El 11 de agosto, 18 candidatos y candidatas desfilaron por el salón San Martín de la Legislatura porteña para exponer sus antecedentes ante los legisladores. Tres días después, PRO, La Libertad Avanza y el peronismo cerraron el acuerdo político que definirá quién queda al frente del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dos organismos clave para controlar al propio Gobierno porteño.
Esta nota es una actualización: el 14 de agosto, ccomusoc contó que en la Legislatura porteña se negociaban esta semana dos cargos clave para controlar el poder en la Ciudad. Ese acuerdo ya se cerró, con nombres, fecha de sesión y al menos un punto todavía abierto.
El acuerdo entre los tres bloques —PRO, La Libertad Avanza y el peronismo (Frente de Todos)— habilita que la Legislatura sesione el 3 de septiembre a las 12 para votar dos designaciones. Una es la de Martín López Zavaleta como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal porteño, cargo que ejerce de manera interina desde marzo y en el que acumula 27 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad. La otra es la renovación de María Rosa Muiños al frente de la Defensoría del Pueblo.
La vacante en la Fiscalía General se abrió porque su titular, Juan Bautista Mahiques, dejó el cargo que ocupaba desde octubre de 2019 para asumir como ministro de Justicia de la Nación, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona en marzo. El Gobierno porteño formalizó la aceptación de su renuncia por decreto, con efecto desde el 17 de abril.
Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensoría del Pueblo son organismos de control: investigan y persiguen delitos en el primer caso, y en el segundo vigilan que el propio Gobierno de la Ciudad, las empresas de servicios públicos y las fuerzas de seguridad que actúan en CABA no vulneren derechos de los vecinos. Por eso ambas designaciones requieren mayoría de dos tercios de los votos en la Legislatura: ningún bloque puede imponerlas en soledad, lo que explica por qué PRO, LLA y peronismo necesitaron semanas de negociación para llegar a un mismo texto.
Lo que todavía no cerró es la definición de los cinco defensores adjuntos, que se reparten según pertenencia partidaria. El PRO ofrece a Natacha Yael Steinberg y Delfina Vila Moret; La Libertad Avanza, a María Graciela Giorgione y Giselle Furcada; el peronismo, a Juan Pablo O’Dezaille, Mara Brawer, Juan Manuel Valdés y María Magdalena Tiesso; y el radicalismo, a Carlos Palmiotti. Esa parte del paquete sigue en negociación entre los bloques.
La audiencia pública previa, el 11 de agosto en el salón San Martín, fue presidida por el peronista Matías Lammens y el libertario Nicolás Pakgojz, y terminó con dictamen favorable unánime en comisiones. Allí, López Zavaleta definió su criterio de gestión frente a víctimas vulnerables: «La equidad implica reconocer que las desigualdades de origen exigen respuestas diferenciadas». Muiños, por su parte, planteó que «la cercanía de los funcionarios» es clave «para constituir legitimidad» en su rol de control del Estado porteño.
El dato que agrega esta actualización es la magnitud del consenso necesario: no alcanza con que un oficialismo tenga los votos, como ocurre con leyes ordinarias. Acá PRO, que gobierna la Ciudad, necesitó sí o sí a LLA y al peronismo para destrabar ambos cargos, un mecanismo pensado justamente para que quienes controlan al Gobierno no dependan solo de la voluntad del Gobierno.
Glosario
- Fiscal General: máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el organismo que investiga y lleva adelante las causas penales en CABA.
- Defensoría del Pueblo: organismo independiente que no recibe órdenes de ningún funcionario y que investiga reclamos de vecinos contra el Gobierno de la Ciudad, empresas de servicios públicos y fuerzas de seguridad.
- Ministerio Público Fiscal: la estructura de fiscalías de la Ciudad, encargada de investigar delitos y ejercer la acusación en los juicios.
- Mayoría de dos tercios: en la Legislatura porteña, se necesitan dos de cada tres votos para aprobar ciertos cargos institucionales, un piso más alto que el de una ley común, pensado para forzar el acuerdo entre varios bloques.