«No fue una oferta, fue una provocación», dijo la secretaria general de CONADU tras la última reunión paritaria. Los gremios docentes de las universidades nacionales, con fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires a través de la UBA, rechazaron el aumento del Gobierno y confirmaron un paro nacional para este miércoles 3 de septiembre.
El martes, en la mesa de negociación salarial que convocó el Ministerio de Capital Humano, la respuesta de los gremios fue unánime: no. Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, lo resumió así: «No fue una oferta, fue una provocación».
Del otro lado de la mesa, el Gobierno había puesto sobre la mesa un aumento del 3% para septiembre, que se suma a otro 3% ya comprometido para octubre. En total, un 6% distribuido en dos meses para los docentes de las 57 universidades nacionales del país, entre ellas la UBA, con la mayoría de sus facultades en la Ciudad de Buenos Aires.
Los gremios —CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, ADUBA, FAGDUT, UDA y APUBA— consideraron que la oferta no alcanza ni para empezar a achicar la diferencia. Según los propios sindicatos, el salario docente universitario acumula un atraso de alrededor del 31,2% hasta julio, al que hay que sumarle la inflación de agosto. Emiliano Cagnacci, de ADUBA, planteó que el 3% ofrecido cubre apenas una décima parte de lo que hace falta recomponer. Por eso confirmaron un paro nacional de 24 horas para este miércoles 3 de septiembre.
Esta nota es una actualización de un conflicto que ccomusoc viene siguiendo desde julio. El 7 de agosto, las universidades ya habían anunciado otro paro nacional sumando el reclamo por la crisis de los hospitales universitarios. El 17 de agosto, un gremio de la UBA votó ir hacia un paro por tiempo indeterminado. Y el 22 y el 25 de agosto, el conflicto salarial se trasladó a la Justicia, con choques entre el Gobierno y las universidades por los sueldos y por el Hospital de Clínicas, que depende de la UBA y funciona en pleno barrio porteño de Balvanera. Lo nuevo esta vez es que la negociación directa, cara a cara, también fracasó.
Detrás del rechazo hay un dato judicial concreto que los gremios usan como respaldo. El juez federal Martín Cormick le dio esta semana al Poder Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente en qué medida cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, la norma que el Congreso aprobó en 2025, que el presidente Javier Milei vetó, y que el propio Congreso terminó ratificando por encima del veto. Los gremios sostienen que, mientras esa ley no se cumpla, cualquier oferta salarial queda corta.
El Ministerio de Capital Humano ya convocó a las partes a una nueva reunión paritaria para el jueves 17 de septiembre, aunque los gremios todavía no confirmaron si van a asistir. Mientras tanto, el paro del miércoles se define, según adelantó FEDUN, como «el primer paso» de un plan de acción que podría profundizarse en las próximas semanas si no hay una respuesta distinta del Gobierno. El jueves 3 de septiembre, además, el Consejo Interuniversitario Nacional se reúne en Bariloche para definir los próximos pasos del conflicto a nivel país.
Para las facultades porteñas de la UBA —Derecho, Exactas, Medicina, Ciencias Sociales, entre otras, todas con sede en la Ciudad de Buenos Aires— el miércoles va a ser, otra vez, un día sin clases regulares en gran parte de sus aulas.
Glosario
- Paritaria: negociación entre los gremios que representan a los trabajadores y el empleador (en este caso, el Estado) para acordar sueldos y condiciones de trabajo.
- Gremio: organización que agrupa y representa a trabajadores de un mismo sector, en este caso a los docentes universitarios.
- Ley de Financiamiento Universitario: norma que fija cuánto dinero del presupuesto nacional debe destinarse a las universidades públicas, incluyendo salarios docentes.
- Veto: facultad del Presidente para rechazar una ley aprobada por el Congreso; el Congreso puede insistir y ratificarla igual con los votos necesarios.
- Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): organismo que reúne a las autoridades de todas las universidades públicas del país para coordinar posiciones y decisiones conjuntas.