos irregulares.
En los barrios porteños con más quejas por la basura, la escena se repite: contenedores que no dan abasto, bolsas amontonadas en la vereda y un vecino que llama al 147 para reclamar, sabiendo que probablemente no será la última vez. Esa es la postal cotidiana que atraviesa el debate que ahora se abre en la Ciudad sobre cómo se recoge, separa y trata la basura.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) convocó, el 1 de septiembre, a una Audiencia Pública Temática para discutir los proyectos de pliegos que van a regir la próxima licitación del Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU), el sistema que organiza la recolección de residuos en toda la Ciudad. La audiencia se realizará el lunes 5 de octubre, a las 12, en modalidad virtual, con transmisión pública y un espacio físico habilitado en la Sede Comunal 1 (Humberto 1° 250). La inscripción para participar está abierta del 7 al 29 de septiembre a través del correo audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar.
El motivo de fondo es que los contratos actuales, prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2028, siguen vigentes sin que se haya tramitado un nuevo proceso licitatorio desde la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/2013. Es decir: la misma estructura contractual de hace más de una década sigue en pie, mientras el Ejecutivo porteño empieza a delinear cómo será el esquema que la reemplace.
El marco regulatorio del servicio es la Ley 4120, sancionada por la Legislatura porteña, que establece los principios de gestión integral de residuos en la Ciudad. Sobre esa base, el nuevo esquema que se debatirá en octubre propone dividir la Ciudad en seis zonas operativas y organizar el servicio en cuatro clústeres: recolección diferenciada y promoción ambiental, recolección de residuos, provisión y mantenimiento de contenedores, y un componente de planificación para el tratamiento y valorización de residuos. También prevé nueve centros de reciclado estatales y la obligación de que toda la flota —estatal y privada— cuente con GPS y telemetría en tiempo real para auditar los recorridos.
Este proceso no arranca en el vacío. En mayo de este año, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe sobre el primer año de gestión del actual esquema de higiene urbana bajo la administración de Jorge Macri. El hallazgo central: pagos por $56.927.571.249,41 asignados a empresas que no correspondían a las zonas donde efectivamente prestaban servicio, además de fallas en el control de calidad y en la validación técnica de lo certificado a los contratistas. Entre las firmas mencionadas en el reparto de esas zonas aparecen Ashira-Martin & Martin, Cliba Ingeniería Urbana, Solbayres y Ecohabitat.
La discusión sobre el negocio de la basura porteña no es nueva. En 2010, ya se habían denunciado vínculos entre una de las Uniones Transitorias de Empresas del sector y el líder de Camioneros, Hugo Moyano, en el marco de una licitación anterior. Esa historia de cuestionamientos explica, en parte, por qué cada renovación del servicio genera atención pública.
Los números del deterioro del servicio actual también aportan contexto. Según datos oficiales relevados entre enero de 2025 y enero de 2026, se registraron 558.748 reclamos vinculados a la higiene urbana, un 69% más que en el período anterior. Los reclamos por basura acumulada fuera de los contenedores fueron los que más crecieron: pasaron de 3.880 a 27.271 en un año, un salto del 603%. Los barrios con más quejas por cada mil habitantes fueron San Nicolás, Nueva Pompeya, Colegiales, Agronomía y Parque Chas.
Un dato que conviene tener presente de cara a la audiencia de octubre: las opiniones que se presenten allí tendrán, según la propia convocatoria oficial, «carácter consultivo» y no serán vinculantes. Es decir, el Ejecutivo porteño no está obligado a incorporar lo que se discuta en ese ámbito a la versión final de los pliegos.
Glosario
- Audiencia Pública: instancia en la que el Gobierno presenta un proyecto o decisión y cualquier persona puede opinar antes de que se apruebe. En este caso, su resultado es consultivo, no obligatorio.
- SPHU (Servicio Público de Higiene Urbana): el sistema que organiza en la Ciudad la recolección de basura, la limpieza de calles y el reciclado.
- Licitación: proceso mediante el cual el Estado elige, entre varias empresas que se presentan, a la que va a prestar un servicio público, según condiciones fijadas de antemano.
- AGCBA (Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires): organismo que controla cómo el Gobierno porteño gasta el dinero público y si cumple con lo que promete.
- Carácter no vinculante: significa que una opinión o resultado no obliga a quien toma la decisión final a seguirlo.