El viernes 29 de agosto, los tribunales de todo el país amanecieron parados: los empleados judiciales cumplieron un paro nacional de 24 horas, dos días después de que la Legislatura porteña le diera el visto bueno final al traspaso de la Justicia Laboral de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. El sindicato reclama salarios y advierte que el cambio puede costar hasta 1.700 puestos de trabajo.
El viernes pasado, los tribunales de todo el país amanecieron con la actividad frenada. No fue un paro cualquiera: la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, había convocado la medida de fuerza para reclamar una recomposición salarial y, al mismo tiempo, para rechazar algo que ya dejó de ser una amenaza lejana: el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
Todo se aceleró en las últimas dos semanas. El jueves 27 de agosto, la Legislatura porteña aprobó por 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones el convenio que transfiere a la Ciudad la competencia sobre los juicios laborales individuales: despidos, indemnizaciones, diferencias salariales y accidentes de trabajo. El peronismo se abstuvo; solo dos legisladores votaron en contra.
El acuerdo lo habían firmado en febrero el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y la Jefatura de Gabinete de la Nación, dentro del paquete de la reforma laboral (ley 27.802). Pero quedó frenado por una medida cautelar de marzo, lograda por la UEJN, que un juez recién dejó sin efecto el 26 de agosto. Recién ahí quedó liberado el camino para que la Legislatura porteña votara.
No fue casualidad que las dos cosas coincidieran en la misma semana. Según reconstruyó Infobae, el traspaso de la Justicia Laboral y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad —que dispuso que el banco destine al menos el 25% de sus ganancias a créditos hipotecarios, un tema que esta sección ya cubrió— fueron los dos proyectos de un mismo acuerdo legislativo entre el PRO de Jorge Macri y La Libertad Avanza, tratados ambos entre el 26 y el 27 de agosto.
Para los trabajadores, el cambio no es un trámite administrativo. Habrá diez juzgados nuevos y una cámara de apelaciones porteños que reemplazarán a un fuero nacional mucho más grande. Según los cálculos que difundió el sindicato judicial, hoy son 80 juzgados laborales y 10 salas de apelaciones a nivel nacional; el nuevo fuero de la Ciudad tendría que absorber cerca de 60.000 causas nuevas por año con una estructura muchísimo más chica. La UEJN estima que hasta 1.700 empleos judiciales corren riesgo de desaparecer en esa reducción.
Además de los puestos de trabajo, lo que está en discusión es qué pasa con los juicios en sí. Los abogados laboralistas y el propio sindicato vienen advirtiendo que un fuero más chico, con reglas procesales propias (la Ciudad ya sancionó su propio Código Procesal Laboral, la ley 6.790), puede demorar más los reclamos por salarios adeudados o indemnizaciones, justo lo contrario de lo que promete el Gobierno porteño. También señalan que los fallos quedarán bajo la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, al que describen con una orientación más restrictiva en materia laboral que la Justicia Nacional.
El Gobierno porteño defiende el cambio con el argumento opuesto. El ministro Tapia sostuvo que la reforma va a traer «sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas». Según estimaciones judiciales citadas al aprobarse la ley, hoy un juicio laboral tarda entre 3 y 5 años en resolverse, y la meta oficial es bajar ese plazo a un año o menos.
En el medio quedan los trabajadores judiciales, que además de rechazar el traspaso reclaman que se reconozca una pérdida salarial del 4,8% frente a la inflación de la primera mitad del año, pese a que lograron que se oficializara un aumento de julio del 1,9%. La UEJN ya anunció que va a profundizar su plan de lucha.
Lo que viene ahora es una segunda etapa administrativa: para que el traspaso empiece a funcionar de verdad, todavía falta que la Nación y la Ciudad firmen un segundo acuerdo para transferir el presupuesto correspondiente, y después corren 180 días para nombrar jueces y preparar la infraestructura del nuevo fuero porteño.
Glosario
- Fuero laboral: la parte de la Justicia que se ocupa específicamente de los conflictos entre trabajadores y empleadores, como despidos o accidentes de trabajo.
- Medida cautelar: una orden judicial que frena provisoriamente una decisión mientras un juez estudia si es legal o no.
- In dubio pro operario: un principio del derecho laboral que dice que, si hay dudas sobre cómo interpretar una norma, hay que elegir la interpretación más favorable para el trabajador.
- Tribunal Superior de Justicia (TSJ): el máximo tribunal judicial de la Ciudad de Buenos Aires, la última instancia porteña antes de llegar a la Corte Suprema nacional.
- Recurso extraordinario: un pedido especial para que un tribunal superior revise un fallo cuando se considera que se violó la Constitución.