En 2014 una pileta clandestina reventó en un basurero petrolero de Neuquén y los vecinos formaron una asamblea para denunciarlo. Doce años después, el Tribunal Superior de la provincia debe resolver antes del 5 de noviembre si el dueño y dos exdirectivos de la empresa Comarsa van a juicio oral por acumular sin tratar más de 300.000 metros cúbicos de residuos de fracking, o si logran evitarlo con un beneficio judicial que la propia fiscalía calificó de «arbitrario».
Corría octubre de 2014 cuando una pileta clandestina del basurero petrolero Indarsa, en el Parque Industrial de Neuquén, reventó y derramó cien metros cúbicos de un líquido espeso y negro. Ese derrame hizo nacer la asamblea «Fuera Basureros Petroleros», que agrupó a familias vecinas y organizaciones ambientales para denunciar lo que pasaba puertas adentro de esas plantas.
Una de esas plantas era Comarsa, que ocupaba 17 hectáreas en el mismo parque industrial. En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas hizo la denuncia penal que hoy, seis años después, tiene en vilo a la Justicia de Neuquén.
El caso es simple de resumir y grave en sus consecuencias: según la fiscalía, Comarsa «pasó de ser una tratadora a ser una acumuladora de residuos sin capacidad de darle tratamiento real». En criollo, la empresa recibía los desechos del fracking de Vaca Muerta —lodos, cortes de perforación, agua de retorno— para procesarlos, pero los fue amontonando sin hacerlo.
El dueño de la firma, Juan Manuel Luis, y dos exdirectivos, Héctor Basilotta y Federico Ponce, están acusados de contaminación con riesgo para la salud. En marzo de 2026, el juez de garantías Lucas Yancarelli les otorgó la probation: evitarían el juicio oral a cambio de sanear los residuos en un año, remediar el subsuelo contaminado en tres y hacer donaciones a instituciones públicas.
Fiscalía y querellantes apelaron. En abril, el Tribunal de Impugnación —con los jueces Florencia Martini, Richard Trinchieri y Nazareno Eulogio— revocó esa probation por unanimidad y ordenó avanzar hacia el juicio oral. El fallo incorporó, según su propio texto, «una mirada con perspectiva ambiental» y citó el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que garantiza el acceso a la información y la justicia ambiental en América Latina. El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid fue más allá: calificó la resolución anterior de «arbitraria, inmotivada e infundada» y dijo que lo investigado es apenas «la punta del iceberg» del pasivo ambiental del predio.
La causa Comarsa no es un hecho aislado: en agosto, ccomusoc contó cómo Comodoro Rivadavia le inició una demanda a YPF por los pasivos ambientales de un siglo de explotación petrolera en Chubut, pese a que la provincia ya había cerrado un acuerdo con la empresa. Son dos provincias petroleras distintas —Chubut y Neuquén— con el mismo patrón de fondo: comunidades y fiscalías que corren de atrás la limpieza de un daño ambiental que la actividad hidrocarburífera dejó atrás sin resolver.
Los números del caso Comarsa muestran la magnitud del problema. De los más de 300.000 metros cúbicos de residuos acumulados, unos 210.000 se empezaron a trasladar desde diciembre de 2024 hacia una planta en Añelo, pero hasta agosto de 2026 solo se había completado la mitad del traslado, que debería terminar en diciembre. Además, en un allanamiento de febrero se detectaron residuos contaminados a un metro y medio de profundidad, con componentes como bario, arsénico y plomo. El propio fiscal reconoció que no se sabe cuánto material sigue enterrado.
En el expediente también aparecieron cuadernos secuestrados con maniobras que, según una pericia caligráfica, buscaban simular que la empresa cumplía con las normas mientras seguía acumulando residuos.
El obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, se sumó al debate público con un comunicado titulado «Por una justicia que mire a la comunidad, por un mensaje claro sobre el cuidado de nuestra casa común», en el que se pronunció en contra de que el caso se resuelva con un beneficio y no con un juicio abierto.
Ahora la decisión final quedó en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, integrada por los jueces Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari, que tienen plazo hasta el 5 de noviembre para resolver. Si confirman la revocación de la probation, Comarsa se convertiría en el primer caso de contaminación por fracking en Vaca Muerta en llegar a un juicio oral. Si en cambio habilitan una nueva salida alternativa, fiscales y querellantes advierten que se sentaría un precedente de impunidad para el resto de las empresas que operan como basureros petroleros en la provincia.
Glosario
- Fracking: técnica para extraer petróleo o gas que consiste en fracturar rocas subterráneas inyectando agua, arena y químicos a alta presión. Genera grandes volúmenes de residuos líquidos y sólidos.
- Probation: en el derecho penal argentino, es la suspensión del juicio a prueba. Permite a una persona acusada evitar el juicio oral si cumple ciertas condiciones, como reparar el daño causado.
- Pasivo ambiental: daño al ambiente que quedó sin reparar después de que una actividad productiva (como la explotación petrolera) terminó o siguió funcionando sin controlarlo.
- Acuerdo de Escazú: tratado internacional de América Latina y el Caribe que garantiza el derecho de las personas a acceder a información ambiental y a la justicia cuando ese ambiente es dañado.
- Basurero petrolero: nombre con el que se conoce a las plantas que reciben y deberían tratar los residuos generados por la extracción de petróleo y gas.