Hasta ahora, si un alumno rompía un banco o pintaba una pared en una escuela porteña, el Ministerio de Educación de la Ciudad se hacía cargo del arreglo. Desde este mes, esa cuenta la tiene que pagar la propia escuela, con la plata de la cooperadora.
En los patios, baños y aulas de las escuelas porteñas, un vidrio roto o una pared con grafiti dejó de ser, automáticamente, un problema que resuelve el Estado. Ahora lo tiene que resolver la propia comunidad educativa, con sus propios recursos.
Así lo estableció el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que dio a conocer a fines de agosto un nuevo «Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos». La medida se conoció el 28 de agosto de 2026 y alcanza a todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.
El cambio es puntual pero tiene efectos concretos: cuando el daño es intencional —un grafiti, un banco roto, una puerta dañada— y no representa un riesgo inmediato para alumnos o docentes, ya no interviene el Gobierno porteño. La dirección de cada escuela y su cooperadora son las que tienen que decidir cómo afrontar la reparación, con fondos propios o del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE), que hasta ahora se usaba para gastos operativos y no para arreglos de este tipo. Cuando el deterioro sí pone en riesgo la seguridad de las personas, el Ministerio sigue interviniendo de forma inmediata, como lo hacía antes.
Esta no es la primera vez que el Gobierno porteño busca trasladar a las familias el costo de daños en las escuelas. En octubre de 2022, tras una ola de tomas de colegios secundarios en reclamo de mejoras edilicias y de la calidad de la comida, la Ciudad denunció penalmente a 366 padres y madres y les reclamó por vía civil más de 50 millones de pesos, calculados en base a los salarios docentes y no docentes de los días en que los colegios estuvieron cerrados. Aquella vez el reclamo apuntó a las familias de los estudiantes que protagonizaron las tomas; ahora, el nuevo esquema apunta de manera permanente a las cooperadoras, que son las mismas organizaciones de padres y madres que sostienen buena parte del funcionamiento cotidiano de las escuelas públicas porteñas.
El nuevo marco no se limita a la cuestión económica. También propone que estudiantes y docentes dejen aulas, patios y espacios comunes ordenados al final de cada jornada, a través de mecanismos como «Embajadores del cuidado» —una responsabilidad rotativa por sectores— y una «Estación Ambiental» para la separación de residuos. En algunos casos, la reparación de los daños puede resolverse con la participación activa de los propios alumnos, en talleres pensados como estrategia pedagógica y no solo como sanción.
El Ministerio de Educación porteño respaldó el enfoque en un estudio de la Universidad de San Andrés, realizado sobre una muestra de 3.000 estudiantes, que encontró que en las escuelas donde predomina el respeto mutuo entre alumnos y docentes aumentan las conductas de cuidado del espacio y disminuyen los daños intencionales.
Lo que todavía no está claro es cuánto dinero representaba, hasta ahora, para el Estado porteño hacerse cargo de estas reparaciones, ni cuánto podrán afrontar las cooperadoras escolares, que ya sostienen gran parte de las necesidades cotidianas de las escuelas —desde fotocopias hasta materiales de limpieza— con lo que juntan entre las familias. Ese dato es clave para dimensionar el impacto real de la medida, y todavía no fue precisado de manera oficial.
Glosario
- Cooperadora escolar: asociación de madres, padres y tutores de una escuela que junta fondos propios para cubrir gastos que el Estado no cubre, como materiales o pequeños arreglos.
- FUDE (Fondo Único Descentralizado de Educación): fondo de dinero que el Gobierno porteño gira a cada escuela para que cubra gastos operativos del día a día.
- Toma de colegio: medida de protesta en la que estudiantes ocupan el edificio escolar e impiden el dictado de clases hasta que se atiendan sus reclamos.